miércoles, 16 de mayo de 2018

GOBIERNO Y MONÁRQUICO PODER JUDICIAL DEVUELVEN A PUIGDEMONT EL CONTROL DE LAS INSTITUCIONES.


Hace solo unos meses, Carles Puigdemon y sus consejeros fueron  cesados de sus cargos, y el  Gobierno de España tomo el control, como mínimo teórico, de las instituciones autonómicas catalanas, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Hoy su partido político, la cara visible de la burguesía nacionalista catalana, llámese CDC, o PDeCata, o Junts per Catalunya, vuelve a recuperar su anterior estatus político, su líder el holograma físico y disfrazado de Carles Puigdemont, su hombre de paja, Quim Torra, vuelve a ser presidente de la Generalitat, y en los próximos días tomara posesión de su cargo y designara sus consejeros.

Puigdemont fue apartado del poder, entre otras cosas, por convocar el inconstitucional referéndum del 1-O y por haber realizado una declaración unilateral de independencia. ¿En qué ordenamiento jurídico puede tener cabida que el  partido político que dio apoyo a  Puigdemont vuelva a tener el control de las instituciones autonómicas catalanas y su holograma físico sea el nuevo presidente de Cataluña? Más allá de en España no creo que se pudiera producir en muchos otros estados. No creo que en muchos estados democráticos sus elites dirigentes permitieran que un partido político que ha intentado la secesión de una parte de su territorio recuperara el poder político, para más inri, con el mismo discurso reivindicativo.

Pero en España ha ocurrido. España vuelve a vivir un contexto político, muy similar al del primer tercio del pasado siglo, y no lo digo porque considere que existe el riesgo de que las elites dirigentes de  Cataluña vayan a hacer algún  movimiento importante en defensa de la independencia, como podría ser tomar el control de las fronteras, no, son más falsos que valientes. Lo digo por dos principales razones. Una, los monárquicos vuelven a utilizar de forma clara su poder para influir sobre la política española en beneficio de sus intereses. Dos, en la política española vuelve a haber una elevada injerencia exterior: Unos la escenifican, como es el caso del presidente del Parlamento Europeo, el italiano  Antonio Tajani; otros la materializan dando un claro apoyo a prófugos de la justicia española, como ha sido el caso de Bélgica y Alemania, o dando, también un claro apoyo, mediático o económico, como ha sido el caso de Rusia, y su órbita, el Bloque BRICS, países del mundo islámico, etc. Y luego están personajes como Vargas Llosa, o el ex primer ministro francés Manuel Valls, o incluso actores de cine que no se sabe bien en nombre de quien hablan, que se creen también con derecho a reivindicar una parte de la tarta de poder catalana.

EL independentismo burgués catalán, llámese CDC o PDeCat o Junts per Catalunya,  va a recuperar en breve el control de las instituciones autonómicas catalanas, gracias a dos hechos. Primero, gracias a  que el Gobierno del PP no ha pedido ante el Tribunal Constitucional la suspensión de la delegación del voto de los diputados Puigdemon y Comín, prófugos de la justicia española. Segundo, gracias a que el monárquico Poder Judicial Español no ha realizado correctamente su trabajo, como sería de esperar en una democracia, permitiendo que el partido político que dio apoyo a aquellos que realizaron la DUI sea el que vaya a formar el próximo Gobierno autonómico de Cataluña. El problema no es el Código Penal, como dice el líder del PSOE, Pedro Sánchez, sino que no se aplica ni en tiempo oportuno ni correctamente. Desde el Poder Judicial no se hizo nada para evitar el referéndum ilegal del 1-O, ordenándose desde el Gobierno una movilización policial  sin precedentes desde la Guerra Civil únicamente para poder hacer una demostración de poder contra la sociedad catalana recurriendo a la violencia policial. Eso sí, para combatir el narcotráfico dicen no tener medios. Luego, se dejó que Puigdemont declarara la independencia desde el Parlament y  huyera al extranjero, muy probablemente para que ocurriera lo que está ocurriendo, que se haya convertido en  un diputado autonómico refugiado en la ex Alemania nazi. Evidentemente, todo ello conduce a la pregunta de ¿Por qué al monárquico Poder Judicial le interesa que el  proceso independentista continúe como hasta ahora? ¿Qué ocultas intenciones se persiguen desde la Zarzuela? Pero el Poder Judicial no cumple con su obligación no solo en la crisis catalana, sino en otros muchos temas, siendo obvio que se está retrasando la decisión del Supremo sobre la sentencia de exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, buscándose el momento más oportuno para hacerla pública. Y es que todo está entrelazado.

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