“2020”, UN AÑO DE DERRUMBAMIENTOS Y CONSTATACIONES.

En septiembre del 2001 se produjo el mayor atentado terrorista de la historia de la humanidad. El terrorismo islamista ataco y derribo las Torres Gemelas de Nueva York, el World Trade Center, asesinando a casi 3000 personas. Pero a pesar de que ello supuso un drama personal para las familias directamente afectadas,  el  mundo occidental despidió el 2001 con sus tradicionales celebraciones y con la clásica  alegría colectiva. Y había razón para ello, las repercusiones de tal episodio histórico  para las vidas de los ciudadanos occidentales, incluidos los estadounidenses, fueron  mínimas. Las cuales se materializaron principalmente en nuevas medidas de seguridad en los transportes públicos. Cierto, Estados Unidos y sus aliados entraron en guerra, en Afganistán e Irak, pero ello afecto de forma directa a un muy reducido número de ciudadanos y familias. No va a ocurrir lo mismo con el 2020. En el 2020 no se han producido importante atentados terroristas, pero  pasara a la historia como un año de importantes derrumbamientos. Se han derrumbado los planes de muchos ciudadanos, algunos ya perciben que se ha derrumbado su futuro, y tendrán que reenfocarlo. Y se han derrumbado dos históricas realidades, la de unión y la de seguridad.

La ejecución del Brexit el próximo 31 de diciembre derrumbara la realidad de unión en Europa. Lo que se pensaba no hace muchos años que era una solida realidad de unión, se ha dado a conocer como una mera ilusión, que en pocos días se derrumbara, con unas repercusiones para los ciudadanos europeos que los expertos en diferentes áreas, política, económica, de cooperación o defensa y seguridad, no se atreven todavía a definir, pero que ya se vislumbra que no serán buenas para la gran mayoría de los ciudadanos europeos. Pero el derrumbamiento más traumático ha sido el de la seguridad. Si comenzamos el 2020, con el discurso de las elites gobernantes occidentales de que deberíamos resignarnos a ser vulnerables a las acciones indiscriminadas del terrorismo islamista, cerraremos el año, con el de que debemos aceptar también de forma resignada e inevitable otra amenaza, la del virus chino covid-19.

Los ciudadanos occidentales creíamos vivir en un ambiente de seguridad, en el que los gobiernos democráticamente elegidos garantizaban no solo la seguridad ciudadana, incluyendo en esta la seguridad sanitaria, sino también nuestros derechos, derechos históricos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no era así, la seguridad era solo una ilusión que se ha acabado derrumbando. Hoy el covid-19 amenaza nuestras vidas y en mayor o menor medida, dependiendo del Estado, también los derechos de los ciudadanos debido a las medidas impuestas por sus gobiernos. La Organización Mundial de la Salud declaro la alerta sanitaria por covid-19 el pasado 30 de enero, pero los gobiernos occidentales no adoptaron medidas para frenar su entrada en sus respectivos territorios y su propagación hasta mediados de marzo, cuando el virus entrando por Italia ya se había extendido por toda la Unión Europea y saltado de forma masiva a Estados Unidos. Si en un principio se defendió la idea de que no era ni necesario ni conveniente cerrar fronteras y limitar la circulación de viajeros, luego se impusieron duras medidas destinadas a restringir no solo la movilidad de los ciudadanos sino también la realización de actividades económicas, condenando a muchos ciudadanos al desempleo.

Medidas contradictorias y en muchas ocasiones totalmente irracionales, que los gobiernos occidentales han impuesto apoyándose en el discurso compartido de que nos encontramos ante un escenario nuevo, desconocido y cambiante. En España, por ejemplo, millones de ciudadanos son privados del derecho a la libre circulación, unos no pueden salir de su comunidad autónoma, otros ni siquiera de su ciudad, pero se mantienen abiertas las fronteras con el exterior, de tal forma que ya se habla de que a España  ha llegado una nueva cepa del virus, con origen en Sudáfrica, a través de viajeros procedentes de Reino Unido. Es decir, el Gobierno de Sánchez está criminalizando a sectores sociales, amas de casa, pensionistas, desempleados, etc, privándoles del derecho a la libertad de movimiento, con el argumento de que se hace para evitar la propagación del virus, pero a la vez permite la libre circulación de personas pertenecientes a otros sectores sociales, sin ningún tipo de control, estando constatado que son los que propagan el virus, no solo a nivel nacional, sino entre países. Es evidente,  con  la falsa disculpa de frenar la propagación del virus, el Gobierno de España ha anulado la igualdad entre españoles, privando o garantizando el derecho a la libre circulación en función del rol social.

Además, el 2020 ha permitido constatar tres cosas. Uno, la capacidad de adaptación del ser humano no se ha debilitado con el desarrollo tecnológico y la mejora de su calidad de vida. El ser humano sigue siendo capaz de adaptarse a cualquier situación, por muy desfavorable que esta sea, con tal de sobrevivir, cambiando hábitos, reduciendo su movilidad, disminuyendo su consumo, adoptando medidas tan antinaturales como el continuo uso de mascarilla. Dos, los valores morales de nuestra sociedad, si existen dejan mucho que desear. Por ejemplo, el Gobierno de España, contando con la complicidad del sistema sanitario, ha permitido que miles de ancianos, por ejemplo, alojados en residencias, pero no los únicos,  hayan muerto en condiciones indignas, privados del apoyo y cariño de los suyos, y de una correcta atención sanitaria. Tres, la crisis del covid-19 debido a cambios en hábitos de ocio y reducción de consumo ha producido negativas consecuencias para las economías occidentales, como el incremento del paro. Dejando así  claro, en unos pocos meses,  que la corriente de pensamiento del decrecimiento, defendida por sectores de la izquierda política, no es deseable por las consecuencias que a corto plazo produciría en las economías capitalistas occidentales un cambio del estilo de vida actual  y una drástica disminución del consumo. Inevitablemente, el crecimiento económico sigue siendo la única solución para que un cada vez  mayor número de ciudadanos pueda disfrutar de mejor calidad de vida. 

EN SU 42º ANIVERSARIO, CADA VEZ QUEDA MENOS DE LA ESPAÑA QUE NACIÓ CON LA CONSTITUCIÓN.

La Constitución de 1978 llego a su cuadragésimo aniversario después  de una  declaración unilateral de independencia en Cataluña, en octubre del 2017, que no significo nada,  más allá de la detención de algunos dirigentes catalanes que la habían impulsado y la huida al extranjero de otros, y con un mapa  político muy fraccionado que dificultaba enormemente la gobernabilidad de España. Pero todo es susceptible de empeorar. Los problemas del 2018 no solo continúan hoy sino que se han agravado con otros nuevos. España llega a la celebración del  cuadragésimo aniversario de la llegada de la democracia tambaleándose tres pilares fundamentales de la Constitución y por tanto del sistema democrático: La Monarquía, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.

El rey emérito Juan Carlos I, jefe del Estado hasta junio de 2014 al abdicar en su hijo el rey Felipe VI, se encuentra hoy refugiado en un país islámico, Emiratos Árabes Unidos, buscando esconderse de la actuación de los medios de comunicación, sino también de la justicia ya que está siendo  investigado en España y Suiza por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.  

Las actuales elites políticas con representación en el Congreso de los Diputados son incapaces de ponerse de acuerdo para renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la justicia española. El Gobierno de Sánchez ha amenazado con cambiar la ley que lo regula, de tal forma que no sea necesario para nombrar nuevos vocales del CGPJ mayoría absoluta sino que llegue con mayoría simple. Ello ha dado lugar a que desde la Unión Europea se le llame la atención al Gobierno de Sánchez, recordándole que tenga en cuenta la opinión de la oposición y de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es una institución dependiente del Consejo de Estado, que se creó a la caída del Muro de Berlín para asesorar a las ex repúblicas comunistas del este de Europa, estados miembros  de la disuelta  Unión Soviética, para asesorarles en su proceso de democratización, elaboración de una constitución democrática  y demás ordenamiento jurídico. Es decir, de esta forma la UE está calificando a España de república bananera en la que el Gobierno no tiene claro como se pueden o no aprobar determinadas leyes en una democracia.

