martes, 20 de febrero de 2018

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: PLATAFORMA DE PROPAGANDA DE CRIMINALES.

La Comisión de Investigación de la supuesta financiación irregular del PP se ha convertido en una plataforma de propaganda desde la que criminales, que cumplen condena,  y supuestos criminales atacan a las instituciones del Estado y acusan a  cargos y ex cargos públicos sin aportar ninguna prueba. Los partidos políticos con representación en el Congreso rara vez se ponen de acuerdo, pero curiosamente, esta vez sí lo hicieron para aprobar por unanimidad la creación de una  comisión de investigación que está  dando el micrófono a criminales para que sometan a la democracia española un proceso de degradación, utilizando la táctica del calamar, acusando pero no aportando pruebas. Supongo,  que lo harán  con la fe puesta en que así podrán quebrar o desestabilizar de alguna forma el Estado y ello les permitirá encontrar una salida para no cumplir las penas a las que han sido condenados o lo serán en breve.

La vida política española lleva tiempo desarrollándose en una ambiente de putrefacción, mediática y también real. Si alguien aún tenía  dudas sobre ello, hoy le habrán quedado despejadas con la comparecencia de Álvaro Pérez, El Bigotes, en la comisión de investigación sobre la caja B del PP. El Bigotes, junto a Correa, Pablo Crespo, este último ex secretario de organización del PP de Galicia, y otros, ha sido condenado a  12 años de cárcel por el asunto Fitur. A pesar de ello, hoy los Sres. diputados  le han brindado el micrófono para que con una chulería no propia de alguien que está preso contribuyera a desacreditar todavía más el funcionamiento de la democracia española. Según él, había empresarios que le pagaban, por orden del PP,  los actos que organizaba para ese partido. Acuso  a muchos, aunque con poco existo, pues no aportó pruebas. Eso sí, no hablo de quien a todas luces era entonces el principal  responsable de todo que se decidía en Génova, el expresidente José María Aznar. Intentando, de forma clara, desviar los focos mediáticos y las investigaciones policiales  de la  familia Aznar, dijo que llego a pensar que su amigo Alejando Agag, yerno de Aznar, había muerto, pues hacía tiempo que no tenía  ningún tipo de contacto con él.

Desde Febrero del 2009, cuando se producen las dos famosas cacerías, la literal,  del ministro de Justicia Fernández Bermejo en compañía del juez Baltasar Garzón, y la ordenada por este último desde la Audiencia Nacional, metafóricamente hablando, contra piezas del PP (Caso Gürtel), la sociedad española sabe que  el PP tenía una caja B de dinero negro que alimentaban de muchas y diferentes formas. Desde entonces, también  sabemos que el PP es una organización política que da cobertura a organizaciones criminales. Pues, la  caja B no solo permitía la financiación irregular del PP, como se suele decir, participar dopado en las campañas electorales, sino también blanquear dinero del crimen organizado. La trama Gürtel está siendo juzgada, y por tanto la Comisión de Investigación sobre la financiación del PP no tiene ningún sentido, ni utilidad, ni valor, salvo que se haya creado para dar voz a personajes como El Bigotes.


Álvaro Pérez, El Bigotes, ha salido hoy de prisión para utilizar los medios de comunicación para hacer una campaña  de propaganda, acusando sin pruebas, buscando desacreditar  el funcionamiento de las instituciones del Estado, e incluso amenazando, introduciendo que va mucho al gimnasio, me imagino por si el Estado quiebra y puede salir y vengarse, aunque no ha dicho de quien, tal vez, de Alejandro Arag, o del juez, no lo sé.  Este tipo de hechos, por muy corruptas que sean las  elites políticas,  no se debe permitir en un Estado democrático y de Derecho. La justica debe ser justa, y para ello debe ser oportuna, proporcional y ejemplar. La justicia, en el ámbito penal,  no debe ser nunca sinónimo de venganza, sino que existe para proteger a los ciudadanos evitando que se vuelvan a repetir los mismos delitos, y para ello debe aplicar penas, proporcionales al daño causado, sí,  pero también lo suficientemente disuasorias y ejemplarizantes.  El Poder Judicial español concede a presos pertenecientes a las elites dirigentes, como es el caso de “El Bigotes”, privilegios que no tienen otros presos y que además son utilizados para intentar desacreditar y desestabilizar el Estado. 

martes, 30 de enero de 2018

LA PRINCESA LEONOR DA UN PASO MAS PARA PODER LLEGAR A LA JEFATURA DEL ESTADO.

