En los últimos años lo que se
conoce como la Burguesía española ha sabido canalizar la responsabilidad de
importantes problemas de la sociedad española hacia dos concretos colectivos
sociales: Funcionarios y Pensionistas. En el caso de los Pensionistas hacia uno
de los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad española, pues como
todos sabemos, los ciudadanos que han adquirido el derecho a una pensión, salvo
contadas excepciones, tienen por ley muy limitada la capacidad de poder
incrementar sus ingresos realizando alguna actividad laboral, además, su voz al
estar fuera de áreas de responsabilidad, de poder, también tiene menos fuerza.
Y lo ha hecho con éxito,
logrando para ello tanto el apoyo de la izquierda como de la derecha españolas.
El ex presidente Rodríguez Zapatero, del PSOE, durante sus años de gobierno, congelo las pensiones,
aunque tenía dinero para derrochar en otras cosas, como por ejemplo, en Ayuda
al Desarrollo dirigida a países que una gran mayoría de los españoles no
sabemos ni siquiera donde están, y también golpeo a los funcionarios suprimiendo
el Régimen de Clases Pasivas del Estado para todos los funcionarios que ingresen
en la profesión a partir de Enero del 2011.
Clases Pasivas, un pequeño derecho, un pequeño privilegio, que tenían los funcionarios haciendo atractiva
esta profesión para gente, que de forma clara, teniendo otras alternativas
profesionales, optaba por entrar a formar parte, en alguno de sus niveles, de la Administración Publica. Eliminación de
derecho, que de forma clara, está provocando que en los niveles bajos y peor
pagados de la Administración entre gente con unos niveles muy bajos de preparación.
El PP ha hecho más de lo mismo. El Gobierno del presidente Mariano Rajoy,
cuando necesito dinero, en el 2012, decidió retenerle la paga extra de Navidad a los funcionarios. Todo
ello, sin considerar lo más mínimo el
perjuicio, el daño, que causaba a muchas familias de trabajadores del Estado
que vivían y viven al día, y que contaban con dichos ingresos, algunas incluso
los necesitaban, para hacer frente a gastos adquiridos con antelación. Luego,
el Gobierno de Rajoy reformo la ley de pensiones para que estas dejaran de
actualizarse de acuerdo al IPC (Índice de Precios al Consumo) para que pasaran
a actualizarse de acuerdo a un complejo índice matemático, el IR (Índice de Revalorización)
cuya aplicación solo tenía un fin, reducir la revalorización de las pensiones, algo que está suponiendo y supondrá pérdida de poder adquisitivo para
los pensionistas. Cambio de sistema de revalorización de las pensiones, que sin
ser experto en leyes, dudo mucho que sea justo, pues muchos pensionistas
provienen de acuerdos de jubilación anticipada en los que se consideraba que las
pensiones se revalorizarían, año tras año, de acuerdo al IPC, y ahora, con alevosía
y nocturnidad, se ha cambiado la regla de juego. Pero parece ser que este tema
no le interesa al populista Poder Judicial español, muy interesado, en cambio,
en atacar a la banca.
En el 2016 la inflación de la economía
española ha sido de en torno al 1,5%, a pesar de ello los pensionistas
españoles verán revalorizada su pensión en un ridículo 0,25%. Se mire como se
mire, se lean como se lean los números, solo hay una interpretación, los
pensionistas van a sufrir una importante pérdida de poder adquisitivo. Perdida
que se sumara a otras que ya han sufrido en años anteriores. Es evidente que el
PP, bajo la influencia de la Burguesía española, tiene tendencia a apretar a
los sectores más débiles y desfavorecidos de la sociedad española, como por
ejemplo, los Pensionistas, los cuales tienen muy pocas opciones para
incrementar sus ingresos. En línea con lo anterior, la ministra de Sanidad,
Servicios Sociales, e Igualdad, ha lanzado recientemente el globo sonda de que
tal vez sea necesario subir el copago farmacéutico
de acuerdo con la pensión, diciendo que “quien más tiene debería pagar más”,
luego ha rectificado diciendo que la han entendido mal, y que el asunto lo está
estudiando una comisión de expertos. “Quien más tiene debe pagar más”, comparto
dicha afirmación. Y tal vez sea justo que los ciudadanos con pensiones más
elevadas paguen más por sus medicamentos, pero si es justo para el copago farmacéutico
lo es también para el resto de servicios
públicos, quiero con lo anterior decir, que entonces, el derecho a servicios públicos
como la matricula en universidades, colegios concertados, tasas judiciales,
impuestos municipales, etc., etc., etc., se deben de pagar en función de los
ingresos de cada ciudadano. El Gobierno de España debería de recordar que no
hay justicia sin equidad, y considerar que nunca la solución a un problema importante del
Estado vino de la opresión a los sectores sociales más desfavorecidos y por
tanto vulnerables del mismo, todo lo contrario, ello ha hecho muchas veces que
el problema a resolver empeorara.
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