jueves, 23 de febrero de 2017

UN PODER JUDICIAL SOMETIDO A LA CASA REAL, DEJA EN LIBERTAD A URDANGARIN.

Después de 5 años de instrucción e investigaciones policiales, 5 meses de juicio oral, y otros 8 meses de reflexión del tribunal para emitir sentencia, el juicio por el caso Nóos se ha cerrado, pendiente de recursos a instancias superiores, sin que nadie entre en la cárcel.  La Audiencia Nacional de Palma de Mallorca ha dejado a Inaki Urdangarin en libertad sin fianza, a la espera que recurra ante el Tribunal Supremo la sentencia que le condena a seis años y tres meses por el caos Nóos. Además, las tres juezas que han juzgado el asunto, Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, consideran que Urdangarin podrá seguir viviendo en Suiza, debiendo presentarse ante la  autoridad judicial suiza el día primero de cada mes. Cuando un personaje que ocupa un rol importante, de poder,  en la sociedad española, es condenado por un delito económico se habla siempre de lo mismo, de que se imponen  condenas desproporcionadas. Tal vez, en algún caso, pero también es cierto que los de arriba solo se manchan las manos para recoger dinero. Siendo importante recordar, que Al Capone fue a la cárcel por un delito fiscal, a pesar de que las autoridades americanas, su gente, y sus enemigos sabían que él era el jefe y por tanto responsable de numerosos crímenes.

¿Sorprende la decisión de las juezas? No. Hay que tener en cuenta que se estaba juzgando a una persona, Inaki Urdangarin,  que tiene el apoyo público de una familia, La Casa Real de Borbón, a la que la Constitución Española le dedica un título, el Titulo II. Estamos hablando de una persona que cometía delitos gracias al respaldo de una familia que ocupa la Jefatura del Estado; estamos hablando de una persona que tiene el apoyo público de una familia que ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas y en nombre de cuya cabeza visible, el Rey, el Poder Judicial administra justicia. 

La sentencia del caso Nóos, aunque descarada, no nos sorprende. Desde que empezó la instrucción en el 2010, ha transcurrido mucho tiempo, suficiente para que la Casa Real la pudiera cocinar  de forma beneficiosa para Urdangarin. Desde el 2010 aunque no ha bajado el precio de la luz, sino subido, ha llovido mucho en España, han pasado muchas cosas importantes y significativas. Recuerdo algunas : El ex presidente de la Generalidad de Cataluña,  Jordi Pujol, ha reconocido que había ocultado a la Hacienda Pública, durante 34 años, una importante cantidad de dinero, todo ello acompañado con la implicación de sus hijos en numerosos asuntos judiciales todavía por juzgar. Durante este tiempo, el independentismo catalán ha tomado forma, presionando al Gobierno de España con la realización de un referéndum secesionista. Historia que no sabemos cómo acabara pues hay numerosos indicios de que el presidente Rajoy está intentando aprender catalán en la intimidad, con reuniones secretas con el actual presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, seguramente para poder logar algún pacto como los que logro el expresidente Aznar. Y también durante este tiempo el mapa político español se ha fraccionado, surgiendo dos nuevos partidos de dimensión nacional, Ciudadanos y Podemos, dificultando la gobernabilidad de España. Curiosamente, el juez que debía presidir el tribunal encargado de juzgar el caso Nóos, Pero Yllanes Suárez, dejo la judicatura para pasar a ser diputado nacional por Podemos, ocupando su puesto la juez   Samantha Romero. 

Si leemos, no la sentencia que han emitido  las tres señoritas que constituían el Tribunal, sino el sumario, o sea,  la instrucción que provoco el juicio, llegamos a la fácil conclusión de que Inaki Urdangarin ha contribuido de forma clara a dos cosas. Primera, a desacreditar la Monarquía, el Poder Judicial, y la imagen exterior de España. Los hechos relatados en el sumario dejan claro dos cosas. Primera, que es imposible que Urdangarin realizara ningún tipo de actividad sin que se enterara la Casa Real. Segunda, que lograba contratos con la Administración, por servicios que no prestaba o sobrevaloraba, gracias a ser quien era, gracias a contar con el apoyo de la familia que ocupa la Jefatura del Estado. El Poder Judicial ha quedado también desacreditado, quedando claro que en España no se administra justicia en nombre del Rey, sino que la Casa Real ejerce un  total control sobre la justicia española, anulando el Estado de Derecho, y privándola de independencia e imparcialidad. Urdangarin también ha contribuido a desacreditar la imagen exterior de la democracia española, dañando uno de sus pilares fundamentales, el principio  de igualdad ante la ley, al dar a conocer que aquellos que disfrutan del respaldo de la Casa Real pueden actuar al margen de la legalidad vigente, con total impunidad,  sin temer consecuencias de ningún tipo. Además, Urdangarin ha aportado una razón más para que no se pueda hacer una reforma importante de la actual Constitución Española. La sentencia del caso Nóos representa una clara tomadura de pelo a todos los españoles y ello va a provocar, que hoy más que ayer, en España haya una mayoría no monárquica.

