Con la decisión de volver a
subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un 4% para el 2018, el Gobierno,
los Sindicatos, y el Mundo empresarial,
desde distintas perspectivas, han logrado marcarse un tanto poniendo sobre la
mesa muy poco dinero. El SMI subió este año un 8%, y en el próximo lo hará de
nuevo otro 4%, con esta decisión el Gobierno está provocando dos efectos. Primero,
igualar por abajo, buscando la meta de que el
SMI represente el 60% del salario
medio. Segundo, disminuir la brecha salarial que hay entre los que menos cobran
y los que más cobran, lo cual le permitirá al Gobierno utilizar como propaganda
que en los últimos años, años de
crecimiento del PIB, la brecha salarial ha disminuido, algo que es una
realidad pero que beneficia únicamente a un pequeño sector de trabajadores.
Teniendo en cuenta el coste de
la vida en España, la subida del SMI era necesaria, otra cosa diferente es si
es justa, conveniente, y si con ella se va a contribuir a solucionar de alguna
forma algún tipo de problema de la sociedad española, de la economía, del
mercado laboral, más allá de contribuir a incrementa el poder adquisitivo de
los trabajadores que tengan dicho salario. Algunos analistas ya vaticinan, que
la subida del SMI provocara a corto plazo efectos negativos como el crecimiento
de la temporalidad y la destrucción de
empleo. Que se produzcan dichos efectos negativos va a depender y mucho del
consenso con el que el mundo empresarial haya aceptado dicha subida, ya veremos
qué pasa. Pero hay ya un efecto negativo que está claro que va a provocar, es
el de provocar conflictividad y mal ambiente en entornos laborales en los que
trabajadores con salario mínimo convivan con trabajadores de otras categorías,
debido a que estos últimos verán como su sueldo por ahora no sube, mientras que
la brecha con trabajadores de inferior categoría disminuye.
Desde la crisis, y sobre todo como
consecuencia de la última reforma laboral realizada por el Gobierno de Rajoy,
el mundo laboral funciona de una forma caótica, sin leyes y normas en cuanto a
salarios se refiere. Se anuló la ultraacticidad de los Convenios Colectivos y
salarios y pensiones dejaron de revalorizarse de acuerdo al IPC. Sobre esto,
los sindicatos, ocupados en que hacer con el dinero que ganaron durante años
con los cursos de formación, no dijeron nada. Desde entonces, los sectores de trabajadores que tienen capacidad
de presión han logrado mejoras salariales, el resto no. En una sociedad justa,
el salario de los trabajadores no debe depender de la presión que estos puedan
ejercer, sino que se debe establecer un catálogo de categorías profesionales
asignando salarios de la forma más racional posible, principalmente, en función
del coste de la vida, revalorizándose estos
anualmente y de forma automática, de
acuerdo al IPC. En España hay una muy desigual distribución de la riqueza y una
enorme disparidad salarial, lo que provoca que el coste de la vida sea más
elevado del que sería lógico de acuerdo a los salarios que se pagan. La subida
del Salario Mínimo Interprofesional, la cual los sindicatos han querido vender
como una victoria, es una victoria del conjunto de la clase trabajadora muy pírrica,
está destinada a igualar por abajo, ignorando a otras categorías de
trabajadores y a los pensionistas. Estos últimos condenados por el Gobierno de
Rajoy a perder poder adquisitivo al establecer por ley que estas ya no se revalorizarían
de acuerdo con el IPC. Es evidente, que para la sociedad hubiera sido mejor, más
justo, con efectos positivos más inmediatos, en vez de aumentar el SMI un 12%
en dos años, haber reducido el salario de los que más cobran ese mismo
porcentaje, de esta forma se contribuiría a reducir el coste de la vida, por lo
que los que menos cobran hubieran percibido un incremento salarial indirecto al
aumentar su poder adquisitivo cobrando lo mismo.
La subida del SMI mejorara muy
poco la vida de unos pocos, y contribuirá mucho a distorsionar la realidad
salarial que se da en España, al contribuir a reducir la brecha salarial. En mi
modesta opinión, las reivindicaciones de trabajadores y pensionistas, y por
tanto de las organizaciones sindicales, deberían estar enfocadas a buscar una
sociedad más igualitaria, reduciendo los ingresos de los que más ganan, bien vía
salarial o fiscal, y estableciendo como indicador para la revalorización de
salarios y pensiones el IPC.
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