El conocido como proceso independentista de Cataluña, que culminó
con la Declaración
Unilateral de Independencia de octubre de 2017, liderado principalmente por
la representación de la burguesía catalana, la antigua Convergencia Democrática
de Cataluña, no ha significado ningún
cambio relevante ni para Cataluña ni para España. Las únicas consecuencias han
sido judiciales. De los considerados responsables por la justicia española, 12
se encuentran en prisión condenados a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación
de fondos públicos, otros tres, Puigdemont, Comin y Ponsalí, han huido de la
justicia refugiándose en países extranjeros que les han dado protección. Los
condenados no han pedido indultos al Gobierno, pero si lo ha hecho por ellos el
abogado catalán Francesc de Jufresa. Mientras
el Gobierno estudia el asunto, seguramente buscando el momento más oportuno
para pronunciarse, el
Tribunal Supremo acaba de pronunciarse en contra de concedérselos.
Si ya era un hecho esperpéntico que España esté
representada ante el Parlamento Europeo por tres personas fugadas de la
justicia española ocupando los cargos de eurodiputados, Puigdemont, Comin y
Ponsali, a los que el Parlamento Europeo les ha retirado la inmunidad pero la
justicia española dice que no les puede hincar el diente debido a que están
protegidos por el Gobierno de Bélgica, todavía lo es más que el Gobierno de
España les quiera conceder a los condenados indultos. Si repasamos la historia
comprobamos que este tipo de asuntos suelen acabar cepillándose, es decir, fusilándose,
a los responsables en caliente, o con indultos con la obligación de abandonar
el país o como mínimo de no volver a dedicarse a la política. Pero no parece
ser el caso. Ahora no solo no se arrepienten de haber puesto en riesgo la
estabilidad política y la paz en España, sino que quieren quedar en libertad para
poder seguir haciendo política en defensa de la supuesta independencia de
Cataluña. Los dirigentes del proceso independentista han contaminado de
forma importante la vida política española, haciendo continuas demostraciones
de poder, que Dios no quiso que acabaran en tragedia, como el asunto de la destrucción
de coches de la Guardia Civil, no para que Cataluña se pueda convertir en un
nuevo Estado independiente y soberano, sino únicamente en beneficio de ocultos intereses
personales. Con contradicciones del estilo de declaramos la independencia pero
no la ejecutamos, buscando así que el Estado no actuara. Que el Gobierno de
Sánchez quiera concederles indultos para que puedan volver a dirigir la política
catalana, para más inri, en el mismo sentido, como los mismos objetivos que los
que llevaron a sus condenas, no creo que tenga muchos precedentes en la historia política.
Tal vez, en Venezuela. Hugo Chávez, intento un Golpe de Estado en el 92, fue
condenado e indultado, y en el 1999 logro llegar a presidente ganando las
elecciones, con las consecuencias que todos conocemos. Pero pocos más casos habrá.
Que el Gobierno de España quiera conceder indultos a los
condenados en el “juicio del proces”, solo tiene una explicación posible, el
proceso independentista ha sido una pantomima, con las que las elites catalanas
buscaban hacer demostraciones de poder que contaban con el apoyo de sectores de
las elites dirigentes españolas con poder en las instituciones del Estado español,
las cuales frente a toda lógica política buscan ahora poner fin a este asunto concediéndoles
indultos para que puedan seguir haciendo política con el falso discurso de
impulsar y lograr la independencia de Cataluña. Pero, sin duda, lo más llamativo de todo este
asunto es el hecho de que la representación en España del comunismo
internacional, dirigido desde Moscú, Unidas
Podemos, apoye de forma clara a los independentistas, por ejemplo, en el
Parlamento Europeo, y a pesar de ello
forma parte del Gobierno de España. La política española ha entrado en un nivel
de contradicciones, en la que todo vale bajo el argumento de la búsqueda de una
falsa concordia, que solo puede servir para aumentar la degradación de la democracia
y obstaculizar que se puedan resolver importantes problemas de la sociedad.
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