Hoy se celebra el 39
aniversario de la actual Constitución Española. Para su celebración las elites
dirigentes del país, su cara visible, la denominada casta política, se han reunido en el Congreso de los
Diputados. Teniendo en cuenta la actual situación política, social, de represión
y de violaciones de los Derechos Humanos que se vive en España, dicha reunión se asemeja mucho a esas fiestas
que la familia Corleone daba en alguna de las películas de la Trilogía de El padrino.
Fiestas a las que acudían todos los jefes mafiosos que aceptaban la supremacía de
los Corleone. Fiestas en las que algunas veces faltaba, el feje de la familia, el
conocido como el Padrino. Fiestas, que mientras transcurrían en un ambiente de alegría
y tranquilidad se utilizaban para dar la orden de ejecución de miembros de
familias mafiosas enemigas, o incluso de dirigentes políticos.
Hoy en la celebración del día de la Constitución que ha
tenido lugar en el Congreso ha faltado el Jefe del Estado, el rey Felipe VI. La
Constitución le otorga a Felipe VI un rol importante y con mucho poder en la
estructura del Estado, pero lógicamente, al haber sido designado para su cargo
por lo que se conoce como vía hereditaria, careciendo de legitimidad democrática,
las elites no consideran que sea oportuno que participe en actos organizados
por aquellos que dicen ser los representantes democráticamente elegidos del
pueblo. El Padrino no acudió hoy al Congreso.
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, con su comparecencia ante los medios y la
presidente del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, con su discurso han dado
a conocer, en mi humilde opinión, que comparten un mismo defecto, a mi parecer
muy grave, el de no ser conscientes de la realidad. Rajoy no es consciente de
la actual situación de la UE, de su debilidad como organización y de la desunión
que hay entre los Estados miembros. Rajoy cree que la UE lograra dotarse de una
defensa europea, un Presupuesto europeo, y
eurobonos, o sea, la mutualización de la deuda, algo que son simples proyectos que
cuentan con más rechazo que apoyo dentro de la UE. Lo de la presidenta Pastor
es todavía más grave, pues afecta a España. La presidenta Pastor no es
consciente de la situación de España. No es consciente de que hay dos claras
Españas. La España oficial, de éxito, la del pensamiento único, la que dan a
conocer los medios de comunicación, cuyas caras visibles son los dirigentes políticos.
Y la otra, la de gente común, la de aquellos que son objeto de represión
policial y judicial y privación de
derechos. La de aquellos que son objeto de violaciones de Derechos Humanos
ordenados desde las instituciones del Estado o contando con la complicidad de
estas. La de aquellos que sufren la desigualdad, la pobreza, los bajos
salarios. La de aquellos a los que la Constitución y el Estado de Derecho en
ella definido no los ampara, en beneficio siempre de los intereses de las
elites dirigentes.
Ana Pastor, como no podía ser
de otra manera, ha hecho un discurso en defensa de la Constitución del 78, reconociendo,
valorando y alabando el papel de aquellos
que la redactaron y aprobaron. Un discurso muy monárquico, en varias ocasiones
ha recuperado palabras tanto del rey Felipe VI como del rey Juan Carlos I,
obviando algo fundamental, el hecho de que la monarquía fue restaurada y Juan
Carlos nombrado Rey antes de aprobarse la actual Constitución. Para defender la
Constitución ha aludido principalmente al progreso logrado por España en las últimas
décadas. Pero en este caso también ha obviado algo importante. Siendo dicho
progreso real, pero más coyuntural que constitucional, más debido a cosas como
la entrada de España en la UE y el crecimiento generalizado de todas las economías
del mundo, que a la gestión política nacional, también es cierto que de él no
se han beneficiado por igual todos los sectores sociales. Mientras unos, entre
los que se encuentran la elites políticas, incluidos los dirigentes de Podemos que
dicen ser no casta aunque lo disimulan muy bien, se han beneficiado mucho, otros lo han hecho
muy poco. La democratización de la vida política española ha contribuido muy poco
a mejorar su calidad de vía de amplios sectores sociales que son afectados por
la elevada desigualdad o integran el porcentaje de población en riesgo de
pobreza.
La presidenta Ana Pastor, como
cirujano que es, sabe que lo importante no es la teoría, sino que esta se tenga
en cuenta con éxito a la hora de operar. El actual marco constitucional, en
cuanto a derechos y libertades de los ciudadanos es aceptable. Lo malo es que
es simple teoría, en la práctica no es respectado. No se respecta, ejerciéndose
represión judicial y policial contra humildes ciudadanos en beneficio de los
intereses de las elites. Ni siquiera se respecta al perseguir delitos. Anulándose
el principio de igualdad ante la ley. Y en este caso no me refiero a los
exduques de Palma, la Infanta Cristina y
su esposo Iñaki Urdangarin, que también, sino a Puigdemont. El Tribunal
Supremo, en concreto el magistrado Pablo Llarena, ha decidido no pedir la detención
en el extranjero de Puigdemont y su extradición, en concreto en Bruselas,
alegando que ello podría provocar que luego Puigdemont tuviera que ser juzgado
por menos delitos. En estos casos se suele decir “A otros con ese cuento”. La decisión
adoptada por el juez Llarena es totalmente arbitraria, impropia de en un Estado
de Derecho, en el que para bien o para mal, todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley. Con ella el juez Llarena
va a contribuir a mejorar la vida de Puigdemont y el resto de exconsejeros en
el extranjero, también facilitara que
puedan participar en la campaña electoral, por ejemplo, en la manifestación
convocada por la ANC en Bruselas el próximo 7 de diciembre, en incluso que
puedan entrar en España para votar o participar en algún acto que tenga lugar
en el Parlament. No sé lo que
quiere lograr son su decisión el juez Llarena, tal vez la explicación se pueda
encontrar investigando su patrimonio y
el de su entorno, en España, en Bruselas, etc.
El actual marco constitucional
en cuanto a derechos y libertades de los ciudadanos es aceptable, el problema
es que no es respectado por aquellos que dirigen las instituciones del Estado. La restauración de la
Monarquía ha impedido la plena democratización de España, favoreciendo que
España sea un país en el que se ejerce represión policial y judicial y se
cometen flagrantes y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos. La
restauración de la Monarquía ha impedido la democratización de importantes
instituciones del Estado, entre otras, del Ejercito, la Policía y el Poder
Judicial, instituciones en las que impera la corrupción, la ineficacia, la
arbitrariedad, a la vez que son por acción u omisión causa principal de muchos
de los abusos de que son objeto los ciudadanos. Lógicamente, los ciudadanos no
se revelan porque no hay organización. Las elites se han entremezclado
impidiendo la posibilidad de defensa de ninguna idea fuera del pensamiento
único que impera. Un pensamiento único monárquico, defendido gracias a la
utilización de instrumentos represores como el Poder Judicial y la Policía, los
cuales muchas veces recurren al sistema sanitario para lograr sus fines, y cometer
sutiles violaciones de los Derechos Humanos.
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