Si intentamos encuadrar
temporalmente el conocido como proceso independentista
de Cataluña, podemos establecer que este comenzó el 11 de Septiembre del 2012,
con una masiva manifestación convocada con el lema “Cataluña, nuevo estado de
Europa”, y termino el 27 de Octubre de 2017, declarando el Parlamento de
Cataluña, de forma unilateral, la independencia. Los hechos que han tendido
lugar durante esos años, han provocado diferentes actuaciones judiciales. Una
de ellas, el denominado juicio del “próces”, que ha tenido lugar en el Tribunal
Supremo, ha terminado hoy dándose a conocer la sentencia. Los acusados han sido
condenados a penas que varían entre los 13 años de cárcel e inhabilitación absoluta,
para el ex vicepresidente de la Generalitat
de Catalunya, Oriol Junqueras, y 9 años de cárcel e inhabilitación absoluta,
para Los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium
Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart respectivamente.
La sentencia emitida por el Tribunal Supremo, a mi juicio, sin ser
experto en derecho, y principalmente, en tipificar delitos, ha sido una de las
muchas que podía haber emitido el tribunal. Para que nos hagamos una idea, la Fiscalía
acusaba por un delito de rebelión, y el Tribunal Supremo ha considerado que
solo se cometieron delitos de sedición y malversación. Por ejemplo, en el caso
de Oriol Junqueras la Fiscalía le pedía 25 años de prisión y este ha sido
condenado a solo 13 años. El Tribunal Supremo justifica su acusación por sedición
y no por rebelión, afirmando que todo se basó en palabrería, que hubo mucho “despliegue
retorico”, pero no actuaciones reales ya que el Estado logro mantener en
todo momento el control de la fuerza militar, policial, jurisdiccional, e
incluso social. Lógicamente, los dirigentes políticos no tuvieron que recurrir
a la fuerza porque ellos eran la representación de la fuerza en Cataluña, eran
quienes gobernaban, y por tanto no tuvieron que ocupar despachos porque ya los
ocupaban.
Lo ocurrido en Cataluña no tiene precedente histórico en ningún país.
Del 2012 al 2017 el Gobierno de España ha permitido hacer a las elites
burguesas catalanas, que son las que han liderado el denominado proceso
independentista, todo lo que han querido, hasta el punto que estas, el 27 de
Octubre del 2017, realizaron una Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
La DUI no fue la actuación propia de un loco, un loco hubiera ordenado a los
Mossos d´Esquadra tomar el control de las fronteras. Se le podría atribuir a alguien bajo el efecto de una intoxicación etílica,
un borracho que hace algo y al pasarle el efecto de la intoxicación, después de
la resaca, recapacita y dice que no, que han declarado la independencia pero
que eso no se materializara en nada concreto. Pero declaraciones posteriores de
los dirigentes independentistas dan a entender que tampoco. La DUI ha sido el
mayor ataque al Estado español que se ha producido desde que el 12 de Julio de
1936 tuvo lugar lo que se conoce como el Alzamiento Nacional, pues estaba encaminada a materializar la ruptura de la unidad de España. Pero, el Tribunal
Supremo no lo considera así, tal vez, porque disponen de información,
procedente de sus contactos con las elites burguesas independentistas, que no se
ha dado a conocer a la opinión pública.
“Cataluña, nuevo estado de Europa”, era lema que recogía el objetivo con
el que comenzó el proceso independentista que hoy termino con la sentencia
del Supremo. Pero Cataluña no es hoy un nuevo estado, además, algunos de sus
dirigentes tendrán que sufrir penas de varios años de cárcel, entonces ¿Para
que todo esto? Da la impresión de que todo ha sido una pantomima pactada entre
las elites dirigentes burguesas catalanas y elites monárquicas con poder para controlar
la situación, en concreto al Poder Judicial y las actuaciones de las Fuerzas Armadas
y su sucedáneo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todo indica que
las elites burguesas independentistas catalanas no perseguían que Cataluña se convertirá
en un Estado independiente y soberano sino realizar una demostración de poder,
insisto pactada con sectores monárquicos, para intentar chantajear a otros
sectores de la sociedad española, y escenificar, con una independencia de
palabra, ellos sabrán qué.
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