El rey de España, Felipe VI, entrego hoy el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a la princesa Leonor, condecoración que ya le había otorgado en octubre del 2015. El acto ha tenido lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real. Teniendo en cuenta que la Constitución establece que España es un Estado democrático, me parece necesario realizar algunas reflexiones sobre dicho hecho.

Primera, ¿Poder simbólico? Teniendo en cuenta que era un acto  familiar, interno de la Casa de Borbón, la categoría de los invitados al acto, al que, entre otros,  asistieron los presidentes de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, da a entender que la Corona, la Jefatura del Estado, no es un poder tan simbólico como las elites políticas quieren hacer creer a los ciudadanos.

Segunda, la Casa de Borbón empieza rápido a preparar el relevo al frente de la Jefatura del Estado. En una democracia la jerarquización social se debe basar en méritos o votos, pero nunca en derechos hereditarios o cosas parecidas. La entrega del Toisón de Oro a la princesa Leonor, me ha parecido un acto vergonzoso e inaceptable en una democracia.  Me ha recordado,  la entrega del Premio Novel de la Paz al expresidente Barack Obama, pues es difícil que una niña de 12 años, como Leonor, pueda haber ya demostrado valores como el de excelencia, servicio y lealtad.


Tercera, la Monarquía es un anacronismo que impide el desarrollo democrático de España, pero a pesar de ello, al proponer cambios es  aconsejable recordar, la que yo considero la mejor definición de un Rey, “Un Rey es alguien que nunca cae solo”. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió tras la caída de Alfonso XIII. Es evidente, que es necesario abrir un debate sobre el rol que el rey Felipe VI debe jugar en un Estado occidental, moderno y democrático, como es España. En una democracia el mando supremo de las Fuerzas Armadas no debe recaer con carácter hereditario en una familia, como si ocurre en España. Mando que no es reconocido a nivel internacional, pues el rey Felipe VI, no tiene ni silla ni voz en organizaciones como la NATO. Las elites políticas españolas deberían pedir al rey Felipe VI que renuncie a ostentar dicho mando, como prudente paso previo a poder abrir un debate más profundo sobre el papel Rey en la Estructura del Estado. “La esperanza es lo último que se pierde”, no la perdamos todavía, el abuelo del rey Felipe VI, Juan de Borbón, también recibió tan ilustre distinción. 

domingo, 28 de enero de 2018

EL TC AUTORIZA PLENO DE INVESTIDURA DE PUIGDEMONT.