Y en tercer lugar se empiezan a tambalear también de forma pública las Fuerzas Armadas, algo grave si tenemos en cuenta la historia de España y el hecho de que los militares han tenido sometida a la sociedad española durante casi 40 años a una dictadura militar. En la actualidad todo el mundo, y más un mando militar de alta graduación,  sabe que las redes sociales, así como otros instrumentos  de comunicación a través de Internet, no son seguros, y por tanto si se ha dado a conocer un chat en donde mandos militares retirados emitían  exabruptos con los que se amenazaba el orden constitucional y a una parte de la sociedad española,  no puede ser más que de forma interesada. No tiene sentido que haya militares que digan que es necesario defender cosas como la integridad territorial de España, cuando no hicieron nada para frenar el proceso independentista de Cataluña y el artículo 8º de la Constitución les permite actuar en defensa de la soberanía nacional.  Lógicamente, están utilizando reivindicaciones del independentismo catalán, que se sabe que no llevan a ningún lado, como argumento para defender concretos intereses políticos y económicos de las elites militares. Lógicamente, solo hablan militares retirados, porque los que están en activo saben que significarse de forma pública políticamente representaría el final de su carrera. 

Está claro, las elites militares han vuelto a buscar influir en la política española de forma pública. Primero, introdujeron al general Julio Rodríguez, ex JEMAD, como dirigente de Podemos,  constatada representación en  España del comunismo internacional. Lo que explica, que primero  el Movimiento 15-M y luego Podemos, hayan recibido fuertes apoyos de sectores  de la derecha española. Apoyo mediático, como por ejemplo, del monárquico Grupo Planeta, pero también en votos, de tal forma que Podemos se hizo con votos en zonas que tradicionalmente votaban al PP. Luego, cuando la sociedad española ya había aceptado sin la más mínima critica, ni política ni periodística, la entrada de los militares en política, crearon Vox, el heredero ideológico en España de aquellos que provocaron la Segunda Guerra Mundial, el nazismo alemán y el fascismo italiano. Si desde Podemos pedían la mitad del Gobierno de España y asaltar los cielos, ahora la llamada gente de Vox, militares retirados, haciendo público su chat, piden la cabeza de 26 millones de españoles. Increíble ¿Querrán vacunar a estos 26 millones de españoles con algo para que los hijos del resto de españoles puedan  ver mejor, correr más, obtener mejores titulaciones, etc?   

Sea para bien o muy probablemente para mal, cada vez queda menos de la España que nació con la Constitución de 1978. España llega al 42 aniversario del día de la Constitución en una situación de clara anormalidad democrática. Con un Congreso formado por asalta supermercados y personajes políticos que su principal mérito es ser anti algo, muchos de ellos anticonstitucionales. Con las elites militares controlando la radicalidad política, Podemos y Vox, en beneficio suyo. Estando en cuestión el rol y funcionamiento de instituciones tan importantes como la Jefatura del Estado, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. La democracia española se ha construido dándole mucha importancia a los derechos de las fuerzas políticas, pero ninguno a los derechos individuales de los ciudadanos. Aceptando el principio de todo vale, independientemente del ordenamiento jurídico,  si cuenta con el apoyo de la mayoría. Pero el mapa político se ha fraccionado, y la regla de todo vale si cuenta con la mayoría ya no satisface a nadie, y buscan cambiar las reglas de juego, el ordenamiento jurídico, aprobando de forma inconstitucional nuevas  leyes o recurriendo a la presión, sino amenaza, de la utilización  de la fuerza de los  militares.   

UN ESCENARIO REGIDO POR LO POLÍTICAMENTE DESCARADO.

En la sociedad española lo políticamente correcto ha dejado de estar de moda, para dar paso a lo políticamente descarado. En España, durante la década de los 80 del pasado siglo, entre las elites políticas  existía la convicción de la necesidad de la defensa de lo políticamente correcto. La necesidad de la defensa de que el comportamiento de los políticos y, sobre todo, su discurso, entraran dentro de lo aceptable en una democracia y de acuerdo a la Constitución del 78. Cuando se rompía esta regla, no era por deseo de dirigente político afectado sino porque un adversario o un medio de comunicación habían hecho público algún secreto de este que le desacreditaba. Pero todo cambia, y en este caso para peor. De un comportamiento y discurso de las elites políticas políticamente correcto, hemos pasado a otro políticamente descarado. Se miente de forma descarada; se amenaza de forma descarada; se defiende una cosa y se hace la contraria de forma descarada. Todo comportamiento y discursos políticos son aceptables si cuentan con el apoyo de la mayoría. Hoy en España tenemos diputados nacionales que lideraban acciones de asalto a supermercados o que eran partidarios de lo conocido como escrache como forma de presión a representantes políticos democráticamente elegidos.

El Gobierno de España acaba de aprobar una ley para hacer frente a la desinformación. En teoría para hacer frente a las noticias falsas. Como si en la era de Internet los ciudadanos no fueran capaces, con un mínimo esfuerzo y coste, de verificar cuando una noticia es falsa o no. Lógicamente, ello entra en contradicción con el hecho constatado de que en España los principales productores de noticias falsas son fuentes del propio Gobierno y afines ideológicamente. En un ambiente dominado por lo políticamente descarado, lo percibimos todos los días a través del discurso de dirigentes políticos, nadie se cree que esta ley nace para proteger a los ciudadanos, sino todo lo contrario, para poder ejercer represión, como un recurso más de los partidos que hoy gobiernan España para limitar la libertad de expresión de medios de comunicación y ciudadanos no afines ideológicamente. El Gobierno de Sánchez dice querer combatir la desinformación, pero no ve desinformación en la propaganda antioccidental y anti NATO que el vicepresidente y secretario general de Unidas Podemos hace a través de una  cadena de la televisión publica iraní.

Pero no es algo nuevo ni de extrañar. Durante el pasado siglo tanto el Régimen nazi alemán, como regímenes de ideología comunista, la Unión Soviética y sus satélites, utilizaron  la mentira descarada, el tirar la piedra y esconder la mano, acciones de bandera falsa, etc,  como instrumento para alcanzar objetivos políticos, cuando  militares, asegurándose el factor sorpresa, por ejemplo, prometiendo paz y luego atacando. Tampoco es de extrañar, una de las principales características de los regímenes comunistas es controlar y limitar la difusión de información, prohibiéndose toda actividad de difusión de información contraria a los intereses del partido político, el único partido, comunista, que gobierna. España hoy todavía no es un régimen comunista pero ya se le acerca en numerosos aspectos. En el Gobierno de España hay un partido, Unidas Podemos, que es un claro satélite de lo que desde la caída del Muro de Berlín se conoce como poscomunismo, el comunismo con las mismas ideas de siempre, pero con un hábito más caro, más lujoso, liderado desde Moscú y demás países de su órbita.

Ha comenzado el juicio por los  atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, y lo primero que hacen es difundir un video con los ejecutores manejando explosivos y amenazando a ciudadanos cristianos españoles. ¿Funcionaba la furgoneta con la que realizaron el ataque con explosivos?  ¿Tienen todo tan bien atado que no temen que se puedan producir reacciones en la sociedad española? ¿Qué difusión de información quieren controlar desde el Gobierno de España? Evidentemente, una vez más se han superado a sí mismos, han  sobrepasado el límite de lo políticamente descarado. Y lo mismo está ocurriendo con la gestión de la epidemia por el virus chino covid-19 desde el Gobierno de España solo se hace desinformar y sobre todo amenazar a los ciudadanos. Volvamos al principio para entender el presente. Que el 30 de enero, día que la OMS declaro la alerta sanitaria por el virus chino, por coronavirus,  que el Gobierno permitiera entrar en  España al Wuhan Zall, un equipo de futbol chino,  para entrenar, y luego al Dalian Yifang, es un insulto a la inteligencia. Pero no queda ahí la cosa, después de tres meses de un duro estado de alarma, el Gobierno de Sánchez volvió a las andadas, de tal manera que se cree  que un variante del virus chino asociada a trabajadores temporeros de Aragón y Cataluña es la principal causa de la segunda ola de la epidemia en Europa, ¿Es una tomadura de pelo? No, es un fruto más de lo políticamente descarado.

Una vez más, debo resaltar que el problema no es el virus chino, sino la utilización que lo políticamente descarado permite hacer de la situación creada por la epidemia que ha causado. Siendo utilizada para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos. Muchos expertos en temas sanitarios padecen el síndrome Hitler, es decir, se creen con capacidad para controlar el mundo con sus virus y enfermedades, y como todos recordamos, no fue así. En España, esta constatado, el  sistema sanitario es utilizado  para ajustar cuentas y cometer violaciones de los derechos humanos, algo amoral, propio de regímenes fascistas, su variante el nazismo, o de regímenes comunistas. En el Mundo occidental no es aceptado ni en tiempos de guerra, pero hoy lo permite la aceptación por la mayoría de lo políticamente descarado. De tal forma que muchos ciudadanos hoy viven bajo la amenaza de que el Gobierno de España decida que ha llegado el momento oportuno o no de aplicarles una eutanasia activa. ¿No hay alternativa, no hay capacidad de reacción, debemos resignarnos a aceptar pasivamente las consecuencias de lo políticamente descarado? Que cada uno decida.

