El pasado marzo, el ataque de un virus de origen chino, tipo covid-19, nos puso en jaque, puso en jaque a muchos españoles. Amenazando su salud, al propagarse con rapidez e intensidad por territorio español. Amenazando sus derechos fundamentales, al ser utilizado por el Gobierno de Sánchez como justificación para mediante una abusiva e inconstitucional aplicación de la declaración del estado de alarma restringirles importantes derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la libre circulación, su derecho a elegir centro hospitalario, médico y tratamiento, etc, según el Gobierno para proteger su salud. Mientras esto ocurría, se produjo en España un hecho que pasó casi desapercibido, pero que era el hecho no violento más grave desde la muerte del general Franco, en noviembre de 1975. La justicia puso en jaque a la Casa Real, y en concreto a su cabeza, a su representante, el rey Felipe VI, y actual Jefe del Estado, debido a actuaciones realizadas en el pasado por su padre, el rey emérito Juan Carlos I, y ahora investigadas por la justicia.
La Fiscalía de Ginebra,
en concreto el fiscal Yves
Bertossa, desde el 2018 tiene abierto un asunto con el que investiga delitos de
blanqueo de capitales y fraude fiscal cometidos gracias a una trama empresarial
constituida por dos fundaciones, la Fundación Zagatka y la Fundación
Lucum, propiedad de Álvaro de
Orleans-Borbón, primo del rey emérito Juan Carlos I, y en las que el rey
emérito aparece, respectivamente, como
tercero y segundo beneficiario. La Fundación Zagatka fue utilizada durante 11
años para que Álvaro de Orleans-Borbón pagara gastos del rey emérito, por
ejemplo, el alquiler de caros vuelos
privados. Según informaciones difundidas, el fiscal Bertossa
cree que la Fundación Lucum fue utilizada para el cobro de comisiones derivadas
de la construcción del tren de Alta Velocidad La Meca-Medina. Según
informaciones dadas a conocer por los medios, el rey Juan Carlos I logro que
las empresas españolas que participaron en el proyecto bajaran el coste del
mismo en torno a un 30%, y a cambio el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin
Abdulaziz, le pago una comisión de 65 millones de euros, ingresándoselo
en una cuenta de la Fundación Lucum. En el 2012, desde una cuenta en Suiza de
la Fundación Lucum, el rey emérito Juan Carlos I, le hizo una transferencia de
65 millones de euros a Corinna Larsen, según los medios de comunicación,
entonces su amante. Esta ha declarado ante la fiscalía, que fue una donación del rey emérito por el
cariño que le tenía. El avance de la investigación realizada
por la Fiscalía de Ginebra, ha obligado a Ministerio Fiscal español a abrir una
investigación en el Tribunal Supremo contra el rey emérito Juan Carlos I, ya
que este esta aforado desde su abdicación en junio de 2014 le privo de la inviolabilidad que le
otorgaba el artículo 56.3 de la Constitución.
El asunto es un escandalo que daña de forma importante el presgio de de
la Jefatura del Estado. Primero, porque Felipe VI y actual Jefe del Estado,
aparece como beneficiario de la Fundación Lucum a la muerte de su padre, Juan
Carlos I. Según la Casa Real, Felipe VI
fue informado de ello por el despacho de abogados Kobre & Kim en marzo de 2019, pero no lo
han hecho público hasta un año después. En segundo lugar, porque el hecho de
que el rey Felipe VI haya redactado un documento público renunciando a la herencia de su padre, Juan Carlos I, y retirándole
la asignación que este recibía del Estado, conduce a pensar que las
acusaciones que recaen sobre el rey emérito, de que tiene cuentas en el
extranjero y el cobro de comisiones a empresas españolas, son ciertas.
Independientemente del recorrido judicial que tenga el asunto, en mi opinión, en España muy poco, el asunto es grave. Primero queda ya constatado que la Jefatura del Estado cobraba comisiones por intermediar en beneficio de empresas españolas. Segundo, pone en jaque a su actual cabeza visible y representante, el rey Felipe VI. Pues también queda constatado ante la opinión pública que el rey Felipe VI oculto, como mínimo durante un año, que conocía que era beneficiario de la Fundación Lucum, utilizada para el cobro ilegal de comisiones, blanqueo de capitales, y fraude fiscal por su padre, el rey emérito Juan Carlos I. No sabemos que más cosas conocía, pero es de sospechar que muchas más. Da la impresión de que cuando Juan Carlos I, en el mensaje navideño de 2011, dijo aquello de “La justicia es igual para todos”, se quería referir a que si otros dirigentes de la sociedad española cobran comisiones, por qué él no, por qué los partidos políticos van a cobrar comisiones y la Casa Real no.
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