El Gobierno de Mariano Rajoy solicito  ante el Tribunal Constitucional que el Parlament de Catalunya no pudiera realizar un Pleno para investir presidente a Carles Puigdemont. De esta forma el Gobierno se aseguraba que Puigdemont no pudiera ser investido de ninguna de las formas posibles: Ni telemáticamente, ni por delegación, ni siquiera volviendo a España y participando en el pleno. De esta forma, el Gobierno de España obligaba al presidente del Parlament, Roget Torrent,  a proponer otro candidato antes de comenzar el acto de investidura. El Tribunal Constitucional (TC) no ha dicho ni sí, ni no, a la solicitud de impugnación del Gobierno. Tras siete horas de reunión y por unanimidad el TC se ha pronunciado en la dirección de que la investidura tiene que ser presencial, y además, Puigdemont para poder ser investido deberá previamente solicitar la autorización del juez que lleva su asunto, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Hace unos días, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha sido criticado por encontrarse en Sevilla durante el atasco que se produjo en la AP-6 durante los días 6 y 7 de Enero debido a las condiciones meteorológicas. Aunque la función del director general de Tráfico es planificar, decidir, nombrar, y asumir responsabilidades, y no ejecutar, ni siquiera supervisar, funciones que lógicamente delega, se le reprochó haber gestionado el incidente desde su residencia de Sevilla, y no desde Madrid, donde se encuentra la Dirección General de Tráfico. Si el Gobierno de España lo hubiera destituido, y nombrado para el puesto a un tipejo que se encuentra en Perpiñán fugado de la justicia, las críticas al presidente Rajoy hubieran sido infinitas. Entre otras cosas, se le acusaría de tener algún tipo de intereses para nombrar a tal tipejo, algo que, muy probablemente, seria cierto. Pero en cambio, los excelentísimos miembros del Tribunal Constitucional, corriendo el riesgo de provocar un atasco que afecte a toda Cataluña,  consideran que un tipo fugado de la justicia española, Carles Puigdemont,  podrá  ser investido Presidente si el próximo martes logra presentarse en el Parlament, y el juez Llarena lo autoriza. Seguramente no a ojos de aquellos que pertenecen al mundo del derecho, ni tampoco, a ojos  de los sectores monárquicos españoles, que de forma clara se observa que están apoyando a la burguesía catalana que impulso el proceso independentista, Convergencia Democrática de Cataluña, ahora, Junts per Catalunya, recordemos que el Consejo de Estado se opuso a la impugnación solicitada por el Gobierno, pero, ante el resto de la sociedad española y ante la opinión pública internacional el TC ha quedado totalmente desacreditado.

El Tribunal Constitucional ha quedado totalmente desacreditado. Siendo muy curioso que la defensa de la ponencia sobre lo que se iba a hablar le haya tocado a uno de sus  miembros de origen catalán, Juan Antonio Xiol,  y este no se haya inhibido dejando correr el turno, pero dejando a un lado extrañas coincidencias, que habría que investigar, es difícil entender que ha podido motivar al TC, llevándole a permitir la investidura de un dirigente político, Carles Puigdemont, que no ha respectado sus resoluciones, y que ha provocado la aplicación del 155 al liderar la realización de una Declaración Unilateral de Independencia. Es difícil entender que ha motivado que el TC haya permitido la investidura presencial de alguien que se sabe que no podrá ejercer su cargo.


En las dictaduras suele ocurrir que mientras en las salas de los juzgados se aparenta que se administra justica, que se respectan los derechos humanos, que se respecta la presunción de inocencia, y todo eso, en los sótanos de los mismos, o a pocos metros,  la policía asesina y tortura a detenidos. ¿Qué ocurrirá si el próximo martes Puigdemont logra llegar a Barcelona sin ser detenido, algo bastante fácil, e intenta entrar en el Parlament rodeado de miles de simpatizantes? ¿Qué ocurrirá si  logra entrar en el Parlament, participar en el pleno y lo quieren investir presidente sin contar con la autorización previa del juez Llerena? El Tribunal Constitucional queriendo aparentar una exquisita defensa de la constitucionalidad y la democracia española, autorizando el pleno de investidura de Puigdemont ha contribuido a poner en riesgo el orden público, la paz social en Cataluña, y la propia democracia. Desconozco que ha podido motivar la decisión de los miembros del  TC, evidentemente no ha sido una lectura literal de la Constitución, pues difícilmente la Constitución puede amparar a alguien que ha demostrado no respectarla. Tal vez, se ha debido a la influencia que ejercen sobre dicho tribunal  sectores monárquicos que están dando, de forma clara,  su apoyo al denominado proceso independentista; o tal vez se ha debido a que sufren el síndrome de Pilatos, según el cual la decisión popular es superior a todo tipo de leyes. Fuera lo que fuese, está claro que han asumido un gran riesgo considerándose representantes de todos los españoles, pues si Puigdemont logra volver a ser investido presidente, sin duda,  los pilares de la democracia española, como mínimo, temblaran. ¡Temblaran!  ¿Será eso lo que desea el Tribunal Constitucional o, incluso, desea provocar?

viernes, 26 de enero de 2018

EL CONSEJO DE ESTADO APOYA QUE PUIGDEMONT PUEDA SER INVESTIDO PRESIDENTE: ¿POR QUÉ?