CRISIS COVID-19: NUEVO ESTADO DE ALARMA EN MANOS DE LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS.

Con la disculpa de combatir la propagación del virus chino SARS-CoV-2 y proteger la salud de los ciudadanos, del  14 de marzo al 21 de junio, recurriendo a la declaración del estado de alarma,  el Gobierno de España sometió a la sociedad española a duras restricciones de su libertad de movimiento, restringiendo a su vez la realización de numerosas actividades económicas. Pero el virus chino no ha desaparecido de territorio español, hoy se vuelve a propagarse con fuerza. Los tres meses de estado de alarma, no han servido para erradicarlo. Reducir la movilidad de las personas evita contagios, pero también reduce la vida de los ciudadanos a  comer y dormir, algo no deseado,   y sobre todo hunde la economía al disminuir la actividad económica, entre otras cosas, al bajar el consumo, en lo que llevamos de año la deuda pública ha superado ya el 110% del PIB. A pesar de ello, cuatro meses después, con fecha 25 de octubre el Gobierno ha vuelto a declarar el estado de alarma, con la misma disculpa que antes, proteger la salud de los ciudadanos y evitar muertes. El Gobierno ha argumentado para declarar el estado de alarma la necesidad de impedir actividades privadas de ocio nocturno y dotar a los Gobiernos autonómicos de un instrumento legal para imponer confinamientos perimetrales. 

El nuevo Real Decreto del estado de alarma tiene respecto al de marzo, importantes y claros matices. No impone el cierre de actividades económicas, sino simplemente limitaciones horarias, y también podrán seguir realizando su actividad los centros educativos. Limita la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, de 23:00 a 06:00, y se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad autónoma. No hay ningún argumento científico  que permita sostener que una persona que se desplaza a otra comunidad por motivos laborales o por estudios tenga menor probabilidad de  contagiarse y, como consecuencia, de contribuir a propagar el virus, que otra que lo hace por ocio. Tampoco en otro tipo de desplazamientos. No hay ningún método científico que permita afirmar que los ciudadanos se contagian más en unas actividades, por ejemplo, de ocio, que en otras, en los medios de transporte, lugar de trabajo o centros educativos, son simples hipótesis sin base científica que se elaboran y difunden para rellenar informes y justificar el sueldo. Pero a pesar de ello, el Gobierno sigue optando por restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos en función de su rol social. El gobierno de Sánchez quiere limitar la movilidad entre comunidades autónomas, pero mantiene abiertas las fronteras exteriores de España, por ejemplo, con China, lo que representa una completa burla a la inteligencia de los españoles.

Pero lo más importante del nuevo Real Decreto es que el Gobierno de España delega en los gobiernos autonómicos la posibilidad de adoptar o no las medidas que contiene. Durante el anterior estado de alarma, el entonces presidente de la Generalitat, y hoy ya expresidente, Quim Torra, exigió al Gobierno de Sánchez que levantara el estado de alarma o realizara modificaciones en el Real Decreto de aplicación para devolverle las competencias que el Gobierno le había retirado temporalmente. Pues parece ser que ahora Sánchez ha cedido, y ha realizado una aplicación del estado de alarma a la medida de las reivindicación de las elites independentistas burguesas catalanas ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Es el precio a pagar por el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para el 2021?

El presidente Sánchez está legislando en función de la conveniencia política y económica, que los confinamientos perimetrales se realicen a nivel autonómico, le permitirá a Canarias, en temporada alta,  seguir recibiendo turistas. Está claro, el Gobierno de Sánchez quiere tener a los ciudadanos sometidos al estado de alarma, para poder justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos, permitiendo una mayor actividad autonómica que en el de marzo, y delegando en los gobiernos autonómicos la decisión de que medidas y contra quien las adoptan. Pero que sean muchos los actores políticos que apoyen la declaración del estado de alarma no hace su aplicación más constitucional, pues no puede ser constitucional que ciudadanos sanos sean privados de derechos fundamentales únicamente en función de su rol social, es decir, en función de ¿Trabajas o estudias? No, a casa.

VOX COMO ALTERNATIVA AL GOBIERNO SOCIALCOMUNISTA: ESPAÑA UNA DEMOCRACIA CON POCOS DEMÓCRATAS.

El presidente Sánchez seguramente no ha sido el primero ni el único en introducir plagios en su tesis, pero ha sido el primero en muchas cosas. Algunas anecdóticas, como ser el primer en ganar una moción de censura y ser presidente sin ser diputado nacional. Otras, con negativas consecuencias para España. Ha sido el primer presidente del PSOE que se ha atrevido a meter a los comunistas en el Gobierno de España, pactando con la representación del comunismo internacional en España, Unidas Podemos. Ha sido el primer presidente de la democracia que no ha logrado aprobar los Presupuestos Generales del Estado por dos años consecutivos, teniendo que prorrogar los del 2018. En febrero del 2019, llevando en la Moncloa poco más de seis meses, tuvo que convocar elecciones generales al no contar en el Congreso de los Diputados con apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos; en el 2020, también sin lograr aprobarlos a esquivado el tema aludiendo a la situación sanitaria que vive el país, lo que ha permitido que desde la Unión Europea hagan la vista gorda sobre la situación de las cuentas públicas españolas.

Con la justificación de la amenaza de la epidemia sanitaria causada por el virus chino covid-19,  el presidente Sánchez ha impuesto en España una represión propia de un régimen autoritario, fascista o comunista, privando o concediendo derechos fundamentales a los ciudadanos en función de su rol social; ha frenado la economía y disparado el gasto público, se habla ya de una deuda pública de en torno al 120% del PIB; en cuanto al desempleo no se conocen los datos exactos, entre otras cosas porque el Gobierno ha adoptado medidas para dificultar que las empresas puedan despedir y tiene a muchos trabajadores bajo el paraguas de lo que se conoce como Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Con la falsa disculpa de la protección de la salud, el presidente Sánchez sometió a España a tres meses de estado de alarma que solo han servido para ejercer represión, encubrir violaciones de los derechos humanos, privando a muchos ciudadanos del derecho a una correcta atención sanitaria, y hundir la economía, hoy España sigue estando bajo la amenaza del covid-19. La situación de España es grave; con la disculpa de la epidemia sanitaria, que han favorecido, se quieren justificar abusos sanitarios y responsabilizar al virus de enfermedades que tienen como principal causa al utilización por parte de las elites dirigentes para ajustar cuentas. Pero lo más triste es que frente a la grave y lamentable situación creada por el presidente Sánchez, la única alternativa que se les ofrece a los españoles es Vox. Vox ha presentado una moción de censura contra el presidente Sánchez, que se debatirá en el Congreso de los diputados los próximos 21 y 22 de febrero, proponiendo a su líder, Santiago Abascal, como candidato a presidente del Gobierno de España.

De Vox, poco se puede decir que no se conozca. Vox es el heredero en España de aquellos que provocaron la Segunda Guerra Mundial, el Nazismo y su variante italiana el Fascismo; es la voz de los militares, es un partido que solo habla el lenguaje de la violencia, que desprecia al democracia, por considerarla el Gobierno de los débiles y considera que la violencia debe ser el principal instrumento para de acceso al poder político. Después de casi 40 años de dictadura militar, uno de los acuerdos tácitos de la Transición fue que los militares no volverían a injerir en la política española, y que el general Gutiérrez Mellado sería el último militar ministro de Defensa. Hoy, el pueblo español vuelve a tener a los militares en el Congreso de los Diputados intentando dirigir la política del país. La creación de Vox no ha sido muy original, pues se asemeja mucho a la creación del Partido Nazi, con numerosos exmilitares de alta graduación entres sus dirigentes. La verdad, todo hay que reconocerlo, la táctica utilizada para lanzar Vox ha sido muy inteligente y militar. Primero, los militares, contando con el apoyo de sectores de la derecha española afines al PP,  ayudaron a que creciera un partido de ideología comunista, Podemos, partido en el que metieron nada más y nada menos que a un ex JEMAD, al general Julio Rodríguez. En un principio, que un ex JEMAD de un Ejército como el español, mayoritariamente monárquico y de un Estado miembro de la OTAN, fuera de ideología comunista, antimonárquico y anti OTAN, como él mismo se definió, sonaba a extraño, pero no lo era.  Podemos fue la vanguardia utilizada por los militares para entrar otra vez en política. Una vez que la sociedad acepto como algo normal que un exgeneral  fuera dirigente de un partido comunista, con qué argumentos  se iba  a rechazar ahora que entraran en política con el grueso de la fuerza, como se iba a rechazar ahora que varios exmilitares lo fueran de Vox. Y así fue, en la sociedad española, y sobre todo a nivel periodístico, apenas ha habido debate sobre la vuelta de los militares a la política española.

