Transcurridos más de 100 días desde que el presidente Rajoy
ha tomado de nuevo posesión del cargo, después de haber estado casi un año en
funciones, ha llegado el momento de preguntarse ¿Tiene España Gobierno?
Evidentemente, la pregunta es compleja y ambigua, pues depende de lo que se
entienda por tener gobierno. España tiene Gobierno en cuanto al hecho de que
hay unas personas que se sientan en los bancos azules del Congreso de los
Diputados, pero poco más. El actual Gobierno de España, al estar en minoría en
el Congreso de los Diputados, no tiene
capacidad para tomar decisiones y aprobar leyes, al carecer del necesario apoyo
parlamentario para ello. El fraccionamiento del mapa político español ha sido
negativo para España, negativo para la sociedad española. Aquellos que lo defendieron
y fomentaron sabían que iba a ser así, manipulando a la opinión pública para
impulsarlo y lograrlo. Debido a ello,
ahora España se encuentra en una situación de ingobernabilidad, en la que es
muy difícil que se le puedan dar soluciones políticas, acertadas, eficaces y
duraderas a temas importantes.
España está, para lo
importante, sin Gobierno. Dos claros ejemplos. Uno, el Gobierno no podrá aprobar
los Presupuestos Generales del Estado para el 2017 teniendo que prorrogar los del
año anterior. Dos, el Gobierno, y en concreto el Ministerio de Fomento, carece
del sufriente apoyo en el Congreso para aprobar el Decreto de liberalización de
la actividad de estiba en los puertos españoles, liberalización que exige a
España, de forma inmediata, la UE. El
tema de los Presupuestos es de sobra conocido. Para apoyarlos, el Gobierno necesitaría el
apoyo de los socialistas o de los nacionalistas, por ejemplo, PNV, más
Ciudadanos. El presidente Rajoy fue investido gracias al apoyo de Ciudadanos y
la abstención del PSOE. Pero el apoyo de Ciudadanos, además de no ser suficiente, parece ser inconsistente, Ciudadanos se reserva el derecho,
de apoyar o no al Gobierno, no sabiéndose que exigiría
y decidirá a la hora de aprobar unos nuevos Presupuestos.
El asunto los estibadores es todavía más grave que el de
los Presupuestos. Pues refleja una España sin Gobierno, con un Estado sometido
al chantaje mafioso de un sector de trabajadores. El sector empresarial de la
estiba es, al igual que otros muchos, todavía hoy heredero de unos privilegios
concedidos para contentar a determinados sectores sociales, laborales, durante la época de la dictadura militar. Se
mire como se mire el asunto de los estibadores es infumable. En una democracia,
que tiene una economía basada en libre mercado, donde libertades como la
libertad de empresa y la libertad de contratación, deben estar garantizadas por
el Estado, no tiene cabida que una organización como la Sagep tenga el
monopolio de quien puede o no realizar la actividad de estiba. El Gobierno ha
decidido retrasar la aplicación del Decreto de liberalización. El ministro de
Fomento, Iñigo de la Serna, ha dicho que todavía hay margen para que los estibadores
y la patronal resuelvan sus diferencias. Es evidente, que por razones que
desconozco, el Gobierno quiere, como se suele decir de forma coloquial, “escurrir
el bulto” es decir no asumir sus obligaciones.
Cuando un sector empresarial disfruta de privilegios es
siempre porque disfruta de fuerza política. No están claros todavía los apoyos políticos
con que cuentan los estibadores, y en concreto su cúpula, la Sagep. El
secretario general de Ciudadanos, Albert Rivera, les ha dado ya su apoyo,
siendo tremendamente curioso que un partido de ideología liberal se oponga a la
liberalización de un sector económico, no sé qué pensaran de ello sus colegas
liberales europeos. Está claro que Albert Rivera tiene algún interés oculto en este asunto. El PSOE, seguramente
debido a su situación interna, no ha
dejado claro todavía cuál es su postura
al respecto, pero importantes dirigentes del partido se han pronunciado en
contra de quitar privilegios a los estibadores. Siendo el asunto de los
estibadores muy parecido al de los controladores aéreos, parece ser que los
socialistas no tienen esta vez tan clara
su postura. El Gobierno del ex presidente Zapatero, aprobó una nueva ley
destinada a sacarle a los controladores aéreos algunos de sus privilegios, en concreto, de naturaleza salarial. Y la aprobó justo en
los últimos meses del 2010, sabiendo que ello iba a provocar problemas, ya que
muchos controladores iban a cumplir con las horas de trabajo que le exigía la
nueva legislación laboral antes de finalizar el año. Todo ello porque el
Gobierno del ex presidente Zapatero quería aprovechar la reforma del control aéreo
para hacer una demostración de poder,
cerrando el espacio aéreo, decretando el estado de alarma, y tomando las torres
de control aéreo de los aeropuertos, con miembros de las Fuerzas Armadas, cuyo
JEMAD era en aquel momento el general Julio Rodríguez, actual dirigente de Podemos. Curioso,
¿No?
Al Gobierno de España se le podría aplicar el viejo dicho
mexicano de “Aquí vive el Presidente, el que gobierna, enfrente. Es decir, que
en la Moncloa esta Rajoy, pero quien decide es la Sagep y los apoyos políticos con
que cuenta en España. El asunto de los estibadores, como ha dejado claro la Comisión
Europea, no es un problema entre la Sagep, que controla de forma mafiosa la
actividad de estiva, y la Patronal, sino entre la Sagep y el Estado, y por tanto,
es el Gobernó el que debe darle una solución justa, legal, propia de un estado democrático
y de una economía de libre mercando.
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