Como todos los años, hoy se
celebra el día de la Fiesta Nacional. Por razones que desconozco, pues no están
claras, en octubre de 1987 el Gobierno
de España no eligió un día que conmemorara un hecho histórico de dimensión nacional,
como podría haber sido el 2 de Mayo, día del Levantamiento contra la invasión
Napoleónica en 1808, o el 19 de Marzo, día en el que se aprobó la primera Constitución
española, la Constitución de 1812, sino que eligieron el 12 de octubre, fecha
que coincide con el aniversario del Descubrimiento de América (12 de Octubre de
1492) como día de la Fiesta Nacional. Pero ello no es lo grave, cualquier día
sería bueno para celebrar la Fiesta Nacional, sino que esta se ha convertido en
el día de los monárquicos. Año tras año, los monárquicos aprovechan la celebración
de la Fiesta Nacional para realizar un espectáculo propagandístico con el que
escenificar, dejar claro, tres cosas: Uno, que todos los poderes del Estado, de
una u otra forma democráticamente elegidos, están sometidos a la Jefatura del
Estado en la figura del Rey, en este momento el rey Felipe VI. Dos, que el rey
Felipe VI ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y tres, para preparar
el terreno, preparara el ambiente, para
que la sociedad española acepte como sucesión
a Felipe VI, en la Jefatura del Estado, a la princesa Leonor, todavía menor de
edad, pero ya disfrutando de un rol protocolario superior al de los gobernantes
democráticamente elegidos, por ejemplo, al del presidente del Gobierno de
España.
La Monarquía, que una familia,
la familia de Borbón, con carácter hereditario,
ocupe la Jefatura del Estado, es un claro anacronismo en la España actual. Un
anacronismo que impide el desarrollo democrático de la sociedad española, al
establecer como aceptables principios monárquicos como el de intentar imponer
una estratificación social basada en el origen familiar. En ninguna organización
internacional se reconoce al rey Felipe VI como mando supremo de las Fuerzas
Armadas, pero así lo contempla la Constitución del 78, la cual también atribuye
al Rey la capacidad, previa
autorización de las Cortes Generales, de declarar la guerra y hacer la paz,
claro que no dice que ocurriría, siendo como son las Fuerzas Armadas leales a
la Monarquía, sí la opinión del Rey no coincidiera con las de las Cortes
Generales.
España es un
Estado en que se cometen flagrantes, sistemáticas e impunes violaciones de los
Derechos Humanos. España es un país en el que se tortura, se utiliza el sistema
sanitario para cometer abusos medios, y el Poder Judicial, al igual que las
Fuerzas Armadas, también sometido a la
Casa Real, y junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son
instrumentos represores al servicio de los intereses de sectores de las elites
dirigentes, lo que favorece que en la España democrática actual se ordenen
detenciones ilegales y haya terrorismo de Estado, como es el caso del 11-M,
algo constatado y denunciando públicamente por números expertos, espías, y
medios periodísticos. Lógicamente todo ello tienen mucho que ver con el hecho
de que después de cada nuevas elecciones generales hay siempre algo que
sobrevive, que permanece, que perdura, el espíritu de la Monarquía, nada simbólica,
y si un obstáculo al desarrollo democrático de España, un obstáculo, por
ejemplo, a que en España se respecte la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Mientras las
Fuerzas Armadas sean leales a la Monarquía, a la familia Borbón, sería una
temeridad proponer la celebración de un referéndum entre república o monarquía,
pero es evidente, que para mejorar la
calidad de la democracia española, y que esta no se traduzca únicamente en que
se permita el pluralismo político y la celebración de elecciones para que el
pueblo pueda elegir a sus gobernantes, es necesario abrir en la sociedad
española un debate sobre cuál debe ser el rol que debe jugar el Rey en la
España democrática actual. En una democracia no tiene sentido ni es aceptable
que una familia ejerza el mando supremo de las Fuerzas Armadas con carácter hereditario,
mando en este momento ejercido por el rey Felipe VI, no reconocido en organizaciones
internacionales, como por ejemplo, en la
NATO. En una democracia no tiene sentido ni es aceptable, que el Rey sea el que deba declarar la guerra
o hacer la paz, o que la Constitución establece que el Poder Judicial
administra justicia en nombre del Rey.
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