El Senado, uno de los órganos  constitucionales que representa al pueblo español, formando parte de las Cortes Generales, a petición del Gobierno de España, aplico el artículo 155 de la Constitución para, dicho de una forma resumida y coloquial, echar al presidente democráticamente elegido de Cataluña, Carles Puigdemont, porque este había realizado una Declaración Unilateral de Independencia, disolver el Parlament que le apoyaba, tomar el control de las instituciones autonómicas catalanas y convocar elecciones. El pasado 21 de Diciembre hubo elecciones autonómicas en Cataluña, y en función de sus resultados se ha constituido un nuevo Parlament. En el cual vuelven a tener mayoría los denominados independentistas. Los cuales quieren volver a investir presidente al destituido Carles Puigdemont. El actual president del Parlament, Roger Torrent ha propuesto de forma oficial a Puigdemont, el cual ha fijado su residencia en Bélgica por temor a ser detenido,  como candidato para que tras el debate correspondiente, el Parlament proceda a votar su investidura.

No hace falta haber aprobado una oposición a juez, ni siquiera ser experto en  derecho, para deducir, que el actual  Parlament de Cataluña no puede investir presidente a quien ha provocado la aplicación del 155. Así lo entiende el Gobierno de España, el cual ha decidido impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura a la investidura de Carles Puigdemont, el cual, insisto,  a pesar de dedicarse a hacer propaganda besando la bandera de España en Copenhague, se encuentra fugado de la justicia española. La decisión del Gobierno de España, es, sin duda, inteligente, lógica,  y democrática. Pues que Puigdemont sea investido presidente de forma ilegal y luego otra vez destituido no va a suponer ningún beneficio ni para Cataluña ni para España. Curiosamente, no lo piensa así el Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno de España, que a pesar de que tiene su origen en la época de los Reyes Católicos, en 1980, el Gobierno de la disuelta UCD, cuyo presidente era Adolfo Suarez, el cual, como consecuencia del asunto  del 23-F seria  relevado por un miembro del Opus Dei, Calvo Sotelo,   decidió volverlo  a crear. La decisión del presidente Rajoy de impugnar la candidatura de Puigdemont ha sido muy acertada pues si este  logra entrar en el Parlament, y ser investido presidente, algo no imposible, pues seguramente dispongan de varias formas para entrar y salir sin ser vistos,  los cimientos de la joven democracia española, como mínimo, temblaran.


Curiosamente, pero también lógicamente, pues el actual Consejo de Estado está formado, entre otros, por personajes  que han tenido poder en el pasado político  de España, y por tanto, que  de una forma u otra han contribuido a provocar la actual crisis catalana. El presidente del Consejo de Estado es  Romay Beccaría, miembro del Opus Dei, un político de la época de Fraga Iribarne, ministro de Sanidad con el expresidente  Aznar, y por tanto, perteneciente al sector del PP que hablaba catalán en la intimidad y compartía mesa, y otras cosas,  con la familia del expresidente Pujol. El Consejo de Estado, dicho coloquialmente, más que pringados en este asunto, y por tanto, intentando retrasar la actuacion del Gobierno busca de forma clara dar un  sutil apoyo, un respiro, a aquellos que lideran el proceso independentista, en concreto a Puigdemont y su actual partido Junts per Catalunya. Siempre que se analiza la evolución del proceso independentista es imposible evitar llegar a la misma conclusión: La burguesía catalana, representada por Junts per Cataluña, partido liderado en la actualidad por Carles Puigdemont, está impulsando el proceso independentista contando con importantes apoyos desde las instituciones del Estado, en concreto de sectores monárquicos. 

lunes, 22 de enero de 2018

EL CULEBRÓN CATALÁN CONTINUA: PUIGDEMONT CANDIDATO.

