Desde hace semanas, el presidente Sánchez lleva anunciando y amenazando con que la crisis
creada por el covid-19 iba a llevar a España a una nueva normalidad, y no ha
decepcionado. A partir de
que el próximo 21 de junio finalice la sexta prorroga del estado de alarma, España
entrara en una nueva normalidad, definida por Real Decreto-Ley de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, que representara una aplicación de la represión que el Gobierno ha
ejercido durante el estado de alarma. Sánchez quiere utilizar la situación
sanitaria creada por la potencial
amenaza del covid19, no sabemos si real, para crear algo similar a un régimen
comunista encubierto bajo la forma de democracia, que le permita justificar
represión y encubrir violaciones de los derechos humanos, cuando no asesinatos.
Como ocurrió con el estado de alarma, la nueva normalidad está definida de tal
manera que permitirá al Gobierno ejercer represión a la carta, permitiendo hacer
la vista gorda para que haya ciudadanos que disfruten de todos sus derechos fundamentales,
mientras que sutilmente se reserva el derecho legal a actuar contra otros.
A través del real
decreto aprobado hoy por el Consejo de
Ministros, el covid-19 pasara a ser enfermedad de declaración urgente; se
establece la obligatoriedad de toda persona
de llevar mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia de
seguridad (1,5 m) , y las empresas de transporte terrestre con servicios de
asientos preasignados, que transcurran por más de una provincia, deberán guardar registro de los viajeros
durante cuatro semanas.
Con la nueva
normalidad el Gobierno socialcomunista de España no busca proteger la salud de
los ciudadanos sino únicamente ejercer represión a la carta, contra concretos
sectores de la sociedad. Una persona podrá contagiarse de VIH, y tener sida, y
mantenerlo en secreto, solo conocerlo él y su médico, pero en cambio si se contagia de covid-19,
enfermedad de la que sabemos por estudios estadísticos que menos de un 10%
de los que la contraen necesitan asistencia sanitaria, tendrá que hacerlo
público, renunciar a su privacidad, para que el personal sanitario pueda
decidir sobre su vida y someterlo a represión, muy probablemente aislándolo,
privándolo del derecho a elegir centro hospitalario, médico y tratamiento. Una
ley es justa cuando no afecta por igual a todos los ciudadanos. Como ya ocurrió
con la aplicación del estado de alarma, que el Gobierno utilizo para privar de
importantes derechos fundamentales a ciudadanos cuya actividades laborales
no consideraba imprescindibles para sus
intereses, como hacían los nazis con los judíos, la nueva normalidad no
afectara a todos los ciudadanos por igual. El Gobierno impone la obligatoriedad
de llevar mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de
un metro y medio, infringir esta norma podrá suponer una sanción de 100 euros.
Esta norma de muy difícil cumplimiento, tanto lugares de trabajo como de
ocio, entra de forma clara en
contradicción con el hecho de que el Gobierno permita competiciones de deportes
de equipo, por ejemplo, de futbol. Si tan peligroso es este virus, sin tan
fácil es el contagio al reducir la distancia de seguridad ¿Por qué se permiten
competiciones de deportes de equipo donde los jugadores no solo no mantendrá la
distancia de seguridad sino que muchas veces entraran en contacto físico?
Pero sin duda, lo más
alarmante de las medidas aprobadas por el Gobierno para la nueva normalidad es
que el Gobierno quiere ejercer un máximo control sobre la circulación de
pasajeros en transporte público entre provincias. De tal forma que el Gobierno
impone que los operadores de transporte
terrestre, cuyos servicios con asientos preasignados discurran por más de una
provincia, conserven la información de contacto de los pasajeros durante un
mínimo de cuatro semanas y su puesta a disposición cuando se requiera por las
autoridades de salud pública, con la finalidad de realizar la trazabilidad de
los contactos en caso de que fuera necesario. Esta obligación se extiende
también a los operadores de transporte aéreo. Según los expertos, el transporte
urbano, el metro, trenes de cercanías, etc, es uno de los lugares donde hay mayor
probabilidad de contagio. Pero al Gobierno solo le interesa contralor a las
personas que hacen viajes de larga
distancia en medios de transporte público, o sea, que sí te has contagiado en
el metro y luego viajas en tu vehículo privado a otra provincia eso no supone
ningún riesgo, a nadie le interesa con quien has entrado en contacto. Te vas
de vacaciones en transporte público; viaje de larga distancia, te ponen al lado
un tipo que luego da positivo, y aunque tengas la suerte de no enfermar, como
tienen tus datos, como precaución las
autoridades sanitarias, con la autorización y apoyo del Gobierno socialcomunista, te pueden joder las
vacaciones, pueden ordenar legalmente tú detención y aislamiento, para
someterte al control y vigilancia del personal sanitario.
Con la nueva normalidad, que supone vivir en un régimen
comunista encubierto bajo la forma de democracia, que supone imponer unas
medidas que anulan la igualdad entre ciudadanos y que no tienen cabida en el actual marco
constitucional, el Gobierno socialcomunista no quiere proteger la salud de
nadie, sino únicamente justificar represión. Para más inri, una nueva
normalidad que el Gobierno se guarda el derecho de mantener hasta que de forma
motivada considere el fin de la crisis, es decir, hasta que considere que ha
logrado unos objetivos que mantiene en secreto. Evidentemente, la nueva
normalidad terminara cuando al Gobierno ya le sea imposible soportar las
negativas consecuencias que provocara para la economía, pues no nos engañemos,
la represión no genera riqueza. Estamos en guerra, y el enemigo es el
actual Gobierno de España que quiere
anular nuestra vida, que nos quiere privar del derecho a vivir. Pero el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería tener en cuenta que el covid-19
es un traje demasiado caro para España.
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