Ayer tuvo lugar el acto de apertura del Año Judicial. Como
en años anteriores dicho acto escenifico una anomalía democrática, al estar
presidido por el rey Felipe VI, dando así a entender que como contempla el
Titulo VI de la Constitución del 78, del Poder Judicial, la justicia en España
se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados, algo totalmente sin
sentido en una democracia. En una democracia la justicia emana del pueblo y la administra un Poder Judicial sometido al poder político que
emana de procesos democráticos. La figura del Rey en ese acto, presidiéndolo, liderándolo
como su cabeza visible, priva de legitimidad democrática al Poder Judicial, pues el Rey ni
pertenece a él ni ha sido puesto ahí de forma directa o indirecta por el
pueblo, como si por el contrario ocurre con el resto de miembros que representan
la cúpula del Sistema Judicial Español.
Como siempre ocurre en estos actos, los discursos son
cartas de amor, en las que se transmite a la audiencia, en este caso, a la opinión pública
española, lo que desea oír. Se habla de una justicia independiente, de que el Poder
Judicial garantiza el Estado de Derecho y la defensa de la legalidad vigente,
etc. Así lo ha hecho, por ejemplo, el presidente del Consejo General de Poder Judicial,
Carlos Lesmes. Lesmes ha hablado de un
Poder Judicial único e independiente que preserva el respecto a la legalidad
vigente. Lesmes también ha dicho que en España la libertad no se negocia, no está
en venta. Es decir, bellas palabras que la sociedad desea oír, pero que tienen
que ver muy poco con la realidad de la democracia española. En España el Estado
de Derecho está anulando, siendo el Poder Judicial un instrumento represor al
servicio de los intereses de sectores de las elites dirigentes. España es un país en el que ha habido
terrorismo de Estado, un país en el que, como dicen algunos medios periodísticos,
sectores de las elites dirigentes utilizan el terrorismo islamista para hacer
terrorismo de Estado. España es un país en el que se comercializa con los
derechos humanos dando ello lugar a que se cometan, sutiles, sistemáticas y flagrantes violaciones de los
derechos humanos. Y todo ello, con la total impunidad por parte del Poder
Judicial. Evidentemente, el Poder Judicial también arbitra, actúa, para resolver los conflictos que se
producen entre los diferentes grupos que constituyen las elites dirigentes, y
ello da lugar, por ejemplo, a los numerosos casos de corrupción política. Pero
poco más, la actuación del Poder Judicial español no es la propia de un Estado democrático
y de Derecho. El Poder Judicial vive anclado en otras épocas del pasado, en las
que las elites administraban justicia entre bambalinas, desde la oscuridad. Y ello,
la no adaptación del Poder Judicial a los tiempos modernos y democráticos que
vive España es debido, principalmente, a la influencia que sobre esta Institución
ejerce la Jefatura del Estado, a la que le interesa y mucho, que formas de
funcionar tradicionales del Estado no cambien, no se democraticen.
En la carta de amor de ayer del presidente
Lesmes al pueblo español, ha habido tres novedades. Primera, el presidente
Lesmes ha dejado claro el compromiso de la Institución que lidera con la
defensa del orden constitucional frente a las reivindicaciones secesionistas
del independentismo catalán. Dos, ha aprovechado para manifestar
reivindicaciones internas, entre otras cosas pidiendo más medios y mayores
retribuciones, textualmente ha dicho “la carrera
judicial ha sufrido mermas en sus derechos estatutarios y en sus retribuciones,
ha soportado incrementos notables en sus cargas de trabajo mientras que la
planta judicial apenas ha experimentado crecimiento”, resumiendo, que quieren
cobrar más y que el Gobierno convoque más plazas de jueces y magistrados. Tercera,
y no por ello menos importante, el presidente ha dejado claro en su discurso
que la influencia del crecimiento de la islamización en España, y de forma más general,
en la UE, ha llegado al Poder Judicial. A pocos días de que el terrorismo
islamista haya atacado en Cataluña asesinando a 16 personas, Lesmes, hizo un
alegato en defensa de los derechos de minorías de religión musulmana. Un
alegato en defensa de la diversidad cultural y en defensa de los refugiados. Y
me parece bien, aunque un alegato innecesario, pues dichas minorías, salvo
casos contados de muy pequeña dimensión, no están siendo todavía objeto de persecución ni en España ni en la UE. El presidente Lesmes también debería haber
hablado un poco de la necesidad de proteger a la sociedad española, no solo del
terrorismo islamista, cosa que no hace el Poder Judicial, sino también de otros
tipo de abusos, que se cometen en lo que él ha denominado espacio público, de
la conflictividad social que generan minorías, por ejemplo, grupos de religión
musulmana, por citar un ejemplo, en los
colegios publicos. Y me parece muy bien la preocupación humanista de Lesmes por
los refugiados, el problema es ¿Acoger a los refugiados a costa de que, y con qué
dinero? A costa de la seguridad de los extractos más vulnerables de la sociedad,
que es contra los que atenta él terrorismo islamista, que son los que sufren la
conflictividad que genera la inmigración de origen islámico, y con el dinero que se debería dedicar y no se
dedica a políticas sociales para mejorar su paupérrima calidad de vida. Me
parece bien la preocupación de Lesmes por los refugiados de origen islámico,
pero me parecería mucho mejor que, además, los miembros del Poder Judicial renunciaran
a incrementos en sus retribuciones para dedicar ese dinero para contribuir a costear el gasto que representa acoger a
refugiados, sirios, etc.
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