La moción de censura de  Vox será defendida en el debate por Ignacio Garriga. Que un partido político que  basa su ideología y razón de ser en la defensa de la identidad española, como es el caso de Vox,  haya elegido para participar en el debate de la moción de censura a un diputado nacional por Cataluña y negro puede sonar a chocante, ilógico, pero no lo es. Recordemos, en la Guerra Civil utilizaron el Ejercito de África, cuya tropa era mayoritariamente extranjera y musulmana; con los dramáticos resultados que todos conocemos. Seguramente los militares no dudarían en volver a constituir un Ejército de inmigrantes, negros, musulmanes, etc,  para luchar contra los españoles. La vuelta de las elites dirigentes militares a la política española es muy malo para la democracia, es evidente que tienen una agenda oculta no democrática, y además, si el PSOE ha gobernado con los comunistas ¿Qué argumentos podrá haber en el futuro  en contra de que el PP lo haga con Vox?

CRISIS COVID-19: TODO VALE SI LO APOYA LA MAYORÍA.

El pasado 14 de marzo, el Gobierno de España, recurriendo a la declaración del estado de alarma, adopto una serie de medidas en apariencia para luchar contra la situación sanitaria creada por la epidemia provocada por el virus chino, covid-19. Muchas de ellas de forma clara inconstitucionales, por privar de forma arbitraria a muchos ciudadanos de derechos fundamentales. Cerrando o limitando actividades económicas. Medidas que se puede decir que han servido para muchas cosas, pero no para acabar con la epidemia del virus chino, y han  provocado el cierre de empresas, incremento de paro y, lo más grave, han hecho subir la deuda pública a un nivel sin precedentes en democracia, el 110% del PIB, algo que costara mucho bajar. No contento con eso el Gobierno, no contento con saltarse la ley de leyes, la ley que regula la convivencia entre españoles y el juego democrático, la Constitución de 1978, ahora quieren imponer similares medidas sin declarar  el estado de alarma, para poder mantener lo que podríamos definir como “abierta España”, es decir, total movilidad, manteniendo las fronteras exteriores abiertas, mientras se restringe la de concretos ciudadanos.  El Gobierno intenta poder confinar ciudades de más de 100.000 habitantes que reúnan una serie de criterios sanitarios. De tal forma que personas sanas queden confinadas en los territorios de esas ciudades únicamente porque el Gobierno de España considera que su rol social no es esencial para sus intereses, mientras que los que si tienen un rol considerado esencial puedan disfrutar de derechos fundamentales.   

Con la disculpa de intentar proteger la salud de ciudadanos sanos, el Gobierno les está diciendo “Vd. no salga de su ciudad”. El Gobierno de España siguiendo las recomendaciones del Ministerio de la Verdad, de un comité de expertos que no se sabe quién lo forma, dice que es necesario  sacrificar la libertad, sino la vida, de muchos ciudadanos en beneficio del interés general. No hay que ser experto en nada, ni muy inteligente, para llegar a la conclusión de que las medidas adoptadas por el Gobierno son absurdas e ineficaces. Por ejemplo, no hay evidencia científica de que un ciudadano se pueda contagiar más o menos en un desplazamiento, usando un transporte público, dependiendo de la razón del mismo. La sociedad está estructurada y organizada mayoritariamente en familias; si un miembro de la familia se desplaza, por ejemplo, por razones laborales, es como si se hubiera desplazado toda la familia, pues luego todos los miembros convivirán de forma conjunta y muy estrecha. No quiero decir  con ello que crea que estamos gobernados por tontos, ni mucho menos, estamos gobernados por unos listillos que quieren utilizar la situación sanitaria,  que de forma clara han contribuido a crear, para escenificar una demostración de poder contra concretos sectores de la sociedad española.

En España hay una democracia a la romana, no importan las leyes, algo es justo si cuenta con el apoyo de la mayoría. En España, no es opinión sino información, se están tomando decisiones y adoptando medidas impropias de una democracia moderna y occidental, propias de un régimen totalitario de ideología fascista o comunista. Y la situación sanitaria, insisto, que de forma clara han contribuido a crear, se ha convertido en la solución deseada y esperada para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos. El sistema sanitario español ha demostrado en numerosas ocasiones ser muy eficaz. Por mucha propaganda televisiva que hagan para engrandecer su trabajo y éxitos, no en la lucha contra epidemias, como lo demuestra la situación que sufre la sociedad española, sino como medicina punitiva,  como instrumento al servicio de sectores de las elites dirigentes para ejercer control social, cometer de forma sutil abusos y ajustar cuentas. Una vez más, las elites dirigentes españolas nos dan a entender que solo conocen el lenguaje de las pistolas, de la violencia, de la fuerza. O tienes fuerza para hacerte oír, o te hundes en la nada, en una nada en la que intentaran privare de derechos fundamentales.

POR QUÉ NO SE HAN INCREMENTADO LOS RECURSOS SANITARIOS: ¿INCOMPETENCIA O QUERÍAN QUE LA SITUACIÓN SE REPITIERA?

Con la propagación de virus chimo, que ha favorecido y permitido, las elites dirigentes españolas, y en concreto el Gobierno de España, han metido al país en una negativa situación que solo genera empobrecimiento, el PIB ha caído en el segundo trimestre más de 17%. En marzo incrementaron de forma falsa la amenaza del covid-19, buscando crear una alarma social que permitiera justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos. Que permitiera cosas como aislar a los ancianos en sus residencias condenando a muchos de ellos a morir en la más profunda soledad, sin poder recibir la ayuda de los suyos. Una medida injusta e injustificable, pues mientras se les exigirá a las familias que abandonara a sus mayores contagiados o en cuarentena, se permitía que se hicieran cargo de otros miembros en similares circunstancias, niños, etc. La amenaza vuelve a ser la misma que en el pasado marzo, pero las elites dirigentes no se atreven a tomar las mismas medidas, pues las consecuencias económicas, en concreto, incremento de déficit, cierre de empresas e incremento del desempleo, serían, como mínimo, similares a las de los tres meses de estado de alarma y por tanto inasumibles por España, tanto a nivel privado como por el Estado.   

Si el Gobierno de Sánchez pago el coste de declarar el estado de alarma para poder justificar determinadas medidas claramente inconstitucionales, entre otras cosas,  para privar a los ciudadanos de derechos fundamentales de forma discriminatoria en función de su rol social, el  Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid quiere poder hacer lo mismo sin pagar el coste económico y político de declarar el estado de alarma. Por ejemplo, el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, quiere cosas como  que militares y policías puedan  impedir que los ciudadanos no autorizados por  su rol social no abandonen las zonas de confinamiento y  puedan acceder a los datos sanitarios de los contagiados para así encargarse de su control, como si estuviéramos en estado de guerra, pues ¿Dónde quedan  derechos fundamentales como el de la libertad de circulación o  a la intimidad personal? Simplemente los anulan. Y lo más grave, la privación de estos derechos fundamentales no se aplicara de forma generalizada, sino que solo afectara a ciudadanos pertenecientes a determinados barrios de la comunidad, los de menos renta,  considerados los principales focos de contagios.

Como ocurrió con el estado de alarma declarado por el Gobierno durante tres meses, las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico de Madrid, representan que pensionistas, amas de casa y desempleados, ya veremos qué pasa con los centros educativos y estudiantes, serán privados del derecho a la libre circulación. Los ciudadanos podrán desplazarse a los barrios ricos de la ciudad a trabajar, pero no por actividades de ocio, no a consumir. Una medida absurda, pues el riesgo de que un trabajador contagie a otro trabajando o durante un periodo  de descanso no es inferior a que lo haga en una actividad de simple ocio.

Las elites dirigentes españolas, empezando por el Gobierno de España, quieren seguir utilizando la potencial amenaza del coronavirus, exagerada, cuando no falsa, para justificar represión, por ejemplo, dando carta blanca a militares y policías para ejercerla, y poder encubrir claras violaciones de los derechos humanos, pero ello, incluso no declarando el estado de alarma, e imponiendo solamente  confinamientos limitados y locales, como el de las zonas menos pudientes de la Comunidad de Madrid, es incompatible con la reactivación de la economía española.

