El virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), es un virus muy dañino, que provoca una
inmunodeficiencia en el organismo al atacar a un tipo de glóbulos blancos que
son los que ayudan a combatir las
infecciones. El contagio por VIH puede provocar la enfermedad denominada
síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocida como sida. El VIH solo se
puede transmitir a través del contacto entre fluidos corporales que posee una
alta concentración viral, y por tanto por vía sanguínea o sexual. Los expertos
consideran que el sexo sin protección es la principal vía de contagio del VIH.
Fue identificado en 1983, en Francia. En este momento no hay vacuna contra el
VIH, pero si tratamientos que permiten
que aquellas personas que contraen la
enfermedad, que padecen sida, puedan tener una esperanza de vida similar a la
que tendrían de estar sanos. Según la ONU, los
datos sobre el sida siguen siendo alarmantes: En el 2018, 1,7
millones de personas contrajeron la enfermedad, 770.000 fallecerían a causa de
enfermedades relacionadas con el sida, se considera que desde el comienzo de la
epidemia 32 millones de personas han muerto a causa de enfermedades
relacionadas con el sida.
Es evidente que el
sida es una enfermedad grave y dañina. En la década de los 80, y en menor
medida durante los 90, la amenaza de
esta enfermedad fue muy elevada debido a la falta de tratamientos efectivos
para tratarla. Todos recordamos numerosos
casos de personas famosas y ricas que contrajeron la enfermedad y
murieron por falta de tratamiento. El VIH es un virus que crea una situación de elevado riesgo sobre
todo para jóvenes, más propensos a tener relaciones sexuales esporádicas,
casuales y poco racionales. En los 80, en las sociedades occidentales, incluido
aquí en España, se abrieron numerosos debates
a nivel político y social sobre qué medidas adoptar, surgieron preguntas
del estilo de: ¿Se debe obligar a las personas a realizar la prueba de
diagnóstico del sida, por ejemplo, a personas pertenecientes a colectivos de
elevado riesgo de contagio, como los homosexuales? ¿Deben los enfermos de sida
tener algún tipo de identificación, por ejemplo, en su DNI? ¿Deben las empresas poder exigir a una persona que
realice la prueba del sida antes de contratarla o poder acceder a su expediente
médico? ¿Qué responsabilidades penales se le pueden exigir a un persona que
sabiendo que tiene la enfermedad, contagia a otra, por ejemplo, al mantener con
ella relaciones sexuales sin previamente habérselo dicho? etc, etc, etc.
Es evidente, que
aunque en menor medida que cuando comenzó, la
amenaza del sida sigue ahí, sobre todo para los más jóvenes. Y lo
recuerdo, no para crear alarma social, sino fijar la atención sobre cómo han
cambiado ética y moralmente las sociedades de las democracias occidentales, y
concretamente la española. En los 80, ningún gobierno se atrevió a adoptar
medidas represivas para prevenir el sida, ni los ciudadanos lo hubieran
aceptado. Todo lo contrario, se elaboraron numerosas leyes para proteger la
privacidad y los derechos de las personas infectadas por VIH. Las autoridades
sanitarias se limitaron a hacer recomendaciones, como usar preservativo en las
relaciones sexuales, recomendando el uso de jeringuillas desechables, etc. La
respuesta contra el covid-19, siendo un virus
mucho menos dañino para el organismo que el VIH, ha sido muy distinta, de represión. En los
80, una persona podía salir de copas una noche, tener sexo con alguien
seropositivo, que lo sabía o no, y contraer la enfermedad. A pesar de ello, a
las elites dirigentes no se les ocurrió adoptar medidas para que los ciudadanos
pertenecientes a sectores considerados de riesgo, o ciudadanos en general, no
pudieran tener sexo. Tampoco adoptaron medidas para confinar, aislar, a
aquellos que tenían la enfermedad u obligarles a identificarse de forma
pública, con un cartel que pusiera soy seropositivo, o con algún dato en su
Dni.
Y es que la solución
nunca puede ser más costosa que el problema. El Gobierno de Sánchez,
recurriendo a la declaración del estado
de alarma, ha impuesto una serie de medidas que tienen un elevado coste social
y económico, y además son ineficaces. Con el sida nadie se atrevió a imponer
que la gente no tuviera relaciones sexuales, ni siquiera a los que ya padecían
la enfermedad, entonces, muy probablemente, muchos sectores de la sociedad lo
hubieran considerado inhumano. En este momento, el Gobierno socialcomuinsta de
Pedro Sánchez ha impedido a los ciudadanos que se besen, que se den la mano,
que tengan el mas mínimo contacto social, en beneficio de una falsa protección
de la salud. Sánchez se ha convertido en cómplice del covid-19, favoreciendo
que el virus reduzca la actividad económica e imponga cambios en la vida de los
españoles. Favoreciendo que el covid-19 reduzca la vida de muchos ciudadanos
españoles a comer y dormir.
Por el momento, el Gobierno
de Sánchez no tiene apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado
para el 2020, algo que era urgente ayer, pues hoy ya se debería empezar a
hablar de los del 2021. Pero sí cuenta con u amplio apoyo para declarar el estado de alarma, incluido del principal
partido de la oposición, el Partido Popular (PP). El Partido Popular es
partidario de privar a muchos ciudadanos del derecho al trabajo, y a la vez de
que al personal sanitario español, muchos de ellos con unos principios
inaceptables en una democracia, se les dé una paga extraordinaria por su
trabajo, ¿Les deben algo? o tal vez, ¿Les quieren pagar el trato injusto e
inhumano que están dando a muchos pacientes?
Es evidente, que los partidos con representación en el Congreso de los
Diputados, curiosamente, por primera vez
también la Candidatura de Unidad Popular (CUP), les interesa poder ejercer
represión contra determinados sectores de la sociedad, a los que con la
justificación de la emergencia sanitaria provocada por el virus chino se les
quiere privar de derechos fundamentales, del derecho al trabajo, del derecho a
la libertad de movimiento, incluso del derecho al libre albedrio, imponiendo en
beneficio de una falta protección de la salud, confinamiento, privando de la
elección de médico y de tratamiento. Recurriendo a una muy probable aplicación inconstitucional
del estado de alarma, el presidente Sánchez ha privado a muchos
ciudadanos de libertad y justicia en beneficio de una falsa protección de la
salud. Las enfermedades no se combaten
con represión, como quiere hacer Sánchez y sus aliados comunistas, sino con amor, con libertad, con justicia,
ayudando a los que lo necesitan. Impulsando la autoprotección, y utilizando el
sistema sanitario para ayudar y tratar a aquellos ciudadanos que no pueden
hacer frente a la enfermedad en sus casas y con sus medios.
Ayer nuestra sociedad
era amenazada por el terrorismo islamista, contra la que desde el Gobierno de España no se adoptaron medidas, sino que se favoreció, convirtiéndolo
en terrorismo de Estado, como el conocido 11-M,
y generando alarma social difundiendo el mensaje de que no hay seguridad
cero, de que no se pueden evitar los
ataques del terrorismo islamista. Hoy el ataque de un virus chino y la
emergencia sanitaria que está creando, sirve al Gobierno de Sánchez para
ejercer represión y amenazar a concretos sectores de la sociedad española. Las
elites dirigentes españolas no deberían ignorar, que además del terrorismo
islamista y el virus chino, que controlan, pueden surgir otras amenazas que
pongan en peligro su seguridad y la de sus familias.
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