Hoy el presidente Rajoy, en una rueda de prensa, ha dicho dos cosas que me parecen interesantes, mención de recordar y analizar. Ha dicho “Hay que respetar las decisiones de los tribunales” “Si no se cumplen las reglas acabaremos teniendo un problema”. Las decisiones de los tribunales hay que respectarlas cuando estas son justas, cuando los tribunales respectan el principio de igualdad ante la ley y los jueces emiten sus sentencias dentro del marco de la legalidad vigente. Si no es así, como ocurre en muchas ocasiones en España, las decisiones de la justicia hay que criticarlas y denunciarlas allí donde proceda, tanto a nivel interno como internacional. Por otro lado, comparto con el presidente Rajoy su afirmación de que si no se respectan las reglas de juego propias de toda democracia España va a tener más de un problema. Por eso, sería importante que las elites dirigentes españolas antes de ordenar sobrepasar importantes límites,  recordaran el pasado. Recordaran,  entre otras cosas,  que ya hubo una   época en la que España estuvo, en importantes aspectos, aislada de las principales democracias occidentales, para así no volver a caer en los mismos errores.

miércoles, 22 de febrero de 2017

LOS ESTIBADORES AMENAZAN AL GOBIERNO CON ¿ PRIVILEGIOS O HUELGA?

La elevada desigualdad económica es el principal problema que ha tenido España a lo largo de la historia, causa de otros muchos problemas, incluso podríamos decir que fue caldo de cultivo de la Guerra Civil,  la cual  en los últimos años se ha vuelto a incrementar de forma notable. Las elites dirigentes burguesas españolas siempre han sido partidarias de una muy desigual distribución de la riqueza. Lograda, principalmente, de dos formas. Imponiendo una política de muy  bajos salarios, y utilizando el sistema educativo de forma discriminatoria, para segregar a los ciudadanos, impidiéndoles, o como mínimo reduciendo, el acceso a altos niveles  de titulación a las nuevas generaciones procedentes de los estratos más bajos y desfavorecidos de la sociedad española. Al impedirles el acceso al conocimiento les condenaban sutilmente a  ocupar los puestos peor pagados de la sociedad. Un gran error, pues está demostrado que las naciones que más han logrado desarrollarse y progresar a lo largo de la historia  son aquellas en las que sus elites dirigentes ha permitido una más equitativa redistribución de la riqueza y han  apostado por aumentar el nivel educativo del conjunto de la sociedad, no limitándolo únicamente a una  pequeña elite rica y burguesa.

Lo anterior, que es de sobra conocido por la opinión pública y por la casta política, lo he querido utilizar para empezar a hablar del asunto de los estibadores. Sector laboral cuyos trabajadores disfrutan de unos sueldos irracionales, desproporcionados,  como otros muchos sectores de la sociedad española, todo hay que decirlo, lo cual contribuye a que exista en España una elevada desigualada económica. Estibadores, que  siguen intentando someter a chantaje al Estado, a la sociedad española y a las empresas que utilizan los puertos españoles, amenazando con una huelga de 9 días, que comenzaría el 6 de Marzo, si el Gobierno legisla a favor de liberalizar el sector de la estiba en España, es decir, si autoriza el libre establecimiento de empresas dedicadas a la estiba y la libre contratación de trabajadores, hoy controlada de forma mafiosa por la denominada SAGEP  (Sociedades Anónimas de Gestión deTrabajadores Portuarios). Liberalización que desde ya hace tiempo exige la UE a España, hasta el punto que el asunto ha llegado al Tribunal Europeo de Justicia, el cual ha dicho, algo que era de cajón, algo evidente,  que España incumple la normativa comunitaria al no respetar la libertad de establecimiento y contratación.