Los expertos sanitarios españoles siguen sin dar información concreta sobre el covid. Sobre su persistencia, uno de los datos más importantes sobre un agente biológico, o sobre porque a unos ciudadanos les causa unos daños al organismo y a otros no, eso sí, todos coinciden en recomendar nuevos confinamientos, por ejemplo, de Madrid. Pero lo que no dicen, pero que por muy ignorantes que sean saben, es que confinar la Comunidad de Madrid significa confinar España, a no ser que todo sea un paripé, y se obligue a los ciudadanos a confinarse mientras se permite la entrada y salida de viajeros a través del aeropuerto y estaciones de ferrocarril. Han transcurrido ya seis meses desde la delación del primer estado de alarma, el pasado 14 de marzo,  para luchar contra el coronavirus; expertos y gobernantes decían que la situación sanitaria podría perdurar, pero a pesar de ello no se han incrementado los recursos sanitarios ¿Por qué? Elevada incompetencia o deseaban que la situación se repitiera.

SÁNCHEZ, NO CONTENTO CON LA MEMORIA DE LOS ESPAÑOLES, LA ATACA.

El presidente Sánchez ha logrado ya superar, con diferencia, al expresidente Zapatero en el daño causado a la economía española y parece ser que también lo quiere hacer en remover el pasado. Si Zapatero aprobó la Ley de la Memoria Histórica, que se puede decir que culminó con la exhumación de los restos del  general Franco del Valle de los Caídos para ser inhumados en el cementerio de Mingorrubio, en el Pardo, Sánchez todavía quiere ir más allá, aprobando la ley denominada de la memoria democrática, con la cual el Gobierno  dice buscar  lograr objetivos como que el Estado sea el que proceda  a identificar y entregar a las familias los restos que todavía hay en fosas comunes de la Guerra Civil, modificar los contenidos que se imparten sobre la Guerra Civil en los centros educativos, anular juicios políticos celebrados durante la dictadura militar, y anular títulos entregados por el franquismo.

La democracia que hoy tenemos en España, no es fruto de victorias de la izquierda, como nos intentan hacer creer ahora, sino de una evolución ideológica de aquellos que gobernaron los últimos años del franquismo, los cuales  consideraron que lo mejor para España y sus intereses era dar paso a la democracia como forma de integrar a España en el Mundo democrático occidental, en la OTAN y la UE, entonces la Comunidad Económica Europea. Paso que se apoyó en un pilar fundamental, la Ley de Amnistía de 1977, apoyada por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista  de España, entre otros partidos políticos, y de la que se beneficiaron personas de muy diferentes ideologías. Según la vicepresidenta Carmen Calvo ello se puede hacer sin ningún tipo de peligro porque hoy España es ya una democracia consolidada y madura. Lógicamente, todo el mundo percibe que la razón no es esa. Sino que  es muy difícil que más de 40 años después quede viva gente que haya asumido responsabilidades penales antes del 77 y por tanto la derogación o modificación sutil de esta ley no tendrá  efectos prácticos.

Tal vez, sea cierto lo que dice la vicepresidenta Calvo, que España es hoy una democracia consolidada y madura, no parece que a corto plazo se pueda producir algún tipo de movimiento violento destinado a provocar un cambio de régimen, pero también es cierto que en la actual España democrática y  Estado de Derecho, se cometen flagrantes, sistemáticas e impunes violaciones de los derechos humanos;  el Poder Judicial y la Policía son instrumentos represores al servicio de sectores de  las elites dirigentes y el sistema sanitario se utiliza para ajustar cuentas. Esa es la España en la que vivimos, pero a pesar de ello el Gobierno de Sánchez considera que lo más importante y necesario, no es investigar los delitos actuales, de los que son responsables por acción u omisión las actuales elites políticas, sino  crear una  Fiscalía para investigar hechos que han ocurrido hace décadas y cuyos ejecutores y responsables ya han fallecido.  

Vivimos una época caracterizada por que se está produciendo y permitiendo un falso revisionismo del pasado, principalmente impulsado por sectores políticos de la izquierda. El Gobierno quiere revisar la historia, manipulando a los ciudadanos ocultando una parte de ella. El Gobierno no contento con la memoria de los españoles, la ataca. En el 36, se produjo en España un golpe de Estado militar contra el Gobierno de la Republica, que tenía como objetivo restaurar la Monarquía,  pero también es cierto que el Gobierno de la Republica había perdido totalmente el control del orden público, ordenando cosas como el asesinato del diputado Calvo Sotelo. El Gobierno de Sánchez quiere anular juicios celebrados por el franquismo, como por ejemplo, el del presidente Companys, que tuvo como sentencia su fusilamiento, pero nada dice de los juicios celebrados por el Gobierno de la Republica, que también tuvieron como sentencia fusilamientos, como el de Antonio Primo de Rivera, en Alicante en el 36. El Gobierno de Sánchez quiere ordenar levantar fosas donde considera  que están enterrados sus antepasados, como mínimo políticos, y me parece justo, necesario y urgente, pero no debemos olvidar que desde el Gobierno de la Republica se cometieron también muchos asesinatos injustos, de no combatientes, como las conocidas como las matanzas de Paracuellos.

Puede parecer que hay sectores de la izquierda española que quieren hoy ganar la guerra que perdieron sus abuelos y no quisieron librar sus padres. Y tal vez hay sectores de la izquierda que lo sienten así. Pero lo que está ocurriendo va mas allá, es una sutil escenificación de ataques, batallas y victorias actuales que nada tienen que ver con la Guerra Civil. El que no aprende las lecciones del pasado corre el riesgo de tener que repetirlas, y las elites dirigentes que hoy gobiernan España  parece ser que no las han aprendido.

CRISIS COVID-19: EL DESEO DE APARENTAR.

Desde que comenzó la crisis del coronavirus, en España los datos oficiales no son creíbles. Las elites dirigentes, los que gobiernan y en especial las autoridades sanitarias los han manipulado  para incrementar o atenuar una  alarma social que justificara sus decisiones. Ello tiene una explicación clara, no hay duda, numerosos indicios dan a entender que no solo sabían que esta situación se iba a producir sino que desde el Gobierno de España se ha favorecido que se produjera. Con que intención, todavía no está clara, pero hoy ya sabemos que la amenaza del covid-19 ha sido utilizada y está siendo utilizada para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos y ha provocado decrecimiento al imponer el Gobierno restricciones a actividades económicas y  medidas que reducen el consumo de los ciudadanos.

A través del discurso oficial, de forma intensa y repetida  difundido por los medios  comunicación, nos dicen que el virus chino sigue extendido por toda España, lo que ha provocado que numerosos países hayan recomendado a sus nacionales no viajar a nuestro país, pero a lo contrario de lo que nos decían en marzo, ahora dicen que aunque el número de contagiados es muy elevado inexplicablemente ahora el virus no está afectando a los más vulnerables, el número de enfermos que requieren hospitalización es muy bajo. Parece ser que los jóvenes se contagian entre ellos, principalmente en actividades de ocio,  pero cuando vuelven a casa, para tener una vida familiar en espacios reducidos, con lo que ello conlleva a la hora de comer, el aseo, etc,  no  contagian a sus mayores. Realmente todo muy extraño y poco creíble.

Si algo ha incrementado la crisis del covid-19 es el deseo de aparentar. Se quiere aparentar que hay seguridad con medidas absurdas, ineficaces, difíciles de mantener. Es todo un sinsentido carente de la más mínima racionalidad. De forma inconstitucional e ilegal muchos ancianos han sido aislados en las residencias en las que se alojaban, causando ello que muchos de ellos murieran en la más profunda soledad aislados de los suyos. Si un anciano esta contagiado a su familia, a sus hijos, etc,  se le prohíbe que le puedan prestar ayuda, por ejemplo, sacarle de la residencia y llevarle a un centro hospitalario o a casa para cuidarlo, pero en cambio si un niño esta contagiado el Gobierno autoriza a que sus padres lo puedan llevar a casa y pedir una baja laboral para cuidarle. ¿Por qué un anciano tiene menos derechos que un niño, u otra persona contagiada? Y ahora se quiere aparentar que el sistema educativo puede funcionar, cumpliendo con la función de educar a niños y jóvenes, manteniendo la amenaza del coronavirus. En marzo el Gobierno de Sánchez impuso  el cierre de colegios, ahora con el virus extendido por toda España dice que los colegios se podrán abrir y el sistema educativo volverá a funcionar. Difícilmente ello será posible si las instalaciones educativas no han aumentado, a no ser que los alumnos se queden en casa, estableciéndose turnos de asistencia a clase y  reduciendo el número de horas de clase o recibiéndolas online. Pero ahora lo que toca es aparentar, aparentar que en los centros hay más seguridad y que los alumnos siguen su etapa formativa con normalidad.

