El Gobierno de Mariano Rajoy ha
aplicado el artículo 155 de la Constitución, pero lo está haciendo de una forma
light, buscando que se note lo mínimo posible. Ha disuelto el Parlament que había
realizado la Declaración Unilateral de Independencia, ha destituido al Gobierno
autonómico y ha convocado elecciones para el próximo 21 de diciembre, con el mínimo
margen de tiempo posible, 54 días. Los líderes de los partidos que han liderado
el proceso independentista, dicen que consideran que dichas elecciones carecen de legitimidad,
pero, carentes de la más mínima dignidad política, han dicho que participaran
en las mismas. Da la impresión de que las elites políticas españolas, tanto
independentistas como constitucionalistas, tienen en común su interés por que
se coloquen urnas, como instrumento para poder aumentar su poder político y sobre todo, optar a gestionar los recursos públicos.
Pero analicemos un poco lo que
ha ocurrido en España en este mes de octubre de 2017. El 1-O se realizó un referéndum secesionista
en Cataluña, considerado previamente ilegal por el Tribunal Constitucionalidad.
Ilegalidad que los poderes del Estado utilizaron como justificación para
ordenar violentas cargas policiales por todo el territorio de Cataluña, destinadas a que la votación no
tuviera lugar. Humildes ciudadanos, sin responsabilidades políticas, que querían
votar o que la votación tuviera lugar, fueron agredidos brutalmente por la policía.
No se produjeron detenciones, y las querellas presentadas por la Fiscalía
contra los agredidos han sido mínimas. La Fiscalía, si en cambio está
investigando si hay cargos públicos y mandos de los Mossos d´Esquadra
responsables por acción u omisión de que el 1-O tuviera lugar. El 27-O, en el
Parlament se produce un pleno para votar y realizar la declaración de independencia.
Pleno considerado por el Tribunal Constitucional ilegal, y al que se le da la máxima
difusión a través de los medios de comunicación, en concreto, televisivos. La votación
se realiza por el método de en urna y
secreta. Para ello, ante los medios de comunicación, y con el conocimiento de
todas las fuerzas políticas con representación en el Parlament se colocó una
urna en la cámara, en la que, sin prisas, los Sres. diputados autonómicos fueron
depositando su voto. Al acabar la votación, se produjeron en el Parlamento de
Cataluña varios actos mediáticos. Durante el pleno ilegal y la ilegal votación que tuvieron lugar en el Parlamento de Cataluña el 27-O en ningún
momento los poderes del Estado, el Gobierno, el Poder Judicial, etc.,
consideraron que debía actual la Policía. Algo que puede ser entendible. Al
Parlament habían acudido numerosos alcaldes catalanas, y la escena de miembros
de la Policía enfrentándose a alcaldes armados con sus bastones hubiera dado
una imagen internacional penosa de la democracia española. Lo que ya es difícilmente entendible
es que en las próximas horas a la realización de la declaración de
independencia los poderes del Estado tampoco actuaran. Fue el lunes 30 de octubre,
cuando el Fiscal General del Estado, considero que debía presentar querellas
contra los responsables de la declaración de independencia, querellas que están
estudiando los correspondientes órganos del Poder Judicial, la Audiencia
Nacional y el Tribunal Constitucional.
Los poderes del Estado, o
mejor dicho, aquellos que hoy los dirigen, consideraron que suponía una amenaza
para España, para la Seguridad Nacional, para la democracia, etc, que se celebrara el referéndum del 1-O, mandando actuar a los gorilas de la Policía
contra humildes ciudadanos carentes de responsabilidades políticas. Pero en
cambio, actos más graves, como el pleno del 27-O y su correspondiente votación,
destinados a declarar la independencia de Cataluña, no los consideraron una amenaza, y por tanto,
merecedores de la actuación de los gorilas, de los jugadores de rugby, de la Policía, para
impedirlos. Ni siquiera una vez declarada la independencia de Cataluña
consideraron necesaria la detención de sus responsables, tal vez, porque eran
conocedores de que estos no iban a tomar ninguna otra decisión sino irse de vacaciones
al extranjero, en concreto a Bruselas, donde dicen que se encuentra en estos momentos el
expresidente Carles Puigdemont.
Es evidente, que el
proceso independentista ha sido
utilizado por los monárquicos, por el fascismo borbónico que hoy contamina la vida
política española, para realizar una demostración de poder, de fuerza, contra
un territorio de España y su humilde población. Una demonstración de fuerza, esta
vez no sutil, ni oculta, ni discreta,
sino de forma clara, aunque astuta, buscando que no se le puedan atribuir
decisiones, estas están siendo tomadas por otros poderes del Estado español,
distintos a la Jefatura del Estado, pero
sometidos a la Corona, a la que sus dirigentes rinden pleitesía.
Pero aún hay algo más que
analizar. Todo tiene una causa, en lenguaje policial, un móvil, una razón de
ser. Y por tanto, el proceso independentista también lo debe tener. En mi opinión,
existen tres explicaciones posibles a la
evolución del proceso independentista.
Primera, el fascismo borbónico todavía desea realizar una mayor demostración de fuerza en Cataluña, desea incrementar más
la represión, de ahí la aplicación
blanda del 155, dando pie a más y futuras actuaciones del independentismo que la
justifiquen. Segunda, la existencia de ocultos pactos políticos destinados a que en
las elecciones del próximo 21 de diciembre se produzca un inexplicable y
extraño resultado, por ejemplo, que pase a gobernar Cataluña el comunismo
internacional, Podemos y sus satélites. Tercera,
que los dirigentes políticos que han impulsado el proceso independentista,
muchos de los cuales han dicho que se presentaran a las elecciones del próximo 21-D,
lo hayan hecho porque ello ha contribuido a engordar, aumentar, su patrimonio.
Razones, una o las tres, que más tarde o temprano se desmentirán o se harán evidentes.
Seguramente, a ello contribuya hoy Puigdemont con la rueda de prensa que dicen
que va a dar en Bruselas. ¿A que ha ido Puigdemont a Bruselas? ¿A hacer una declaración
política, a pedir asilo político, a refugiarse para continuar la lucha o a
comenzar una nueva etapa de su vida en el extranjero? ¡Animo Puigdemont! Vuelve
para España, no te persigue nadie, solo
persiguen a humildes ciudadanos.
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