Las condiciones laborales de los estibadores se resumen en: 6 horas laborables al día, 20 días al mes, y ello a cambio de alrededor de 70.000 euros brutos anuales. Para más inri, un elevadísimo porcentaje de puestos laborales  son heredados, de forma endogámica, y por tanto  ilegal, por los hijos de antiguos trabajadores. Con esas condiciones de trabajo, deseables incluso por muchos profesionales con una mayor cualificación que la que se requiere para ser estibador, debemos preguntarnos ¿Por qué amenazan con ir a la huelga? La razón está clara: La liberalización del sector provocara la automática perdida de muchos de los privilegios que hoy tienen, entre otras razones, al  pasar el sector a estar sometido a la ley de la oferta y la demanda. Primero, liberalizar el sector obligara al Gobierno a tener que disolver la mafiosa organización de la Sagep, la cual en este momento tiene la capacidad de decidir que trabajador español  puede o no trabajar en la estiba. Segundo, la entrada de nuevos trabajadores va a provocar que en el sector haya salarios más racionales y acordes a las cualificaciones de los trabajadores.

¿Cómo se ha podido dar esta situación, durante tantas décadas, pues viene de la época de la dictadura militar,  en un país que tienen una economía basada en el libre mercado y que además es un Estado democrático? La respuesta también está clara. Durante décadas, ha  habido una clara connivencia entre la SAGEP, Anesco (Patronal de la estiba) y el Gobierno de España, de alguna forma todos se beneficiaban de esta situación. La Sagep controlaba de una forma monopolística, mafiosa  y endogámica el sector.  El Gobierno se quitaba de encima un conflicto, concediendo por ley a los estibadores unos privilegios  que se le niegan a otros trabajadores (Guía Laboral - Relaciones especiales de trabajo por cuenta ajena- Estibadores portuarios). Anesco, también se beneficiaba de la situación, al impedirse la  entrada de nuevas empresas ejercían el monopolio del sector, fijando con total libertad elevados costes por la actividad que realizaban, y los elevados salarios de sus trabajadores, no suponían para los empresarios menores beneficios sino mayores costes para  las empresas  que tenían la necesidad de utilizar los puertos españoles.

Debo de reconocer que no comprendo el apoyo que sectores de la izquierda española están dando al sector de la estiva, intentado justificar lo injustificable en una economía de mercado y en un Estado democrático. Intentando justificar la defensa de una situación laboral abusiva, injusta e ilegal, que representa conceder por ley a trabajadores y  empresarios de la estiba  unos privilegios que se les niegan a otros. Siendo un total defensor del derecho de huelga, creo que en este caso, el Gobierno de España debe actuar para garantiza que todos los trabajadores y empresarios españoles estén sometidos a la misma legislación, impidiendo abusivos privilegios que representan un chantaje al Estado, a la sociedad española, pues son los ciudadanos los que al final pagan los elevados costes de la estiba,  y a las  empresas que tienen que utilizar los puertos españoles. Las alternativas son pocas, el Gobierno puede hacer una de dos cosas. Uno, nacionalizar las empresas de estiba, disolviendo la Sagep, e integrando en la Administración a los estibadores con los  niveles y sueldos correspondientes a su cualificación. O, lo que está exigiendo al UE, liberalizar de forma inmediata el sector, disolviendo también la mafiosa organización de la Sagep.

viernes, 17 de febrero de 2017

SENTENCIA NÓOS: UN ESCÁNDALO Y UNA BURLA AL PUEBLO.

Las tres juezas encargadas de juzgar el caso Nóos, Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, según parece por unanimidad,  acaban de hacer pública la sentencia. Iñaki Urdangarin, para quien la Fiscalía pedía 19 años y 6 meses, ha sido condenado a 6 años y 3 meses. Su socio, Diego Torres, para quien el fiscal Diego Horrach pedía  16 años y 6 meses, ha sido condenado a 8 años y 6 meses de cárcel. Sentencia que todavía no es firme, sino que los condenados podrán  ejercer su derecho a recurrirla ante el Tribunal Supremo.

La única diferencia entre un ciudadano común y un juez, está en que el primero, el ciudadano, puede juzgar pero no emitir condenas, algo, que en los países en los que rige el Estado de Derecho es potestad únicamente de los jueces. Por tanto, voy a ejercer mi derecho de ciudadano.  Si uno lee mínimamente la instrucción del caso Nóos, por los hechos que se relatan, llega rápidamente a la conclusión de que  la sentencia que ha emitido el tribunal representa un escándalo, una burla del Poder Judicial al pueblo español, y sobre todo representa el poder  y la influencia que la Casa Real de Borbón, o sea, la Jefatura del Estado, ejerce sobre la justicia española, anulando por completo el Estado de Derecho.