Quieren aparentar seguridad frene a una amenaza cuyo riesgo se ha incrementado de forma exagerada, por ejemplo, utilizando la muerte de ancianos de elevada edad y muy malas condiciones de salud, para crear una alarma social que permite justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos. De forma clara, están utilizando la amenaza del covid-19 para cazar. Si un ciudadano ha entrado en contacto con una persona que se dice que ha dado positivo en una PCR las autoridades sanitarias le imponen un confinamiento de 14 días a pesar de que luego de negativo en una PCR. Eso sí, este criterio no es adoptado con todos los ciudadanos sino que dependerá de su rol social. Está  constatado que no se ha aplicado a dirigentes políticos, jugadores de futbol, personal sanitario, etc. Es decir, es una represión a la carta en la línea de utilizar de forma sutil el sistema sanitario para ajustar cuentas, para cometer violaciones de los derechos humanos. No dudando en recurrir a los militares, a unos militares que han tenido a España privada de democracia, de libertades políticas, durante casi 40 años, y en la actualidad a las órdenes de la Monarquía, como rastreadores para incrementar no la eficacia en la lucha contra la enfermedad sino  la represión.  En esto no aparentan, lo dejan claro.

CRISIS COVID-19: SÁNCHEZ DELEGA LA REPRESIÓN EN LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación, para dejar claro que a pesar de haber disfrutado de unas merecidas y lujosas vacaciones pagadas por el Estado, vacaciones que no han podido disfrutar muchos españoles, sigue defendiendo las mismas ideas que antes. El presidente Sánchez sigue con sus delirios de grandeza, sin tener en cuenta el daño que han hecho las medidas adoptadas por el Gobierno no solo al estado psicológico de muchos españoles, sino también a la economía. Sigue apostando por los ERTE, s, por un “El Estado pagara todo”,  como instrumento para generar conformismo y resignación frente a la situación creada por el covid-19 y las medidas adoptadas por el Gobierno. Y anima a los gobiernos autonómicos a que soliciten la aplicación del estado de alarma en sus respectivos territorios autonómicos, seguramente como una forma de dar juego, de hacer concesiones a un nacionalismo catalán cuyos votos necesita para aprobar los Presupuestos Generales del Estado sin contar con el apoyo de la derecha.

España es hoy uno de los países del mundo con peores datos consecuencia de la situación creada por el covid-19. La aplicación del estado de alarma, inconstitucional, pues privaba a muchos ciudadanos de derechos fundamentales, del derecho a trabajar, del derecho a la libre circulación, del derecho a elegir centro hospitalario, medio y tratamiento, en función del rol social, solo ha servido para hundir la economía española y ejercer represión, pues la situación sanitaria de España es hoy  muy similar a la del pasado marzo, con el virus circulando por todo el territorio español. La economía española está en quiebra; para pagar el importe de los ERTE,s hasta septiembre,  el Gobierno ha tenido  que recurrir a un préstamo de la Unión Europea (SURE), por 21.300 millones de euros, similar al rescate de la banca pero según parece sin condicionalidad. Según los expertos en septiembre el paro se disparara, y la deuda pública de España no cesa de crecer, superando ya el 115% del PIB.

Con 5.100 personas diagnosticadas como contagiadas por el virus chino y 132 muertes atribuidas al virus, el presidente Sánchez declaro el estado de alarma, imponiendo el confinamiento de todas las personas cuya actividad no fuera imprescindible para los intereses del Gobierno. El último fin de semana en España se han producido 19.382 casos diagnosticados y 34 muertes atribuidas al covid. Sin darle mucha fiabilidad a los datos oficiales, los cito, porque es fácil apreciar que si 5.100 personas contagiadas requerían la aplicación del estado de alarma, con mayor razón lo requerirá la existencia de casi 20.000 diagnosticadas como contagiados. Pero el presidente Sánchez no lo cree así, califica la situación de preocupante, apela a la serenidad y propone que sean los gobiernos autonómicos los que declaren el estado de alarma en sus respectivos territorios. El Gobierno sigue con sus evidentes contradicciones. Califica la situación sanitaria de preocupante pero a la vez dice que el curso académico 2020-2021 debe comenzar con normalidad, en las fechas previstas.   

En su comparecencia ante los medios, el presidente Sánchez ha dejado claro que considera la represión la principal medida contra la amenaza del covid-19. Sigue criminalizando a los enfermos, y proponiendo que los gobiernos autonómicos soliciten el apoyo de los militares como rastreadores, es decir, para encontrar posibles contactos de personas que hayan dado positivo en una PCR, en busca de lo que se ha denominado asintomático, un concepto más fantasmagórico que real, con la que se define a una persona que sin estar enferma, sin tender síntomas, es, según los expertos portadora del virus, y así poder someterles a pruebas PCR y, sobre todo, a cuarentena. Sánchez sigue apostando por la represión, proponiendo que los gobiernos autonómicos recurran al estado de alarma para privar a los ciudadanos de sus comunidades de derechos fundamentales. El presidente Sánchez sigue ignorando un principio jurídico básico, “Una ley es justa si afecta por igual a todos los ciudadanos del territorio sobre el que se aplica”. Por ejemplo, sin discriminar a los ciudadanos por su rol social. 

Lo más llamativo de la comparecencia del presidente Sánchez es que no ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Quiere hacer creer a los españoles que lo que está pasando es inevitable. Si antes ponían a los pies del terrorismo islamista a los españoles, considerando que sus acciones eran inevitables, que no había seguridad cero,  ahora quieren hacer lo mismo con el covid-19. Que desde el 21 de junio hayan entrado en España viajeros contagiados; que por territorio español hayan estado circulando temporeros extranjeros contagiados sin ningún tipo de control, etc, según Sánchez no ha influido en la actual situación sanitaria de España. Al virus chino, tipo covid-19, se le han atribuido numerosas muertes, pero no nos engañemos, el problema no es el virus, el enemigo no es el virus, sino aquellos sectores de las elites dirigentes que están utilizando la situación  creada por este para justificar represión y encubrir claras violaciones de los derechos humanos. El enemigo no es el virus sino un Gobierno de España que quiere utilizar una situación de enfermedad, que todo indica que ha ayudado a crear, para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos.

CRISIS COVID-19: ESPAÑA A LA CABEZA EN TODO LO MALO ¿INCOMPETENCIA O FRUTO DE UN PLAN?

Mientras el presidente Sánchez disfruta con su familia de unas merecidas y excelentes vacaciones pagadas con los impuestos de todos los españoles, muchos ciudadano sufren las consecuencias de la nueva normalidad impuesta por el Gobierno y la situación sanitaria y económica de España no cesa de empeorar. Con la nueva normalidad el presidente Sánchez ha permitido que hasta el más insignificante cargo público, y me refiero a los alcaldes,  se crea el sheriff del lugar; con derecho a imponer confinamiento, con derecho a privar a ciudadanos del derechos fundamental a la libre circulación;  con derecho a decidir qué actividades económicas se pueden realizar o no, etc.

Si algo califica la nueva normalidad es que se están tomando decisiones políticas carentes de la más mínima racionalidad y objetividad. Se ejerce un fuerte control sobre los españoles que se desplazan utilizando medios de transporte públicos, pero en cambio, el control sobre viajeros extranjeros que entran por los aeropuertos es mínimo e ineficaz, como lo demuestra el hecho de que  un porcentaje de ellos  luego hayan dado positivo en coronavirus, y no se ejerce ningún control sobre temporeros extranjeros, permitiendo que muchos de ellos contagiados circulen por el país con total libertad. Un día deciden permitir  abrir actividades relacionadas con el ocio nocturno,  al otro, imponen su cierra porque  consideran que son un foco importante de contagios.

La nueva normalidad definida por el Gobierno ha sido un completo fracaso. Es cierto que con la nueva normalidad se ha devuelto a los ciudadanos el disfrute de derechos fundamentales de los que habían sido privados, de forma inconstitucional,  durante el estado de alarma, pero al mantener viva  la amenaza del covid-19 la economía no se ha recuperado, y España ha pasado a ser el país de Europa con mayor número de casos por 100.000 habitantes (132,1 por 100.000 habitantes). Más de cien países recomiendan no viajar a España; muchos imponen una cuarentena a los ciudadanos que provengan de territorio español. Que la economía española no se haya recuperado como era de esperar, entre otras cosas debido a la caída del turismo y actividades relacionadas con el ocio, es muy grave. La deuda pública se ha incrementado en junio en 32.087 millones de euros, un 6% respecto a junio del año anterior, y el PIB sigue en caída libre. En el segundo trimestre el PIB cayó un 18,5%. Y todo indica que la nueva normalidad no va a mejorar esos datos sino a empeorarlos.

