La democracia es, metafóricamente
hablando, una hermosa mujer que la gran mayoría de los ciudadanos desean, políticamente
hablando. Pero, también es frágil y débil. Fragilidad y debilidad de las que se
están aprovechando sectores de las
elites dirigentes españolas para utilizarla en beneficio propio y obligarla a
aceptar y defender lo que no es propio de su condición. La joven democracia
española no ha sido protegida como se merecía por los poderes y las instituciones
del Estado. Terrorismo de Estado; flagrantes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos,
realizadas con total impunidad; corrupción política basada en reiterados actos
prolongados en el tiempo; la elevada desigualdad económica; la alta brecha
salarial; un elevado porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social;
un modelo fiscal injusto; que se haya roto el compromiso de revalorizar las
pensiones de acuerdo al IPC; o la serie
de hechos que constituyen la crisis política, institucional y territorial catalana, son algunas
de las más importantes violaciones de que ha sido objeto la joven democracia
española.
Las elites políticas españolas
no han respectado la democracia española, creyeron que contar con el respaldo
de la voluntad de las urnas, suponía obtener carta blanca para todo, creyeron
que les daba derecho a violarla, a no
respectar sus leyes. Y así ha sido durante décadas. Un silencio cómplice desde
todas las instituciones del Estado ha permitido que muchos de aquellos que han
gobernado cometieran todo tipo de abusos e ilegalidades en beneficio suyo, de
su entorno o de su familia política. Pero dicho silencio se ha roto. Por
razones que no están claras o que yo por lo menos desconozco, lo que antes no
se investigaba, hoy se investiga y se da a conocer a la opinión pública,
aflorando así la podredumbre que había en la Casa Real (Caso Nóos), en los
partidos políticos, en diferentes instituciones del Estado, e, incluso, en los
sindicatos.
La Audiencia de Barcelona
acaba de emitir sentencia por el caso Palau, condenando a Convergencia Democrática
de Cataluña, partido que ha gobernado durante décadas en Cataluña, por el cobro
de comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras públicas. En asunto es relevante por
tres razones. Primera, por el tiempo que duraron las mordidas, según la
sentencia, como mínimo desde 1999 al
2009, sin que estas fueran detectadas
desde los mecanismos de control del Estado, algo verdaderamente insólito y poco
creíble. Segunda, porque no está claro quien se benefició de dichas mordidas,
pero sí que el expresidente Jordi Pujol
tenía una fortuna en el extranjero sin
declarar, según él, fruto de una herencia de su padre. Tercera, porque dicha
condena abre la duda sobre por qué los dirigentes de CDC, hoy Junst per Catalunya,
han impulsado el proceso independentista ¿Han tensionado la vida política española
para lograr la independencia o como una forma de presionar al Estado para evitar
que su partido fuera condenado?
Los resultados de las
elecciones catalanas del 21-D y los discursos políticos que se han emitido
desde entonces, hacen presagiar que mañana al constituirse el Parlament de la
XII Legislatura de Cataluña, se utilizara otra vez la debilidad de la
democracia española para tensionar la vida política española, en beneficio de los intereses particulares de
las elites independentistas burguesas catalanas, en concreto, en beneficio de
Carles Puigdemont y su partido, Junts per Catalunya, el cual acaba de ser
condenado a devolver 6,6 millones de euros, lo cual puede suponer su desaparición.
Obligando a la democracia española a aceptar y decir lo que es contrario a su
esencia, pues es de Perogrullo, de cajón, que difícilmente se puede representar
la soberanía popular sin estar presente en las instituciones para las que uno
ha sido elegido en las urnas. Que Puigdemont quiera que se permita la votación y
el juramento de forma telemática, de él y del resto de fugados, para que así
puede ser investido presidente estando refugiado en el extranjero, es lógico, lo
que no es lógico es que desde los poderes del Estado, en concreto, el Poder
Judicial y el Gobierno de España, se le esté dando juego a Puigdemont, se esté
favoreciendo que dicho proceso se pueda producir. Y en mi opinión, es
precisamente esto último, por insólito, por no tener precedente en una democracia,
por imposible de creer, lo preocupante.
Cuando ya se creía que la aplicación
del 155 significaría la puntilla para el proceso independentista catalán, cuyos
líderes dicen que desean lograr la independencia sin enfrentarse a los poderes
del Estado español, resulta que no. Declarada la DUI, los poderes del Estado
dejaron que Puigdemont huyera al extranjero, no aplicaron la euroorden para limitar sus movimientos,
permitieron que se presente a las
elecciones del 21-D, su holograma o ni siquiera eso recogerá su acta de
diputado, y tal vez pase a ser el primer presidente ausente de Catalunya. ¿Todo
ello para qué? Todo indica, que desde el Estado español se está favoreciendo
que Puigdemont y sus desconocidos e importantes apoyos, muchos de ellos
extranjeros, puedan seguir exigiendo ocultas reivindicaciones que nada tienen
que ver con lograr la independencia de Catalunya.
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