El 20 de Julio de 2010, el  juez José Castro abrió el  caso Nóos. Iñaki Urdangarin fue imputado el 29 de Diciembre de 2011. La justicia española ha tardado más de  5 años en investigar e instruir el caso Nóos y 8 meses en emitir una sentencia. Como se suele decir “Para este viaje no hacían falta tales alforjas”. Es comprensible que el Poder Judicial quisiera darle un trato benévolo a la Infanta Cristina, entre otras cosas, porque por su pertenecía a la Casa Real, su condena perjudicaría de forma importante la imagen de la Jefatura del Estado, algo que en poco iba a beneficiar a la ya desacreditada democracia española. Y por consiguiente,  la sociedad española tuvo que ser testigo de cómo se decía que la Infanta no era responsable de lo que firmaba porque no sabía que firmaba, que dinero más mal gastado en su educación ¿Le habrán aprobado los exámenes únicamente por ser hija del Rey de España? Pero lo de Urdangarin clama al cielo. La instrucción del caso Nóos dio a conocer que  Urdangarin es responsable de haber cometió graves delitos en una democracia, pues utilizaba su posición social y el apoyo que tenia de la Casa Real para exigir cobros a la Administración, para exigir que cargos públicos le pagaran  por actividades que no realizaba o sobrevaloraba, para más inri,  el dinero que fraudulentamente recibía no lo declaraba a Hacienda, sino que lo ocultaba en el exterior, en paraísos fiscales. Indiscutiblemente, los hechos relatados en el sumario dan a conocer que  Urdagarin había organizado, con la ayuda de la Casa Real, lo que podríamos calificar como un sistema de cobro de impuestos paralelo a la Hacienda Pública.  Además, no deja de ser curioso que su socio Diego Torres, haya tenido una condena superior a la de Urdangarin,  sin haber este último llegado a ningún pacto con la justicia  previo a la sentencia, en concreto, con la Fiscalía. Sin ser experto en derecho, no voy yo a entrar a tipificar los delitos cometidos por Urdangarin, pero se supone que la Fiscalía si sabe tipificar, y su petición de condena ha sido rebajada a menos de la mitad, siendo, además, comparativamente más baja que otras condenas que la justicia española ha impuesto  por delitos similares. Ambas cosas,  dan a entender, que los monárquicos han utilizado su poder para condicionar el funcionamiento de la justicia española, beneficiando así a Iñaki Urdangarin, el cual hoy esperaba la noticia de la sentencia del caso Nóos en un país extranjero, en Suiza, protegido por escoltas públicos, que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos.  

jueves, 16 de febrero de 2017

EN LA MONCLOA RAJOY, LA SAGEP Y SUS APOYOS, ENFRENE.

Transcurridos más de 100 días desde que el presidente Rajoy ha tomado de nuevo posesión del cargo, después de haber estado casi un año en funciones, ha llegado el momento de preguntarse ¿Tiene España Gobierno? Evidentemente, la pregunta es compleja y ambigua, pues depende de lo que se entienda por tener gobierno. España tiene Gobierno en cuanto al hecho de que hay unas personas que se sientan en los bancos azules del Congreso de los Diputados, pero poco más. El actual Gobierno de España, al estar en minoría en el Congreso de los Diputados,  no tiene capacidad para tomar decisiones y aprobar leyes, al carecer del necesario apoyo parlamentario para ello. El fraccionamiento del mapa político español ha sido negativo para España, negativo para la sociedad española. Aquellos que lo defendieron y fomentaron sabían que iba a ser así, manipulando a la opinión pública para impulsarlo y lograrlo.  Debido a ello, ahora España se encuentra en una situación de ingobernabilidad, en la que es muy difícil que se le puedan dar soluciones políticas, acertadas, eficaces y duraderas  a temas importantes.

España está,  para lo importante, sin Gobierno. Dos claros ejemplos. Uno, el Gobierno no podrá aprobar los Presupuestos Generales del Estado  para el 2017 teniendo que prorrogar los del año anterior. Dos, el Gobierno, y en concreto el Ministerio de Fomento, carece del sufriente apoyo en el Congreso para aprobar el Decreto de liberalización de la actividad de estiba en los puertos españoles, liberalización que exige  a España,  de forma inmediata, la UE. El tema de los Presupuestos es de sobra conocido.  Para apoyarlos, el Gobierno necesitaría el apoyo de los socialistas o de los nacionalistas, por ejemplo, PNV, más Ciudadanos. El presidente Rajoy fue investido gracias al apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE. Pero el apoyo de Ciudadanos, además de no  ser suficiente, parece ser  inconsistente, Ciudadanos se reserva el derecho,   de apoyar o no al Gobierno, no sabiéndose que exigiría y decidirá a la hora de aprobar unos nuevos Presupuestos.