No deja de ser curioso que la inexplicable reescalada en número de contagiados por covid-19 que se ha producido en España desde el fin del estado de alarma, 21 de junio,  haya coincidido con el anuncio por parte de laboratorios del Régimen comunista chino de que tienen ya una vacuna disponible para la venta ¿Coincidencia o algo más? es decir ¿Tiene ya planes el Gobierno socialcomunista de Sánchez para vacunar a la sociedad española, nada más y nada menos que con vacunas de producción comunista, en concreto, de producción  china?. España es un país grande, geográficamente, pero el presidente Sánchez debería dejar a un lado sus delirios de grandeza, y asumir que la nueva normalidad ha fracaso. Sánchez debería dejar a un lado sus delirios de grandeza y asumir que las cuentas públicas españolas están en quiebra, y que el Gobierno no puede seguir derrochando dinero público para generar en la sociedad española conformismo y resignación ante lo que está pasando. Sánchez debería dejar a un lado sus delirios de grandeza, aceptar que el coronavirus es un traje demasiado caro para España y considerar que a España de esta situación no la va a sacar China y países de su órbita comunista y , sobre todo,  considerar que no aceptaremos por las buenas que nos pongan una vacuna de producción china, si nos obligan, el Gobierno de España,  habrá graves consecuencias. Fe, así ha sido siempre y así será.

EL EX JEFE DEL ESTADO, JUAN CARLOS I, SE AUTOEXILIA.

El rey emérito Juna Carlos I hizo ayer público que dejara de vivir en España, para fijar su residencia en algún país extranjero. Con un estilo muy de capo, Juan Carlos I, aprovechando la tapadera que le daba que con frecuencia visitaba el pueblo de Sanxenso, para practicar vela,  cruzo la frontera a Portugal, y desde Oporto voló a Santo Domingo, donde todavía no está claro si fijara o no su residencia. Está claro,  estamos ante otro escándalo sin precedentes en la historia de España protagonizado por la Monarquía.

La persona en nombre de la cual jueces y magistrados han administrado durante décadas justicia en España; la persona que durante décadas ha presidido el acto de apertura del año judicial, Juan Carlos I, resulta que ahora, cuando esa justicia que ha presidido y le ha  rendido los máximos honores le investiga, huye de ella, evitando dar explicaciones a sus actuales representantes y a la sociedad por los delitos que presuntamente se le atribuyen, y que en su comunicado dirigido al actual Jefe del Estado, el rey Felipe VI, en ningún momento niega. Evidentemente, todo muy poco elegante, muy estilo capo, no propio de alguien que ha ostentado el cargo con mayores honores de la sociedad española, la Jefatura del Estado.

El rey emérito Juan Carlos I se le atribuyen numerosos servicios a la patria, como instaurar la democracia,  y tal vez sea así, en mi humilde opinión, de simple ciudadano que no conoce las conversaciones secretas que se mantuvieron en altos niveles de la política española de 1975, muerte del general Franco, a 1978, aprobación de la Constitución, todos discutibles con argumentos conocidos. A quien realmente hizo un gran servicio Juan Carlos I fue a su familia, la Casa Real de Borbón, al logra recuperar para ella la Corona de España. Servicios como el de frenar el asunto del 23-F, una de las mentiras más descaradas de la historia de España. El 23-F fue una película, con la que se escenifico no de qué lado estaba la Monarquía, que estaba claro, entre otras cosas debido a las presiones internacionales, sino los militares. Con el 23-F los militares dieron a conocer que apoyaban lo que estaba pasando en España, o sea, la Transición.

Con su comportamiento, el  rey emérito Juan Carlos I ha dejado España a la altura de lo que se conoce como una república bananera, país en el que suele ser frecuente que sus gobernantes al perder el poder huyan con lo robado para establecerse en un país extranjero. Está claro, Santo Domingo no es,  por numerosas razones, niveles de seguridad y criminalidad, calidad del sistema sanitario, etc, el lugar idóneo para retirarse un alto mandatario occidental de 82 años de edad. Si el rey emérito fija al final su residencia en Santo Domingo es porque tiene importantes razones para hacerlo, como pueden ser disfrutar de mayor libertad para hacer negocios y mover dinero, recibir visitas o viajar anónimamente. El rey emérito Juan Carlos I pasara a la historia como ese deportista que después de varios años de batir records y ganar medallas, se descubre que se había dopado, y se las deben quitar, pues el único que tal vez las pueda merecer sea su médico. Saber estar, no significa únicamente saber que cubierto usar a la mesa, sino también que se debe o no comer. El rey emérito Juan Carlos I no ha sabido estar a la altura del rol que la sociedad española le concedió a través de la Constitución de 1978.

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN: LA UE PIERDE NATURALEZA POLÍTICA PARA PASAR A SER UN BANCO.

Hace pocos meses, en febrero, los Estados miembros de la Unión Europea fueron incapaces de ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto plurianual correspondiente al periodo 2021-2027, aunque la discusión era sobre una cantidad relativamente pequeña, el 0,11% de la Renta Nacional Bruta (RNB).  La Comisión Europea pedía un presupuesto que supusiese el 1, 11% de la RNB de cada Estado miembro, y los conocidos como los  “Cuatro frugales”   (Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia) apoyados por Alemania, ofrecían un presupuesto basado en el 1%. Pero a pesar de ello, ayer frente a todo pronóstico, el Consejo Europeo logro aprobar un extraordinario Plan de Reconstrucción, y a la vez, los próximos Presupuestos para el periodo 2021-2027. Dicen que no  hay mal que por bien no venga, y parece ser que a la UE le vino bien no haber aprobado antes los Presupuestos.

Curiosamente, una UE cuyos estados miembros no logran desde hace ya años tener una  posición común en nada, en un brevísimo intervalo de tiempo se ha puesto de acuerdo para aprobar el denominado Plan de Reconstrucción. Hace tiempo que se percibe que la Unión Europea ha perdido naturaleza política, para incrementar su naturaleza financiera, es decir, al UE ha pasado a ser principalmente un club basado en intereses económicos, empresariales y financieros, más que en  razones políticas. Es algo que se deduce, por ejemplo, de las conclusiones del último Consejo de Estado. En ellas poco se habla de política, más allá de la obsesión de los actuales dirigentes de la UE con el cambio climático y por tanto de condicionar el desarrollo de la economía  al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Paris,  sea cual sean los  costes social y económico, según parece, nada despreciables. El Consejo Europeo ha autorizado a la Comisión Europea a que emita deuda común, a que se endeude por el valor de 750.000 millones de euros, a pagar como máximo  en el 2058. De ellos 390.000 millones serán considerados gastos, a los que la UE deberá de hacer frente con nuevos impuestos,  sobre residuos plásticos no reciclados, a las importaciones de países que no cumplan con las emisiones de carbono acordadas, y un impuesto digital. Unos nuevos impuestos todavía por definir y cuya eficacia se desconoce, por lo cual la UE se reserva el derecho de aumentar las contribuciones de los estados miembros, si fuera necesario,  hasta el límite del 1,40% de la RNB.

La aprobación del Plan de Reconstrucción ha sido calificado como un hecho histórico, y lo es en el sentido de que es la primera vez que la UE emite deuda común, pero nada más, el acuerdo no representa un proyecto político común sino simplemente una nueva forma, como se dice ahora, innovadora,  de financiación, que ya veremos cómo resulta. En la UE no hay un proyecto político común, como lo evidencia que en el último Consejo de Estado nada se haya hablado de medidas para garantizar la seguridad sanitaria de los Estados miembros o de cómo van a quedar a partir de ahora las relaciones internacionales con China. No se ha hablado de lo más importante, que en este momento es de forma clara  ¿Cómo van a quedar las relaciones con China? ¿Va a establecer la UE mayores controles sanitarios a los viajeros provenientes de China o dejaran a Europa continental a merced de que el Régimen comunista chino nos pueda en cualquier momento contagiar con otro virus? Lógicamente no se ha hablado de ello, porque ya no hay una Europa política sino únicamente económica.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como es costumbre, ha  vuelto del Consejo Europeo, triunfalista, y no es para menos. España  recibirá 140.000 millones de euros, que su Gobierno gestionara. Pero que el acuerdo se haya cerrado tan rápido no es positivo para  la sociedad española. En primer lugar, porque supone un apoyo a la gestión del presidente Sánchez de la crisis del covid-19. Un respaldo a la utilización de la crisis para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos, cuando no asesinatos; un respaldo a la utilización del sistema sanitario para ajustar cuentas;  un respaldo  a numerosas e inexplicables muertes en residencias y centros hospitalarios; a continuas mentiras del Gobierno sobre el número de muertos, y a la opacidad sobre sus circunstancias, por ejemplo, en lo relativo a edad y situación previa de salud, buscándose así incrementar la alarma social. En segundo lugar, porque al haberse aprobado de forma tan rápida, como ocurrió con el rescate bancario del 2012 (41.333 millones de euros), el cual venía acompañado de un memorando de condicionalidad,  no se conoce todavía la condicionalidad de este acuerdo  y como esta afectara a los humildes ciudadanos. De los 140.000 millones, España tendrá que devolver 67.300 millones de euros, para que nos hagamos una idea del esfuerzo que  ello supondrá,  8 años después, del rescate bancario del 2012 España todavía debe en torno a un 57%, unos 23.000 millones al Mecanismo Europeo de Estabilidad . Está claro, no hay razón para el triunfalismo en la sociedad española, solo en concretos sectores políticos.

