España es una economía de
mercado, teóricamente como mínimo desde 1978, cuando entro en vigor la nueva Constitución.
Por tanto, la economía española debería estar segmentada en tres sectores: El
sector público, el sector primado, y el tercer sector o no lucrativo. De ellos,
el sector privado debería funcionar de acuerdo únicamente a las leyes del mercado, como son
la ley de la oferta y la demanda, la libre competencia, la innovación a través de
la destrucción creativa, etc. Existiendo una mínima intervención del Estado
destinada a garantizar dicho funcionamiento y proteger los derechos de los
ciudadanos, de los clientes y usurarios de los productos y servicios de todas
aquellas empresas que realizan algún tipo de actividad económica. Pero, la economía
española no funciona totalmente así.
El conflicto que tuvo lugar en el sector de la estiba no hace mucho, o el
que hoy hay en el sector del transporte
de pasajeros, en concreto entre los taxistas y los denominados VTC, s (Vehículos
de Turismo con Conductor) nos da a conocer que algunos sectores de la economía
española no funcionan de acuerdo a las leyes del mercado, no se garantiza la
libre competencia, y el Estado concede a aquellos que realizan dicha actividad
privilegios que no se permiten en otros sectores económicos.
En España, para poder
dedicarse al transporte de pasajeros con turismo, tanto en la categoría de Taxi como de
VTC, es necesario disponer de un licencia Administrativa, que concede el
Estado. El Estado limita el número de licencias que puede haber, y a la vez
permite que aquellos que hayan logrado una licencia la puedan transferir,
revender, por un valor muy superior al de su compra. La Comisión Europea (CE)
ha realizado un estudio
muy crítico sobre el sector del transporte de pasajeros en
España. La CE considera la regulación obsoleta. Entre otras cosas afirma
que impide la libre competencia, dificulta la innovación y tiene un impacto
negativo sobre los precios y la calidad del servicio.
España, junto a Bélgica (Únicamente
en la ciudad de Bruselas), Grecia, Chipre e Italia, es uno de los pocos países que
permite transferir las licencias tanto de Taxi como de VTC, permitiendo así la especulación
y el blanqueo de capitales, algo que lógicamente
repercute de forma negativa en el coste del servicio. Hoy, dependiendo de la
zona, una licencia de VTC ronda los 50.000 euros, y una de Taxi, se vende por
el triple.
En una economía de mercado, en
la que debe imperar la libre competencia; en plena era digital, en la que expertos y políticos
dicen ser partidarios de favorecer la innovación; en una época en la que numerosos
indicadores, dan a entender que es necesario reducir el coste de la vida para
mejorar así la competitividad exterior, no tienen sentido ni es aceptable, que
existan sectores profesionales que disfrutan de privilegios que se les niegan a
otros sectores. Sin el deseo de crearme enemigos, los centros de enseñanza
concertada, el sector del taxi, y también el nuevo sector de las VTC, el sector
de las farmacias, etc, son algunos de esos sectores, que disfrutan de
privilegios moviéndose entre lo privado y lo público, anulando la libre
competencia, permitiendo el Estado que unos ciudadanos realicen una actividad económica
en situación de ventaja, disfrutando de unos derechos que se convierten en
privilegios al ser negados al resto de la sociedad.
Desde hace tiempo ya, desde la
era del expresidente Aznar, en la sociedad española se ha puesto de moda que
impere ley del más fuerte. De tal forma que los sectores profesionales con
capacidad para presionar al Gobierno de turno son oídos, mientras se discrimina
al resto. El conflicto que se ha
producido en el sector de transporte de
pasajeros, entre los ya subsectores del taxi y del VTC, es un claro ejemplo. El Gobierno no está afrontando el problema con
racionalidad y justica, y mucho menos teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos,
sino buscando favorecer únicamente al sector que considera que tienen mayor
capacidad de movilizar, ejercer violencia en las calles y presionar. La cuestión
no es sobre cuál debe ser la proporción de VTC, s con respecto al número de
taxis, sino si debe seguir existiendo la actual regulación o esta debe
cambiarse totalmente, es decir: ¿Debe el Estado limitar el número de licencias?
¿Debe el Estado permitir la reventa especulativa de licencias?
Lógicamente, el dilema es si el Estado debe permitir que el sector del
transporte de viajeros se autorregule de acuerdo a las leyes del mercado,
favoreciendo así la libre competencia, es decir, liberalizarlo totalmente, o regular
el transporte de viajeros (Taxis y VTC, s) en función de criterios socioeconómicos,
como son población, demanda de trasporte, coste de la vida. Puede ser necesario
que el Estado limite el número de licencias para así favorecer que esta
actividad sea rentable, pero si lo hace debe a la vez regular el coste del
servicio en función del coste de la vida, para evitar así que el usuario pueda
ser objeto de abusos, de sobreprecios, por ejemplo, en periodos de elevada
demanda de este servicio. Lo que no puede permitir de ninguna forma el Estado
es la reventa de licencias. Reventa que en muchas ocasiones responde a
principios mafiosos, permitiéndose el blanqueo de capitales. Cada vez es más
frecuentes en las grandes ciudades encontrar taxistas que son simples
asalariados. Es evidente que el sector del transporte de pasajeros, taxis y
VTC, s necesita una total liberalización o una regulación más justa, eliminando
los privilegios de que disfrutan los que en la actualidad están autorizados a
realizar dicha actividad. En mi opinión,
en un plazo más o menos lógico, para no provocar la ruina de ningún trabajador
del sector, el Estado debería suprimir la necesidad de tener una licencia de
taxi o fijar una fecha limite a partir
de la cual se prohíba la reventa de licencias, algo que debería afectar también
al nuevo sector de los VTC. Lo que en ningún caso debe hacer el Gobierno es
gobernar, decidir, legislar, en función de la ley del más fuerte.
Con motivo de la huelga del
taxi, en España, se habla ya, tal vez de
forma exagerada o no, de guerra en las calles. La ley del más fuerte, que impero en España en
buena parte del pasado siglo, parece ser que vuelve a ser la preferida por las elites dirigentes españolas, muy probablemente
debido a que estas no sufrieron las
consecuencias que si sufrieron el nazismo alemán y el fascismo italiano tras su
derrota en la IIGM, o posteriormente el
comunismo durante la Guerra Fría, pero deberían
recordar que dicha ley nunca ha favorecido el desarrollo y el crecimiento, sino
todo lo contrario, siempre ha contribuido a todo lo contrario, la ruina económica
y a aumentar la miseria.
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