El Gobierno de España,
recurriendo al Ministerio fiscal, ha actuado contra los cargos públicos del
Gobierno autonómico de Cataluña que
considera que fueron los máximos responsables
de la realización de la consulta soberanista del 9-N de 2014, suspendía
previamente por el Tribunal Constitucional. Estos días se está realizando el
juicio contra el ex presidente de la
Generalitat, Artur Mas, la ex vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, y la
ex consejera de Educación, Irene Regau, los cuales están siendo juzgados por el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Próximamente, tendrá lugar el juicio
contra el portavoz del Gobierno de Cataluña, entonces, Francesc Homs, el cual
por su condición de diputado nacional por PDeCAT, la antigua CDC, esta aforado
y por tanto será juzgado por los mismos hechos por el Tribunal Supremo.
La celebración del juicio en
el TSJC, contra el ex presidente Artur Mas y demás miembros de su Gobierno, ha suministrado al independentismo catalán, y
en concreto a Junst pel Si, la oportunidad de hacer un acto de Desobediencia civil y ruptura con
el Estado, no acudiendo al juicio sus dirigentes imputados por la realización del
9-N. “Desobediencia civil y ruptura con el Estado”, acción de fuerza con la que
sectores del independentismo catalán han
amenazado en reiteradas ocasiones al Estado central. Pero han preferido que
todo quedara en un acto de propaganda política, acatando las decisiones y actuaciones
de la Justicia impulsada por el Gobierno
de España. Como en ocasiones anteriores, hace dos días, sectores del
independentismo catalán, principalmente afines a la antigua CDC, han
aprovechado el comienzo del juicio para hacer un acto de propaganda, una puesta
en escena mediática, muy difundida por algunos medios de comunicación, en
especial, por los que controla el Grupo Planeta. Acto de propaganda mediática,
con el que no se sabe a quién querían impresionar, ni que querían reivindicar, sus
organizadores. Desde hace tiempo, nada más
y nada menos, que años, el denominado proceso de independencia de Cataluña se
ha convertido en una extraña pantomima, detrás de la cual no se sabe que se
esconde.
El actual presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont, en su
discurso de investidura ha dicho que en 18 meses Cataluña desconectara políticamente
con el Gobierno de España, plazo que
finaliza el próximo Septiembre. A primera vista, teniendo en cuenta que
importantes dirigentes de su partido, Junts pel Si, se están sometiéndose a la actuación
del Gobierno de España, acudiendo a ser juzgados por el asunto del 9-N, algo
que fue única y claramente un acto de rebeldía política, un acto con el que se
buscaba impulsar la secesión de Cataluña,
no parece muy probable que dicha desconexión se vaya a producir. Al final del
2017 el Gobierno de España habrá adquirido a través del Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA) el 75% de la deuda pública de Cataluña. El hecho de que el Gobierno de
España, siga dando un fuerte apoyo financiero al
Gobierno de Cataluña, a través del FLA, única forma que la Generalitat tiene de
financiar su deuda publica debido a que esta tiene la calificación de bono basura, también conduce
a pensar que el Gobierno de España no considera un importante riesgo el
proyecto secesionista catalán. Entonces, ¿Por qué y para que se está
organizando la pantomima secesionista catalana?
No hay comentarios:
Publicar un comentario