LEY INGRESO MININO VITAL: CONFUSA, AMBIGUA, INJUSTA, Y DISCRIMINATORIA.

Los niveles de desigualdad, pobreza, exclusión social, pobreza infantil, etc, existentes en la sociedad española son alarmantes, de los más elevado de los países de la UE. Entre otros muchos factores, ello es debido a que en España el mundo empresarial ha optado por ganar competitividad exterior reduciendo costes laborales, con bajos salarios. A la vez, factores como que haya una elevada desigualdad entre rentas y que España sea un país que recibe un importante volumen de turistas con alto poder adquisitivo, hace que el coste de la vida en España sea más elevado que el que debiera existir teniendo en cuenta la media de los salarios, lo que contribuye a incrementar el porcentaje de españoles que no pueden tener un vida digna. Con estos datos, es evidente, que establecer el derecho a recibir un ingreso mínimo vital es justo y necesario. Pero, como  todo lo que suele hacer el actual Gobierno socialcomunista de España, la ley que establece el derecho a recibir  el ingreso mínimo vital es una chapuza, confusa, ambigua, injusta y discriminatoria. Con el ingreso mínimo vital el Gobierno de Sánchez busca favorecer a concretos sectores de la sociedad, principalmente, jóvenes que no realizan ningún tipo de actividad laboral y han constituido lo que la ley define como una “unidad de convivencia” e inmigrantes con residencia legal en España, como mínimo durante un año. Además, el Gobierno contribuirá a impulsar y favorecer la vagancia, al conceder el derecho a una prestación social sin que esta esté sujeta a ningún tipo de compromiso con el Estado.  

La ley establece que  los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia concedidas por las comunidades autónomas, no computaran como ingresos a la hora de valorar el derecho a recibir esta prestación social estatal. De tal forma, que comunidades y ayuntamientos con abundantes recursos públicos, como puede ser Cataluña, el País Vasco, y Madrid,  podrán incrementar el ingreso minino vital en la cantidad que consideren y puedan, creándose así una clara injusticia y discriminación con respecto a ciudadanos de otras zonas de España.

El Gobierno, en vez de establecer un prestación social para todo persona que tenga menos ingresos que el ingreso mínimo vital establecido por la ley, ha introducido el confuso concepto de “unidad de convivencia”, generando injusticia y discriminación entre españoles. Habrá personas mayores de 23 años que no podrán recibir el ingreso mínimo vital debido a que todavía viven con sus padres, y uno de progenitores tiene unos ingresos superiores, aunque sea mínimamente, a los  establecidos por la ley. Supongamos una familia con dos hijos,  en la que solo trabaja uno de los miembros, el padre o la madre, y gana 1500 euros. Con la nueva ley esta persona estará trabajando únicamente por 485 euros mensuales, pues una familia de igual composición, en la que no trabaje ninguno de sus miembros, recibirá  del Estado 1015 euros, evidentemente una clara injusticia. Si lo que realmente quería el Gobierno  era combatir la pobreza infantil, lo que debían haber hecho, en vez de crear el concepto de unidad de convivencia,  es establecer una ayuda por niño. De esta forma, ese padre que gana 1500 euros, también recibiría ayudas por sus hijos. O supongamos una familia con dos hijos, en la que uno de los miembros gana el salario mínimo, catorce pagas de 950 euros,  su pareja no podrá solicitar el ingreso mínimo vital, y la unidad  familiar ingresara lo mismo que otra de similar composición en la que solo reciban el ingreso mínimo vital, 12 pagas de 1015 euros. Una clara injustica, si la prestación afectara únicamente a personas, el miembro que no trabaja podría solicitar el ingreso mínimo vital, doce pagas de 461 euros, lo que sería más justo, algo que le permitirá hacer cursos de formación y buscar de forma activa empleo.

La ley establece que los inmigrantes con residencia legal en España, como mínimo de un año, podrán solicitar el ingreso mínimo vital. Está claro que con esta ley el Gobierno socialcomunista busca beneficiar a la inmigración, concediéndoles al llevar un año en España una prestación social, que puede llegar a superar el salario mínimo si se trata por ejemplo de una familia con dos hijos. Algo que, además de ser injusto, pues recibirán una prestación social los que todavía no ha aportado nada a la sociedad, puede generar un efecto llamada, es decir que haya gente que emigre a España aunque el mercado laboral no tenga capacidad para absorberlos, dándoles un empleo, únicamente para vivir del ingreso mínimo vital o compatibilizar este con actividades realizadas en la  economía sumergida.

La aprobación del ingreso mínimo vital va a generar injusticia y discriminación en la sociedad española. En la ley se habla superficialmente de políticas de inclusión social dirigidas a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, pero no se hace ninguna referencia a los compromisos que estos adquieren con el Estado por cobrar la prestación, como debieran ser, por ejemplo,  la obligatoriedad de hacer cursos de formación, la búsqueda activa de empleo, y el compromiso de aceptar aquellos empleos que le ofrece el mercado laboral. El ingreso mínimo vital va a contribuir a disminuir el porcentaje de población en riesgo de pobreza y, o exclusión social, pero creara un porcentaje de población mayoritariamente  joven, ociosa, que sin haber hecho ningún esfuerzo pasaran a tener unos ingresos del Estado sin que ello implique ningún tipo de obligación. ¿Jóvenes y sanos, a que dedicaran su tiempo libre, a ver la televisión, a trabajar en la economía sumergida, al activismo político?

Antes de comenzar la crisis, uno de los principales problemas del Estado era la financiación del sistema público de pensiones. En el 2019 la Seguridad Social tuvo un déficit de 16.793,3 millones. La crisis del covid-19 va a llevar la deuda pública hasta aproximadamente el 115% del PIB, pero a pesar de ello el déficit de la Seguridad Social y la sostenibilidad de las pensiones ya no preocupan al Gobierno, y el ingreso mínimo vital pasara a ser una prestación social que también saldrá de la conocida caja común de la Seguridad Social. Según las previsiones del Gobierno, incrementando el déficit como mínimo en 3000 millones de euros. Que los trabajadores tengan que pagar con sus cotizaciones el ingreso mínimo vital no parece muy justo. Lógicamente, crear una nueva prestación social, sin prever un ingreso para pagarla, sabiendo que pasara a incrementar la deuda pública, no parece propio de una gestión inteligente. O el Gobierno prevé que el coronavirus contribuya a reducir el déficit de la Seguridad Social, o es muy probable que el ingreso mínimo vital nazca con los días contados.