El asunto los estibadores es todavía más grave que el de los Presupuestos. Pues refleja una España sin Gobierno, con un Estado sometido al chantaje mafioso de un sector de trabajadores. El sector empresarial de la estiba es, al igual que otros muchos, todavía hoy heredero de unos privilegios concedidos para contentar a determinados sectores sociales, laborales,  durante la época de la dictadura militar. Se mire como se mire el asunto de los estibadores es infumable. En una democracia, que tiene una economía basada en  libre mercado, donde libertades como la libertad de empresa y la libertad de contratación, deben estar garantizadas por el Estado, no tiene cabida que una organización como la Sagep tenga el monopolio de quien puede o no realizar la actividad de estiba. El Gobierno ha decidido retrasar la aplicación del Decreto de liberalización. El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha dicho que todavía hay margen para que los estibadores y la patronal resuelvan sus diferencias. Es evidente, que por razones que desconozco, el Gobierno quiere, como se suele decir de forma coloquial, “escurrir el bulto” es decir no asumir sus obligaciones.

Cuando un sector empresarial disfruta de privilegios es siempre porque disfruta de fuerza política. No están claros todavía los apoyos políticos con que cuentan los estibadores, y en concreto su cúpula, la Sagep. El secretario general de Ciudadanos, Albert Rivera, les ha dado ya su apoyo, siendo tremendamente curioso que un partido de ideología liberal se oponga a la liberalización de un sector económico, no sé qué pensaran de ello sus colegas liberales europeos. Está claro que Albert Rivera tiene algún interés  oculto en este asunto. El PSOE, seguramente debido a su situación interna, no  ha dejado claro todavía  cuál es su postura al respecto, pero importantes dirigentes del partido se han pronunciado en contra de quitar privilegios a los estibadores. Siendo el asunto de los estibadores muy parecido al de los controladores aéreos, parece ser que los socialistas no tienen esta vez  tan clara su postura. El Gobierno del ex presidente Zapatero, aprobó una nueva ley destinada a sacarle a los controladores aéreos algunos  de sus privilegios, en concreto,  de naturaleza salarial. Y la aprobó justo en los últimos meses del 2010, sabiendo que ello iba a provocar problemas, ya que muchos controladores iban a cumplir con las horas de trabajo que le exigía la nueva legislación laboral antes de finalizar el año. Todo ello porque el Gobierno del ex presidente Zapatero quería aprovechar la reforma del control aéreo para  hacer una demostración de poder, cerrando el espacio aéreo, decretando el estado de alarma, y tomando las torres de control aéreo de los aeropuertos, con miembros de las Fuerzas Armadas, cuyo JEMAD era en aquel momento el general Julio Rodríguez, actual dirigente de Podemos. Curioso, ¿No?


Al Gobierno de España se le podría aplicar el viejo dicho mexicano de “Aquí vive el Presidente, el que gobierna, enfrente. Es decir, que en la Moncloa esta Rajoy, pero quien decide es la Sagep y los apoyos políticos con que cuenta en España. El asunto de los estibadores, como ha dejado claro la Comisión Europea, no es un problema entre la Sagep, que controla de forma mafiosa la actividad de estiva, y la Patronal, sino entre la Sagep y el Estado, y por tanto, es el Gobernó el que debe darle una solución justa, legal, propia de un estado democrático y  de una economía de libre mercando. 

martes, 14 de febrero de 2017

LA ESTIBA, UN CLARO CASO DE DEJACIÓN POR PARTE DEL ESTADO.

La igualdad ante la ley, es un principio considerado  esencial de la democracia. Reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en la Constitución Española de 1978. ¿Pero son todas las personas iguales ante la Ley? Da la impresión de que no. Por un lado, es evidente, que la Justicia no trata de forma igual a ricos y pobres, de ahí que haya abogados que tienen muy altos honorarios porque garantizan a sus defendidos un mejor trato por parte de los órganos del Estado encargados del administrar justicia. Además, en algunos Estados, cuya democracia es de baja calidad, como es el caso de España, el Poder Judicial es utilizado por las elites dirigentes como un instrumento con el que ejercer represión contra ciudadanos pertenecientes a  sectores más desfavorecidos de la sociedad, con los que tienen algún tipo de conflicto de interés o a los  que simplemente desean someter. Por otro lado, es conocido que determinadas situaciones, que representan la vulneración de las leyes vigentes, se producen  porque hay una clara dejación por parte del Estado, surgiendo un Estado fallido, que dependiendo de a quien,  le obliga o no a cumplir legislación vigente.

