El Senado, uno de los órganos constitucionales que representa al pueblo
español, formando parte de las Cortes Generales, a petición del Gobierno de
España, aplico el artículo 155 de la Constitución para, dicho de una forma
resumida y coloquial, echar al presidente democráticamente elegido de Cataluña,
Carles Puigdemont, porque este había realizado una Declaración Unilateral de
Independencia, disolver el Parlament que le apoyaba, tomar el control de las
instituciones autonómicas catalanas y convocar elecciones. El pasado 21 de
Diciembre hubo elecciones autonómicas en Cataluña, y en función de sus
resultados se ha constituido un nuevo Parlament. En el cual vuelven a tener mayoría
los denominados independentistas. Los cuales quieren volver a investir
presidente al destituido Carles Puigdemont. El actual president del Parlament,
Roger Torrent ha propuesto de forma oficial a Puigdemont, el cual ha fijado su
residencia en Bélgica por temor a ser detenido, como candidato para que tras el debate
correspondiente, el Parlament proceda a votar su investidura.
No hace falta haber aprobado
una oposición a juez, ni siquiera ser experto en derecho, para deducir, que el actual Parlament de Cataluña no puede investir
presidente a quien ha provocado la aplicación del 155. Así lo entiende el
Gobierno de España, el cual ha decidido impugnar ante el Tribunal
Constitucional la candidatura a la investidura de Carles Puigdemont, el cual,
insisto, a pesar de dedicarse a
hacer propaganda besando la bandera de España en Copenhague, se encuentra
fugado de la justicia española. La decisión del Gobierno de España, es, sin
duda, inteligente, lógica, y democrática.
Pues que Puigdemont sea investido presidente de forma ilegal y luego otra vez
destituido no va a suponer ningún beneficio ni para Cataluña ni para España.
Curiosamente, no lo piensa así el Consejo de Estado, órgano consultivo del
Gobierno de España, que a pesar de que tiene su origen en la época de los Reyes
Católicos, en 1980, el Gobierno de la disuelta UCD, cuyo presidente era Adolfo
Suarez, el cual, como consecuencia del asunto del 23-F seria relevado por un miembro del Opus Dei, Calvo Sotelo, decidió volverlo a crear. La decisión del presidente Rajoy de impugnar
la candidatura de Puigdemont ha sido muy acertada pues si este logra entrar en el Parlament, y ser investido
presidente, algo no imposible, pues seguramente dispongan de varias formas para
entrar y salir sin ser vistos, los
cimientos de la joven democracia española, como mínimo, temblaran.
Curiosamente, pero también lógicamente,
pues el actual Consejo de Estado está formado, entre otros, por personajes que han tenido poder en el pasado político de España, y por tanto, que de una forma u otra han contribuido a provocar
la actual crisis catalana. El presidente
del Consejo de Estado es Romay Beccaría,
miembro del Opus Dei, un político de la época de Fraga Iribarne, ministro de
Sanidad con el expresidente Aznar, y por
tanto, perteneciente al sector del PP que hablaba catalán en la intimidad y compartía
mesa, y otras cosas, con la familia del
expresidente Pujol. El Consejo de Estado, dicho
coloquialmente, más que pringados en este asunto, y por tanto, intentando retrasar la actuacion del Gobierno busca de forma clara dar un sutil apoyo, un respiro, a
aquellos que lideran el proceso independentista, en concreto a Puigdemont y su
actual partido Junts per Catalunya. Siempre que se analiza la evolución del
proceso independentista es imposible evitar llegar a la misma conclusión: La burguesía
catalana, representada por Junts per Cataluña, partido liderado en la
actualidad por Carles Puigdemont, está impulsando el proceso independentista
contando con importantes apoyos desde las instituciones del Estado, en concreto
de sectores monárquicos.
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