El culebrón del proceso independentista contra todo pronóstico no se ha apagado  con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tomando el Gobierno de España el control, por lo menos teórico, de esa comunidad autónoma, sino que se fortalece, innovando gracias a los  sutiles apoyos que recibe en diferentes países de la Unión Europea. El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y candidato propuesto por el presidente del Parlament, Rogert Torrent, a ser investido como el próximo presidente de la Generalitat, huido desde hace  meses de la  justicia española y refugiado en Bélgica, se ha desplazado hoy a Copenhague para dar una  conferencia sobre la situación actual de Cataluña, en la universidad de esa ciudad. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a dicho tribunal que vuelva a reactivar la euroorden de detención que existía contra Puigdemont, emitida por  la Audiencia Nacional y anulada por este tribunal el pasado 5 de Diciembre. La crisis de Cataluña está contribuyendo a transmitir al mundo una imagen esperpéntica y poco democrática de España.

“Ahora sí, ahora no; a este si, a este no”, son los principales criterios que hoy rigen la actuación del Poder Judicial español, anulando importantes principios que deben imperar en un Estado de derecho, como son el de igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. En España las leyes se aplican con total arbitrariedad en función de si interesa o no a las elites dirigentes que controlan el Poder Judicial. Un claro ejemplo lo tenemos con lo que está ocurriendo con Puigdemont. La ley es clara en cuanto a los fugados de la justicia, pero el Poder Judicial, más concretamente el Tribunal Supremo, en concreto el juez Llarena, haciendo una lectura arbitraria de la ley ha decidido no perseguir a Puigdemont en el extranjero anulando  la euroorden que existía contra él. Es evidente, que desde los poderes del Estado de la desacreditada e imperfecta democracia española existe un fuerte interés en darle juego a Puigdemont, facilitando sus movimientos, su vida y actividades políticas en el extranjero. No deja de ser llamativo, también, que alguien que desea convertir Cataluña en una república soberana e independiente elija monarquías, con estrechas relaciones con la Casa Real española, países, Bélgica y Dinamarca,  en los que su Poder Judicial es mayoritariamente monárquico,  para buscar ayuda, refugiarse, y  realizar su campaña propagandística.


Las elites burguesas catalanas impulsoras del proceso independentista, desde que este comenzó, con sus continuas contradicciones, han dado a entender que no buscan realmente la independencia sino únicamente escenificar y difundir mediáticamente demostraciones de poder destinadas a lograr ocultos intereses. Demostraciones de poder, para cuya realización cuentan con un sutil apoyo y elevada  complicidad  desde los poderes del Estado, por ejemplo, desde el Poder Judicial. Es muy llamativo, que  la agencia de calificación de riesgo Fitch, a pesar de la coyuntura  de Cataluña, que es de presagiar que provocara efectos negativos para la economía española, ha subido un escalón el rating de España, hasta A-, ello se puede deber a dos razones. Una, oculta información reservándola para clientes selectos, como ocurrió en la crisis del 2008, o dos,  tiene información privilegiada de los principales actores de la crisis catalana que le permiten vaticinar que dicha crisis no avanzara. Los poderes del Estado, declarada la DUI,  dejaron que Puigdemont huyera de España refugiándose en Bélgica; luego el Poder Judicial no aplico la euroorden; contra toda lógica y racionalidad política hoy Puigdemont vuelve a ser candidato a presidir el Gobierno autonómico de Cataluña, moviéndose con total libertad por Europa haciendo propaganda política. ¿Acierta Fitch con su análisis? ¿Sera todo una pantomima sin repercusión sobre la economía española o solo no afectara negativamente a las deudas contraídas por España con inversores extranjeros? 