Algunos dirigentes  políticos, famosos, y  personalidades en general, personas muy conocidas   de la  sociedad española, logran defraudar a Hacienda. Grandes empresas logran durante años maquillar sus cuentas anuales, perjudicando así a terceros. O lo que está ocurriendo con el sector de los estibadores, son claros ejemplos de que se ha producido dejación por parte del Estado en sus obligación de garantizar que las leyes se aplican por igual a todos los ciudadanos. Permitiendo así que  personas o sus empresas  realizaran sus actividades al margen de la ley. Por ejemplo, es inconcebible que un ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Hacienda, Rodrigo Rato, lograra defraudar a Hacienda sin que hubiera una cierta complicidad desde dentro del Estado. Por ejemplo, es inconcebible, impensable, imposible,  que una entidad como Bankia pudiera salir a bolsa con unas cuentas maquilladas sin una cierta connivencia, dejación, por parte del Estado, en concreto de los órganos encargados de supervisar su actividad, en concreto del Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores. Evidencia, que ha tenido que acabar por aceptar la Audiencia Nacional, imputando al ex gobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez y al ex presidente y ex vicepresidente de la CNMV, Julio Segura y Fernando Restoy, respectivamente. Pero sin lugar a dudas, el caso más escandaloso de dejación del Estado es el de los estibadores, permitiendo el Estado,  que estos trabajadores y las empresas a las que pertenecen, realizaran su actividad sin verse sometidos a la legalidad. Legalidad, leyes y normas, a la que si se ven sometidos aquellos trabajadores que realizan otro tipo de actividades empresariales y profesionales.

El Estado ha permitido que un grupo de trabajadores, los conocidos como estibadores, personal que se dedica a realizar la función de carga y descarga en los puertos, realizara su actividad  disfrutando de privilegios, entre los que destacan el funcionamiento endogámico de las empresas que realizan dicha actividad, y monopolización del sector impidiendo que entraran en el mismo nuevas empresas. El Estado ha permitido que los estibadores controlaran a  través de Sagep (Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios)  la actividad de estiva,  de forma abusiva, decidiendo a quien podían o no contratar y que empresas podían o no realizar dicha actividad. Exigiendo, gracias a ello, salarios desproporcionados. El derecho de huelga es un derecho fundamental, que los trabajadores incluso deben poder utilizar para reivindicar privilegios, como por ejemplo, una salario desproporcionado y no acorde a su cualificación, como es el caso de los estibadores. El  salario bruto de un estibador es de  alrededor de  70.000 euros anuales. Derecho fundamental que el Estado no debe negar a ningún trabajador, ni siquiera,  a los estibadores. Pero también es cierto que el Estado debe legislar para que un sector de trabajadores no pueda, de alguna forma, por ejemplo, utilizando el derecho de huelga, extorsionar al Estado, o a la sociedad, o a otras empresas. Extorsión que de forma clara si están realizando en estos momentos los estibadores, aprovechándose de  la fuerza que les proporciona que el Estado les permita que monopolicen la actividad de estiva impidiendo la entrada de nuevas empresas y más trabajadores no pertenecientes a su entorno.

Debo de reconocer que no comprendo el apoyo que sectores de la izquierda española están dando al sector de los estibadores. Desconozco en que se fundamenta, desconozco por qué quieren conceder  a unos trabajadores privilegios  que se les niegan a otros. Privilegios, que para más inri repercuten de forma negativa en la competitividad de los puertos españoles. Conceder privilegios a unos trabajadores únicamente por su capacidad de lucha violenta y presión sobre la actividad económica del país, es un peligroso  error. Que pasaría, por ejemplo,  si mañana la   Guardia Civil utiliza su fuerza para exigir al Estado mejores suelos, menos horas de trabajo, etc. Lógicamente, sería el caos, caos que no creo que desee ni convenga a nadie. Por tanto, en mi opinión, el Estado no debe conceder privilegios a trabajadores,  en función de la forma, la violencia, etc,  con que estos los  reivindiquen. El Gobierno de España debe liberalizar lo antes posible la actividad empresarial de la estiva en los puertos españoles, para que así disminuya la capacidad de presión de aquellos que hoy la controlan de forma abusiva, injusta, e inaceptable en una democracia.

domingo, 12 de febrero de 2017

PP Y PODEMOS, DOS CONGRESOS CON UN MISMO SIGNIFICADO: CONTINUISMO.

