En el 2006, algunos
medios de comunicación empezaron a difundir que Urdangarin estaba realizando actividades ilegales a través
diferentes empresas, entre las que destacaba el Instituto Nóos, una
organización supuestamente sin ánimo de lucro. Pero no fue hasta cuatro años
después cuando la justica comenzó a investigar el asunto, dando lugar a la
apertura del caso Nóos. Investigación que implicaría de forma directa a la
Infanta Cristina, al utilizar Urdangarin la empresa Aizoon, que tenía al 50% con su esposa, para
blanquear y utilizar el dinero que recibía a través del Instituto Nóos. El
asunto se cerraría con la sentencia
emitida por el Tribunal Supremo 11 años después. A partir de hoy, el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, va a
tener que dejar durante una temporada de poner sellos en nombre de la Casa
Real. Esta mañana, logrando evitar a los medios de comunicación o contando con
su complicidad para que no se tomaran
imágenes, ha ingresado en la
cárcel de Brieva, en Ávila, para cumplir la pena de 5 años y 10 meses que le
impuso el Supremo a través de la sentencia del caso Nóos
El Tribunal Supremo le
ha impuesto a Urdangarin en torno a la mitad de la sentencia que pedía el Ministerio Fiscal. La empresa Aizoon
era una inmobiliaria que no realizó ningún tipo de actividad, propiedad al 50%
de Urdangarin y su esposa, la infanta
Cristiana. A pesar de ello la justicia española considero que la infanta
Cristina no era responsable de las actividades ilegales para las que se
utilizó, responsabilizando de ello únicamente a su esposo, Urdangarin.
Urdangarin ha elegido para cumplir su pena la cárcel de Brieva. Una cárcel de
mujeres, que tienen un módulo para hombres, en el que suelen ingresar presos
especiales, a los que el Estado les concede dicho privilegio, bien porque han
colaborado con la justicia, es decir, chivatos, o porque tienen una buena
manta, como fue el caso del exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldan. La
estancia en la cárcel puede variar entre ser igual a estar recluido en un
monasterio, a asemejarse más a lo que puede ser el infierno, dependiendo de que
el ambiente sea de hostilidad o amistad. Parece ser que a Urdangarin le han
permitido elegir la opción monasterio, concediéndole el privilegio de elegir
una cárcel en la que va a disfrutar de total tranquilidad y máxima seguridad. Es curioso, como las elites dirigentes
españolas toman decisiones que de forma clara incrementan la inseguridad
ciudadana pero luego para ellos, sus familias, sus niños, son partidarios de
buscar entornos de máxima seguridad. El secretario general de Podemos, elegido
para vivir con su familia no el multicultural ambiente de Lavapiés, sino el
exquisito y burgués ambiente de Galapagar. El ex duque de Palma tampoco ha
querido cumplir condena en una carcel común, de las muchas que hay en España y en
las que son ingresados presos islamistas, muy próximos al entorno islamista de la infanta Cristina, a pesar de que todas disponen de módulos
especiales para exfuncionarios o personajes como él, sino que ha elegido una
cárcel de mujeres, en la que será el único gallo del gallinero. A pesar de todo
ello, desde que el Supremo emitió sentencia la frase que más pronuncian los
políticos españoles, independientemente de la ideología, es la de “La justicia es igual para todos”.
¿Es la justicia igual
para todos en España? Evidentemente no. Un Ayuntamiento puede encargar que
recojan la basura diariamente, o dejar que esta se acumule en las calles, y
ordenar que la recojan cuando ya empiece
a oler mal y suponga una amenaza para la seguridad sanitaria. Con la justicia
pasa algo parecido. La justicia española
no actúa en tiempo oportuno, deja que actores pertenecientes a las elites
dirigentes cometan todo tipo de delitos durante años y luego, cuando el olor ya
es imposible de ocultar, actúa instruyendo y juzgando alargando lo máximo
posible los tiempos, en este casi 8 años, para luego emitir condenas que en
algunos casos como el de Urdangarin son irrisorias. Lo de Urdangarin puede
parecer un drama, pero claro, para poder valorar si lo es o no habría que saber cuánto logro robar, pues seguramente muchos
españoles, como se dice ahora, de alta titulación, seguramente firmarían pasar
5 años en prisión cobrando a millón por año.
Numerosos datos
difundidos por los medios de comunicación y la sentencia del Tribunal Supremo
sobre el caso Nóos, han dejado claro que Urdangarin no hubiera podido realizar
las actividades ilegales que dieron lugar a que fuera condenado por los delitos
de malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos
fiscales y tráfico de influencias, sin contar con el apoyo de la Jefatura del
Estado, es decir, de la Casa Real. A partir de la abdicación del rey Juan
Carlos, el rey Felipe VI ha intentado desvincularse del asunto dejando a la
infanta Cristina fuera del entorno oficial de la
Casa Real. Pero ello no ha contribuido a mejorar la imagen de la
Casa Real, sino todo lo contrario. Desde entonces, la infanta Cristina y sus
hijos, y hasta hoy también su marido Urdangarin, viven en unas de las ciudades más caras del
mundo, Ginebra, gracias a unos ingresos que no están claros, trabajando
para una fundación islamista, la Fundación Aga Khan, y disfrutando de escoltas
pagados por el Estado.
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