El pasado 16 de Octubre se difundió
la noticia de que dos mandos de la Guardia Civil, concretamente un teniente y
un sargento, habían sido agredidos en Alsasua (Navarra) por un colectivo de
unas 50 personas. La lesión más grave la sufrió el teniente, que según el informe médico difundido, tuvo que ser operado
de la ruptura de un tobillo. Desde entonces, las investigaciones policiales no han contribuido a aclarar lo ocurrido, sino que el asunto se ha complicado, por dos
razones. Primera, por dichos hechos ayer la juez titular del Juzgado de Instrucción
número 3 de la Audiencia Nacional,
Carmen Lamela, ha ordenado la detención e
ingreso en prisión de seis personas. Les
imputa un delito de lesiones terroristas, consistente en provocar un estado de
terror en la población o en una parte de ella. Siendo importante resaltar que
el asunto ha llegado a la Audiencia Nacional debido a una denuncia por posible
terrorismo presentada por el Colectivo
de Víctimas del Terrorismo (Convite), lo cual provoco que dicho órgano judicial
abriera diligencias y ordenara investigar los hechos. Segunda, debido a la cobertura
mediática propagandística que se la ha dado a lo ocurrido, saliendo en televisión
haciendo declaraciones novias, madres, etc., de los agentes supuestamente
agredidos, y digo supuestamente porque yo no estaba allí, y los hechos no han
sido aclarados lo suficiente.
Ante hechos de este tipo lo
primero que siempre hay que decir son dos cosas. Primera, todo tipo de
violencia debe ser rechazada y condenada, y sobre todo aquella que se ejerce
gratuitamente sin buscar ningún tipo de objetivo social o político. Segunda, el
trabajo de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un
pilar fundamental de toda democracia. La función de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, insisto en ello, es
fundamental en toda democracia, y por ello, que el Estado no haya esclarecido
como sería de esperar lo ocurrido en Alsasua, contribuye a desacreditar la
democracia, a desacreditar el funcionamiento de sus instituciones, contribuye a
desacreditar, lo se ha puesto de moda denominar, el Régimen del 78. Yo no sé cómo
funciona la Guardia Civil, pero cuando dos agentes de algún tipo de policía llegan
a un nuevo destino conflictivo, lo primero y lógico, es que les informen de que
zonas son peligrosas, y en que sitios deben o no entrar sin estar de servicio,
y sobre todo yendo acompañados por sus parejas, por personas que nada tienen
que ver con la Guardia Civil. Pues, como es evidente, entrar en determinados
sitios, sin ser conocido, sin identificarse, puede dar lugar a que se genere la
sospecha de que están realizando funciones de información, en una palabra,
espiando. No quiero con ello, insisto, justificar la acción violenta, que de haberse
producido debe ser condenada, sino
insistir en la importancia de aclarar el asunto, de saber por qué los dos mandos de la Guardia Civil
acudieron con sus novias precisamente a esa zona y a ese concreto bar, el Koska.
En cuanto a la campaña de propaganda mediática que se ha realizado solo se
puede decir que ha sido vergonzosa, más
propia de una tiranía o de un Estado
fallido que de una democracia. La madre
de uno de los agredidos llego a declarar ante los medios que esto había ocurrido
porque los agresores eran jóvenes. ¿Qué quería dar a entender? ¿Tal vez que está
a favor de eliminar a los jóvenes de la zona? Declaraciones públicas que evidencian
que los familiares de los guardias
civiles agredidos no perciben un ambiente de terror como se quiere dar a
entender, como quiere dar a entender la
juez de la AN que investiga los hechos, sino todo lo contrario, quieren emprender acciones represivas contra
los jóvenes de la zona.
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