Este fin de semana han tenido lugar los congresos, del PP y Podemos, dos importantes congresos cuyos resultados van a condicionar, entre otras cosas, el devenir político de España. Dos congresos, que en contra a toda lógica propagandística y mediática, por casualidad o muy probablemente deseando escenificar algo, han coincidido en la fecha de su realización. Los partidos políticos organizan congresos, más que para debatir sobre ideas y programas electorales, para que sus principales dirigentes se den un baño  de masas, y se ratifique y escenifique su poder, tanto a nivel interno como a hacia fuera, aprovechando para mandarle a la sociedad sutiles  mensajes como los de “Mirar que grande somos”, “Que poder tenemos”, “Que unidos estamos”, mensajes que no siempre responden a la realidad interna del partido que los envía. Los congresos de PP y Podemos,  no solo han coincidido en la fecha de su realización sino también en tener resultados similares. Lo ocurrido en ambos partidos se puede resumir en una única frase “Los que entraron con poder, salieron con el mismo poder”. O incluso en una simple palabra “Continuismo”.

El XVIII Congreso del PP ha dado a conocer que su actual presidente Mariano Rajoy, tiene el control total, nadie, como si había ocurrido en épocas anteriores, cuestiona ahora su liderazgo, y es lógico, no hay nada que una tanto como gobernar y tener la posibilidad de repartir la tarta que representa la gestión de los Presupuestos Generales del Estado.  La duda sobre si María Dolores de Cospedal podría  compatibilizar su cargo de Secretaria General con el de Ministra de Defensa, ha quedado aclarada, con la decisión de que los cuadros del PP puedan tener a la vez y compatibilizar diferentes cargos. En el discurso de cierre del Congreso, el  presidente, Mariano Rajoy, además, de decir lo que se suele decir en este tipo de actos, y defender las ideas de siempre, ha reiterado   la lealtad a la Corona del partido que lidera, y ha dedicado mucho tiempo a Cataluña, en la línea de la postura que viene adoptando desde hace ya tiempo frente a los deseos separatistas del nacionalismo catalán. Reiterándose en su decisión de que el Gobierno de España impedirá que se celebre un referéndum secesionista en Cataluña. Lo más anecdótico del XVIII Congreso ha sido, sin lugar a dudas, la ausencia de su anterior presidente y ex presidente del Gobierno de España, José María Aznar. Personaje, José María Aznar, al que Rajoy ha recordado en su discurso. A pesar de que Aznar dejo la presidencia de honor del PP hace unas semanas, es una extraña ausencia, que pueda significar alejamiento ideológico o acercamiento de Aznar al banquillo de la justicia.

En el Congreso de Vistalegre II  de Podemos, el chico de la coleta, Pablo Iglesias, que recibía becas del ex presidente Aznar, y de su entorno, como por ejemplo, del ex presidente del Consejo de Administración de  Caja Madrid, Miguel Blesa,  se ha confirmado y consolidado como líder indiscutible de Podemos. Siempre he pensado que Podemos era un partido creado como anillo al dedo para Pablo Iglesias, partido que en su lanzamiento conto con un fuerte apoyo de sectores de la derecha española, apoyo que incluso llego a traducirse en votos, traspasados  a través de influencias de naturaleza clientelar de la derecha a Podemos. Pero también debo de reconocer, que el hecho de que el diputado nacional Íñigo Errejón, que dirigía la Secretaria Política, le echara, por lo menos en apariencia, un pulso de poder, me hizo dudar. Dicha duda ha quedado hoy aclarada, Podemos ha sido creado para ser liderado por Pablo Iglesias. No hay duda,  Iglesias y su equipo, entre el que se encuentra nada más y nada menos que un ex JEMAD, el general del Ejercito del Aire,  Julio Rodríguez, están arriba, son los de arriba, representan hoy la cúpula de comunismo internacional en España. Y han llegado a esta posición, a ocupar dicho rol en el mapa político español, gracias a contar con el apoyo de  importantes y poderosos sectores de la corrupta derecha española, como es por ejemplo, el fuerte y continuo apoyo mediático que les da el Grupo Planeta, incluido, de forma muy sutil,  el monárquico periódico,  La Razón. Un cierre del Congreso de Podemos que considero una muy  mala noticia. Podemos, era y seguirá siendo, por algunas de sus ideas y por sus vinculaciones internacionales, una amenaza para la democracia española. Vinculaciones internacionales, entre otras,  de financiación exterior de países como Irán, que casualmente el Poder Judicial español no considera importante investigar. Podemos es, sin lugar a dudas, un barco, un Prestigie, que nos amenaza, que amenaza España, que amenaza el sistema democrático, la convivencia, la seguridad, la paz. Es un Prestige al frente de cuyo timón va Pablo Iglesias, pero que navega gracias al combustible que le suministran sectores de la corrupta derecha española, combustible que de diferentes formas y a través de diferentes fuentes  paga el comunismo internacional y  afines, como por ejemplo, Irán.

viernes, 10 de febrero de 2017

TRUMP UNA AMENAZA, PARA EL PENSAMIENTO ÚNICO.

