La igualdad ante la ley, es un principio considerado esencial de la democracia. Reconocido tanto en
la Declaración Universal de Derechos Humanos como en la Constitución Española
de 1978. ¿Pero son todas las personas iguales ante la Ley? Da la impresión de
que no. Por un lado, es evidente, que la Justicia no trata de forma igual a
ricos y pobres, de ahí que haya abogados que tienen muy altos honorarios porque
garantizan a sus defendidos un mejor trato por parte de los órganos del Estado encargados del administrar justicia. Además,
en algunos Estados, cuya democracia es de baja calidad, como es el caso de
España, el Poder Judicial es utilizado por las elites dirigentes como un
instrumento con el que ejercer represión contra ciudadanos pertenecientes a sectores más desfavorecidos de la sociedad,
con los que tienen algún tipo de conflicto de interés o a los que simplemente desean someter. Por otro lado,
es conocido que determinadas situaciones, que representan la vulneración de las
leyes vigentes, se producen porque hay
una clara dejación por parte del Estado, surgiendo un Estado fallido, que
dependiendo de a quien, le obliga o no a
cumplir legislación vigente.
Algunos dirigentes políticos,
famosos, y personalidades en general,
personas muy conocidas de la sociedad española, logran defraudar a
Hacienda. Grandes empresas logran
durante años maquillar sus cuentas anuales, perjudicando así a terceros. O lo
que está ocurriendo con el sector de los estibadores, son claros ejemplos de
que se ha producido dejación por parte del Estado en sus obligación de
garantizar que las leyes se aplican por igual a todos los ciudadanos.
Permitiendo así que personas o sus
empresas realizaran sus actividades al
margen de la ley. Por ejemplo, es inconcebible que un ex vicepresidente del Gobierno
y ex ministro de Hacienda, Rodrigo Rato, lograra defraudar a Hacienda sin que
hubiera una cierta complicidad desde dentro del Estado. Por ejemplo, es
inconcebible, impensable, imposible, que
una entidad como Bankia pudiera salir a bolsa con unas cuentas maquilladas sin
una cierta connivencia, dejación, por parte del Estado, en concreto de los órganos
encargados de supervisar su actividad, en concreto del Banco de España y Comisión Nacional del Mercado
de Valores. Evidencia, que ha tenido que acabar por aceptar la Audiencia
Nacional, imputando al ex gobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez y
al ex presidente y ex vicepresidente de la CNMV, Julio Segura y Fernando
Restoy, respectivamente. Pero sin lugar a dudas, el caso más escandaloso de dejación
del Estado es el de los estibadores, permitiendo el Estado, que estos trabajadores y las empresas a las que
pertenecen, realizaran su actividad sin verse sometidos a la legalidad.
Legalidad, leyes y normas, a la que si se ven sometidos aquellos trabajadores
que realizan otro tipo de actividades empresariales y profesionales.
El Estado ha permitido que un grupo de trabajadores, los
conocidos como estibadores, personal que se dedica a realizar la función de
carga y descarga en los puertos, realizara su actividad disfrutando de privilegios, entre los que
destacan el funcionamiento endogámico de las empresas que realizan dicha
actividad, y monopolización del sector impidiendo que entraran en el mismo
nuevas empresas. El Estado ha permitido que los estibadores controlaran a través de Sagep (Sociedades Anónimas de Gestión
de Trabajadores Portuarios) la actividad
de estiva, de forma abusiva, decidiendo a
quien podían o no contratar y que empresas podían o no realizar dicha actividad.
Exigiendo, gracias a ello, salarios desproporcionados. El derecho de huelga es
un derecho fundamental, que los trabajadores incluso deben poder utilizar para
reivindicar privilegios, como por ejemplo, una salario desproporcionado y no
acorde a su cualificación, como es el caso de los estibadores. El salario bruto de un estibador es de alrededor de
70.000 euros anuales. Derecho fundamental que el Estado no debe negar a ningún
trabajador, ni siquiera, a los estibadores.
Pero también es cierto que el Estado debe legislar para que un sector de
trabajadores no pueda, de alguna forma, por ejemplo, utilizando el derecho de
huelga, extorsionar al Estado, o a la sociedad, o a otras empresas. Extorsión
que de forma clara si están realizando en estos momentos los estibadores, aprovechándose
de la fuerza que les proporciona que el
Estado les permita que monopolicen la actividad de estiva impidiendo la entrada
de nuevas empresas y más trabajadores no pertenecientes a su entorno.
Debo de reconocer que no comprendo el apoyo que sectores de
la izquierda española están dando al sector de los estibadores. Desconozco en
que se fundamenta, desconozco por qué quieren conceder a unos trabajadores privilegios que se les niegan a otros. Privilegios, que
para más inri repercuten de forma negativa en la competitividad de los puertos
españoles. Conceder privilegios a unos trabajadores únicamente por su capacidad
de lucha violenta y presión sobre la actividad económica del país, es un
peligroso error. Que pasaría, por
ejemplo, si mañana la Guardia
Civil utiliza su fuerza para exigir al Estado mejores suelos, menos horas de
trabajo, etc. Lógicamente, sería el caos, caos que no creo que desee ni
convenga a nadie. Por tanto, en mi opinión, el Estado no debe conceder
privilegios a trabajadores, en función de
la forma, la violencia, etc, con que estos los reivindiquen. El Gobierno de España debe
liberalizar lo antes posible la actividad empresarial de la estiva en los puertos
españoles, para que así disminuya la capacidad de presión de aquellos que hoy
la controlan de forma abusiva, injusta, e inaceptable en una democracia.
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