Quién debe decidir sobre asuntos científicos, sobre hasta dónde
debe llegar la investigación científica y sus aplicaciones, o sí sobre un
problema científico deben opinar solo los expertos o el conjunto de la
sociedad, es un debate ya antiguo en las sociedades de las democracias
liberales occidentales. Unos sostienen que los ciudadanos no tienen suficientes
conocimientos para poder decidir sobre asuntos científicos, y por tanto, que
deben ser únicamente los científicos los que decidan. Otros, por el contrario,
partiendo de que las decisiones de los científicos afectaran al conjunto de la
sociedad son partidarios de que la sociedad pueda también participar en el
proceso de decisión, bien directamente, a través de un referéndum, o a través de
sus representantes políticos. Es una discusión irreconciliable, tan
irreconciliable como lo pueda ser la que existe entre los partidarios del
relativismo cultural y los etnocentristas. Pero en las democracias liberales
occidentales hay consenso sobre una cosa, por encima de criterios científicos siempre
debe prevalecer el derecho a la libertad individual de toda persona, reconocido
en la Declaración Universal de los Derechos Humando y en la Constitución
Española como un derecho fundamental.
Según
diferentes encuestas la gran mayoría de los ciudadanos son partidarios de que
España recupere la normalidad previa a la crisis lo antes posible, y por tanto,
es evidente, que la gran mayoría de los ciudadanos no perciben que la situación
sea tan grave como dan a entender los expertos que asesoran al presidente
Sánchez. Está claro, que en el asunto del covid-19 los científicos, los expertos
en diferentes temas sanitarios, han logrado imponer sus criterios al Gobierno de
España democráticamente elegido, al Gobierno socialcomunsita de Sánchez, obligando al cierre de algunas actividades económicas,
imponiendo el confinamiento de personas sanas, privando a los ciudadanos del
derecho a elegir centro hospitalario, médico y tratamiento. Por razones que
desconozco, el presidente Sánchez está haciendo frente a la crisis del covid-19
teniendo en cuenta únicamente criterios científicos, el mismo lo reconoce así
una y otra vez en sus comparecencias ante los medios de comunicación, que no
son pocas. Los científicos, como toda persona tienen intereses e ideología y están
sometidos a la influencias de otros grupos de la sociedad. Sánchez, lo sabe y
por tanto mantiene en secreto el nombre del comité
científico encargado de decidir sobre
la conveniencia de que un territorio pase de una fase a otra en la desescalada.
Un hecho como este no tiene precedentes en una democracia, solo suele aplicarse
en situaciones de guerra, en las que es necesario proteger a las personas que deciden, por ejemplo, jueces
de tribunales militares. Sánchez puede estar ocultando los nombres del comité para
que no sean objeto de presiones sociales, pero sí esa fuera la razón, no tiene
sentido que haya hecho público su existencia, él podría haber asumido la
responsabilidad de sus decisiones sin hacer público la existencia de tal comité secreto. O puede ser que lo esté
haciendo para ocultar la conocida ideología
de los miembros y su militancia activa
en partidos políticos, lo cual sería muy grave pues no estaríamos ya hablando
de criterios científicos objetivos sino de criterios ideológicos.
Sin
que cree precedente, está claro que el presidente Sánchez ha impuesto en España,
lo que el presidente del PP, Pablo Casado ha llamado, teniendo en cuenta la opinión
de expertos en derecho constitucional, una dictadura constitucional. Que un
Gobierno sea una dictadura o no, no depende del respaldo social que tenga, sino
de la utilización que haga de su poder, de su forma de gobernar respectando o
no los derechos y las libertades de los ciudadanos. El Gobierno de Hitler era
de naturaleza democrática, pero en ningún momento su forma de gobernar puede
ser considera democrática. La dictadura de Franco, principalmente a partir de
los 60, por muchas razones, porque el pluralismo político había quedado reducido
a mínimos, porque la gran mayoría de la sociedad estaba alineada con el régimen
o no quería problemas políticos, contaba con un enorme respaldo social, pero ello no basta
para poder sostener que España no era una dictadura. En un momento de máximo pluralismo
en el Congreso de los Diputados, incluso por primera vez esta la Candidatura de
Unidad Popular (CUP), con dos diputados, el presidente Sánchez ha utilizado su cambiante
mayoría, ahora contando también con el apoyo del liberalismo político,
representado por Ciudadanos, para establecer
en España una dictadura, esperemos que temporal, definiendo que ciudadanos
pueden tener o no derechos
constitucionales en función de su rol social o edad.
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