martes, 16 de enero de 2018

¿QUIEN SERA EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE CATALUNYA? PUIGDEMONT, SU HOLOGRAMA,…

La democracia es, metafóricamente hablando, una hermosa mujer que la gran mayoría de los ciudadanos desean, políticamente hablando. Pero, también es frágil y débil. Fragilidad y debilidad de las que se están aprovechando  sectores de las elites dirigentes españolas para utilizarla en beneficio propio y obligarla a aceptar y defender lo que no es propio de su condición. La joven democracia española no ha sido protegida como se merecía por los poderes y las instituciones del Estado. Terrorismo de Estado; flagrantes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, realizadas con total impunidad; corrupción política basada en reiterados actos prolongados en el tiempo; la elevada desigualdad económica; la alta brecha salarial; un elevado porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social; un modelo fiscal injusto; que se haya roto el compromiso de revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC; o la serie de hechos que constituyen la crisis política,  institucional y territorial catalana, son algunas de las más importantes violaciones de que ha sido objeto la joven democracia española.

Las elites políticas españolas no han respectado la democracia española, creyeron que contar con el respaldo de la voluntad de las urnas, suponía obtener carta blanca para todo, creyeron que  les daba derecho a violarla, a no respectar sus leyes. Y así ha sido durante décadas. Un silencio cómplice desde todas las instituciones del Estado ha permitido que muchos de aquellos que han gobernado cometieran todo tipo de abusos e ilegalidades en beneficio suyo, de su entorno o de su familia política. Pero dicho silencio se ha roto. Por razones que no están claras o que yo por lo menos desconozco, lo que antes no se investigaba, hoy se investiga y se da a conocer a la opinión pública, aflorando así la podredumbre que había en la Casa Real (Caso Nóos), en los partidos políticos, en diferentes instituciones del Estado, e, incluso, en los sindicatos.  

La Audiencia de Barcelona acaba de emitir sentencia por el caso Palau, condenando a Convergencia Democrática de Cataluña, partido que ha gobernado durante décadas en Cataluña, por el cobro de comisiones ilegales de la constructora  Ferrovial a cambio de la adjudicación  de obras públicas. En asunto es relevante por tres razones. Primera, por el tiempo que duraron las mordidas, según la sentencia, como mínimo desde  1999 al 2009,  sin que estas fueran detectadas desde los mecanismos de control del Estado, algo verdaderamente insólito y poco creíble. Segunda, porque no está claro quien se benefició de dichas mordidas, pero sí que el  expresidente Jordi Pujol tenía  una fortuna en el extranjero sin declarar, según él, fruto de una herencia de su padre. Tercera, porque dicha condena abre la duda sobre por qué los dirigentes de CDC, hoy Junst per Catalunya, han impulsado el proceso independentista ¿Han tensionado la vida política española para lograr la independencia o como una forma de presionar al Estado para evitar que su partido fuera condenado?

Los resultados de las elecciones catalanas del 21-D y los discursos políticos que se han emitido desde entonces, hacen presagiar que mañana al constituirse el Parlament de la XII Legislatura de Cataluña, se utilizara otra vez la debilidad de la democracia española para tensionar la vida política española, en beneficio de los intereses particulares de las elites independentistas burguesas catalanas, en concreto, en beneficio de Carles Puigdemont y su partido, Junts per Catalunya, el cual acaba de ser condenado a devolver 6,6 millones de euros, lo cual puede suponer su desaparición. Obligando a la democracia española a aceptar y decir lo que es contrario a su esencia, pues es de Perogrullo, de cajón, que difícilmente se puede representar la soberanía popular sin estar presente en las instituciones para las que uno ha sido elegido en las urnas. Que Puigdemont quiera que se permita la votación y el juramento de forma telemática, de él y del resto de fugados, para que así puede ser investido presidente estando refugiado en el extranjero, es lógico, lo que no es lógico es que desde los poderes del Estado, en concreto, el Poder Judicial y el Gobierno de España, se le esté dando juego a Puigdemont, se esté favoreciendo que dicho proceso se pueda producir. Y en mi opinión, es precisamente esto último, por insólito, por no tener precedente en una democracia, por imposible de creer, lo preocupante.