Nunca antes, en la historia de los Estados Unidos un Presidente había sido objeto de tanto rechazo a nivel internacional, como el que está teniendo el presidente Donald Trump. ¿Por qué? ¿Que causa el enorme rechazo que sienten algunos dirigentes, en concreto europeos, hacia Trump? En mi opinión, la causa está clara. Trump se ha salido de la espiral del silencio que genera el pensamiento único político que hoy impera en Occidente, y concretamente, aquí, en la UE. Un pensamiento único basado en la difusión y defensa de políticas que perjudican los interese del gran mayoría de los ciudadanos y que se sustenta en  grandes  falacias. Un pensamiento único que está provocando de forma clara decadencia política, social,  económica y militar.

Cito algunas de las falacias que constituyen dicho pensamiento único: El Poder Judicial es independiente, la prensa es independiente.  La UE es un espacio de seguridad, libertad y justicia, y  en el que se garantiza la defensa de los derechos Humanos. La inmigración masiva, bien sea por razones económicas o políticas, o sea, refugiados, es positiva para los países de destino. O más de índole económico como son: La libre circulación internacional de capitales, bienes y servicios, es positiva. Importar en vez de producir, y la deslocalización de empresas,  son también positivas. Los tratados de libre comercio son siempre positivos. Un pensamiento único que no es atacado ideológicamente únicamente por la fuerza de la espiral del silencio que han logrado crear sus defensores, pues todo el mundo sabe que la justica no es independiente, todo el mundo sabe que la prensa defiende concretos intereses políticos, todo el mundo sabe que el fenómeno de la inmigración genera más problemas que beneficios para los países receptores, como lo confirma, por ejemplo, que la UE este estudiando apoyar económicamente al Gobierno de unidad nacional Libio, comenzando con 200 millones de euros, para que impida la salida de inmigrantes hacia la UE.

Un pensamiento único,  partidario de una mal entendida  tolerancia, que supone  defender los derechos de minorías culturales, raciales, religiosas, etc.,  aunque ello vaya en perjuicio de los derechos de la mayoría, y suponga inseguridad, injusticia e incluso violaciones de los derechos humanos. Un pensamiento único partidario de puertas abiertas a la inmigración masiva y organizada por las elites de los países de origen, aunque ello suponga incrementar la inseguridad, incrementar la conflictividad ciudadana y privar a los ciudadanos nacionales  de importantes derechos. Los inmigrantes no son solo números, son también personas, y sobre todo trabajadores, que compiten con los nacionales por los mismos puestos de trabajo, por los mismos servicios públicos y por ayudas sociales. Los inmigrantes son también trabajadores, demandantes de empleo, y es evidente que si saturas el mercado laboral de mano de obra ello va a provocar una inmediata y casi generalizada bajada  de salarios.

Un pensamiento único, partidario de importar en vez de producir, partidario de la deslocalización de empresas,  y de tratados de libre  comercio que favorezcan lo anterior, a pesar de que se conoce que sus efectos, como mínimo a corto y medio plazo, son muy negativos para lo que se conoce como países desarrollados, pues destruyen su tejido industrial, destruyendo  empleo e incrementando el paro. Los tratados de libre comercio son positivos únicamente cuando abarcan áreas y sectores económicos que se complementan y no compiten entre sí.  Cosas como la digitalización, el desarrollo de la robótica, el desarrollo tecnológico en su conjunto, no son las principales causas de los problemas que sufren las economías de los países desarrollados, problemas, como el elevado paro.  Como lo pone de relieve el hecho de que en el país en el que el desarrollo tecnológico, y la digitalización, son más fuertes, los Estados Unidos, tiene una tasa de paro muy baja. El desempleo que se da en áreas como la UE se debe a otras razones, diferentes al desarrollo tecnológico, como son las citadas anteriormente, excesivas importaciones, deslocalización, entrada masiva de inmigrantes  para los que no hay empleos, etc. Ante este  pensamiento único, Trump se ha declarado proteccionista, y ello asusta a sectores de las elites políticas europeas que ven amenazados  sus intereses particulares, propios, de sus familias y de su entorno. Trump es una amenaza, cierto, para las elites dirigentes europeas con intereses basados en el imperante y equivocado pensamiento único.