Cuando ya se creía que la aplicación del 155 significaría la puntilla para el proceso independentista catalán, cuyos líderes dicen que desean lograr la independencia sin enfrentarse a los poderes del Estado español, resulta que no. Declarada la DUI, los poderes del Estado dejaron  que Puigdemont huyera al extranjero, no aplicaron la euroorden para limitar sus movimientos, permitieron  que se presente a las elecciones del 21-D, su holograma o ni siquiera eso recogerá su acta de diputado, y tal vez pase a ser el primer presidente ausente de Catalunya. ¿Todo ello para qué? Todo indica, que desde el Estado español se está favoreciendo que Puigdemont y sus desconocidos e importantes apoyos, muchos de ellos extranjeros, puedan seguir exigiendo ocultas reivindicaciones que nada tienen que ver con lograr la independencia de Catalunya.  

sábado, 6 de enero de 2018

LA CELEBRACIÓN DE LA PASCUA MILITAR PONE EN EVIDENCIA, UNA VEZ MAS, LA AMBIGÜEDAD EN EL MANDO.

El rey Felipe VI ha presidido hoy la celebración de la Pascua Militar, poniendo de manifiesto un año más, que la democracia española sufre desde su comienzo un importante  anacronismo, al otorgar la Constitución al Rey no solo la Jefatura del Estado, sino también el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Que la Casa de Borbón ostente el mando supremo de las Fuerzas Armadas, con carácter hereditario, podría tener algún sentido en la época de Carlos III, que fue quien instauro este celebración para conmemorar la toma de Menorca a los británicos en 1782, pero en un estado moderno y democrático, no tiene cabida, al ser un poder que carece de legitimidad democrática, y además, no tiene sentido, al no ser reconocido dicho mando a nivel internacional, por ejemplo, en el seno de la NATO.

Tal anacronismo, que el constituyente ha introducido  en el sistema político democrático española jugando hábilmente con las palabras, de tal forma que se habla de que la Constitución sitúa  por encima de las Cortes Generales y del Gobierno al Rey institucionalmente, pero no en poder político, algo fácil de redactar pero difícil de materializar,    afecta de forma negativa al funcionamiento de las Fuerzas Armadas.  No solo al estar sus miembros sometidos a valores que chocan con los valores que deben imperar en una democracia, sino también de forma operativa, pues provoca ambigüedad sobre quién  sería  el mando supremo de las Fuerzas Armadas, en el caso de que Gobierno y Casa Real tuvieran decisiones distintas sobre un tema importante, por ejemplo, en caso de guerra. Hoy en la Pascua Militar, el presidente del Gobierno democráticamente elegido, Mariano Rajoy, ha tenido que ceder la palabra a su subordinada, la ministra de Defensa, María  Dolores de Cospedal, simbolizando así, que en la cadena de mando del Ejército español después de ella está el Rey. Y es que el papel todo lo acepta, hasta que llega el momento de la verdad, entonces,  el poder político democráticamente constituido  tiene que subordinarse a la Casa Real, a un poder que carece de legitimidad democrática, algo totalmente inaceptable en un Estado democrático. Es evidente, que  es necesario y urgente abrir un debate sobre cuál debe ser el rol que el rey Felipe VI debe jugar en la estructura del Estado, buscando eliminar ambigüedades, tan importantes, como  la de  quien ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Que el rey Felipe VI sea el mando supremo de las Fuerzas Armadas es un anacronismo que impide  el total desarrollo democrático de España, y por tanto, en mi modesta opinión, debería ser eliminado de la Constitución, algo a lo que el rey Felipe VI debería contribuir, renunciando a ostentarlo.