CRISIS COVID: VERGONZOSO HOMENAJE DE ESTADO.

Las elites dirigentes españolas se han reunido hoy para hacer un homenaje a los fallecidos a causa del covid-19. El acto ha sido presidido por el rey Felipe VI, y han asistido las principales autoridades del país; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; todos los presidentes autonómicos, representantes de los principales partidos políticos; y numerosas representantes instituciones internacionales, como  la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von Der Leyen; el presidente del Parlamento europeo, David Sassoli; el del Consejo Europeo, Charles Michel; el director de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili; el director general de la OMS, Tedros Adhanom, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, José Borrell, etc. Hoy se ha transmitido la imagen de que las elites dirigentes estaban todas, como se dice coloquialmente, en la misma pomada, claramente alineadas en este asunto.  Entre las ausencias, son  de destacar la de la extrema derecha, que seguramente por aquello de que su siglas son Vox ha preferido alinearse con el virus, no se me ocurre otra razó; y la de las familias de las víctimas, escasamente representadas, porque no había suficiente espacio para los humildes o porque estában en los juzgaos interponiendo querellas contra el Gobierno de Sánchez; y la del rey emérito Juan Carlos I, que lleva meses escondido, no sabemos si del virus o de los jueces.

En mi humilde opinión, el acto de homenaje a las víctimas del covid  debe ser calificado de vergonzoso, indignante, oportunista, inoportuno  y una burla a los humildes ciudadanos españoles que no han participado en el mismo. Y lo digo por varias razones. Primera,  el virus sigue  en la sociedad española, contagiando a personas, provocando muertes, principalmente  de personas de elevada edad y con otras patologías,  y sobre todo en forma de medidas impuestas por el Gobierno de España que han provocado importantes cambios en las vidas de muchos españoles. Segundo, porque todavía no hay un lista oficial de personas que han muerto a causa del covid-19. Tercero, porque es evidente que  la crisis del covid todavía no ha terminado, la guerra contra el virus continua, y por tanto no tenía razón de ser un acto de este tipo. ¿Por qué el Gobierno ha tenido tanta prisa por celebrar una homenaje de Estado, al que no se ha invitado a las familias de las víctimas, salvo a representantes muy escogidos, cuyo discursos de forma clara controlaban? No lo sé,  como la propia crisis, todo huele a muy planificado.

Han pasado varios meses desde que el virus chino, tipo covid-19, amenaza las sociedades de los países miembros de la NATO. A pesar de ello los ciudadanos no tenemos información clara sobre cómo se originó, se propago, y sobre todo, por qué habiéndose producido la crisis del SARS en el 2002, la NATO y los Gobiernos de los Estados que la constituyen no pusieron en marcha programas para investigar este tipo de virus  y prevenir una epidemia. Esperemos que algún día esto se pueda aclarar, pero hoy tenemos una cosa clara, en España, desconozco lo que ha pasado en otros países, la crisis del covid ha sido utilizada por las elites dirigentes como tapadera para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos, cuando no asesinatos. Situación que todavía continúa. Para ello, manipularon los datos, todavía no hay una lista oficial de fallecidos a causa del covid, utilizando la muerte de ancianos que vivian en residencias y tenían otras patologías, para generar terror y crear una alarma social que sirviera de justificación al Gobierno.

Una de las características del cine de nuestra época es la violencia gratuita, una violencia que no tiene castigo en la sociedad en la que se produce. No debemos de permitir que este tipo de sociedades sean una realidad. Durante los peores momentos de la crisis del covid en la sociedad española se han cometido muchos abusos. Utilizando como argumento la amenaza del virus, el Gobierno de España ha permitido y favorecido que  muchos ciudadanos haya muerto en condiciones indignas, sin recibir una correcta asistencia sanitaria, aislados de sus seres queridos, privados de la libertad de elegir centro hospitalarios, médico o tratamiento; privados de la libertad de elegir  donde  morir, en el mejor de los casos obligados a morir con personas extrañas que se autodenomina personal sanitario pero cuyos principios deja mucho que desear. La amenaza continua, no la del virus sino la de aquellos que lo utilizan como tapadera de sus acciones, contando para ello con la complicidad y apoyo del Gobierno de España. La sociedad española no debe olvidar, este asunto se debe investigar en profundidad, se deben exigir responsabilidades, si la justicia no actúa, de otro tipo.

CRISIS COVID-19: LA NUEVA NORMALIDAD AUMENTA LA DESIGUALDAD SOCIAL.

Después de tres meses de estado de alarma, que el Gobierno de Sánchez utilizo para imponer un duro confinamiento y privar a muchos ciudadanos de derechos fundamentales, el pasado 21 de junio, España ha entrado en una nueva normalidad que si algo la define es que no tiene nada de normal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concedió ayer una entrevista a la cadena de televisión La Sexta, del Grupo Planeta, para enviar el que desde hace tiempo viene siendo su discurso habitual, triunfalista en la gestión y derrotista frente al virus.

Lo hemos hecho bien, no se podía hacer otra cosa; las medidas se adoptaron para proteger la salud de los ciudadanos y estaban basadas en los datos de que disponíamos y los criterios de los expertos, en resumen, ese el argumentario triunfalista del Gobierno. Luego está el derrotista, que se resume en un no hay riesgo cero, tenemos que aprender a vivir con el covid-19, tenemos que aceptar que el virus cambie nuestra forma de vivir, como mínimo hasta que haya una vacuna. No se prevé que laboratorios españoles puedan encontrar y producir una vacuna contra el coronavirus, pero Sánchez se cree con el poder para imponer un acceso universal a la misma cuando esta llegue al mercado. Esto último, un claro síntoma de su visión triunfalista de lo que está ocurriendo en España y en el mundo.

Después de tener sometidos a muchos ciudadanos a un duro confinamiento y privados de derechos fundamentales, gracias a una clara aplicación inconstitucional del estado de alarma, el presidente Sánchez ha diseñado una nueva normalidad que permita seguir ejerciendo una represión a la carta, allí y donde le interese a las elites políticas, y en concreto al Gobierno de España, que al final es el que tiene la responsabilidad de todo lo que ocurre sobre territorio español. Una nueva normalidad, que además de imponer la obligatoriedad de mantener la distancia social y el uso de mascarillas en determinados lugares y condiciones, establece un  total control de los viajeros que se desplacen por medios públicos, avión, tren, autobús, etc. El presidente Sánchez, ve necesario hacer pruebas PCR a los españoles para detectar el virus, uno de sus argumentarios habituales, pero en cambio cree que a los viajeros extranjeros, incluido a los provenientes de China, llega con hacerles un control de temperatura para permitirles que entren en España y puedan circular por el país con total libertad. En un momento en la que la gran mayoría de los expertos sostienen que el covid-19 ha perdido fuerza, virulencia, en territorio español, el Gobierno socialcomunista, en línea con lo decidido a nivel Unión Europea, todo hay que decirlo, ha decido abrir fronteras con terceros países y en concreto con China. ¿Para qué? Si fuéramos mal pensados, tendríamos que pensar que ello es para favorecer que vuelva a poder entrar en territorio español el virus de la cepa original china, según los expertos, mucho más virulento. Cuando un presidente del Gobierno, como el presidente Sánchez, recurriendo a una de esas frases hechas que suele utilizar un embajador o jefe de un servicio secreto, se siente en la necesidad de transmitir a la opinión pública que no hay una conspiración, como hizo en su entrevista de ayer, puede ser que no la haya, pero cuando lo hace es porque hay numerosas razones para que los ciudadanos piensen que si la hay.

La nueva normalidad diseñada e impuesta por el actual Gobierno de España, tiene dos claros efectos. Uno, dar un marco legal a la represión, permitiendo sutiles violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, a través del esnobista concepto de los rastreadores, podrán acusar a un ciudadano de haber estado en contacto con un contagiado e imponer su aislamiento. O incluso, el confinamiento de un hotel, una fábrica, un barrio, etc. Segundo, aumenta la desigualdad social. En la nueva normalidad, la gente rica tiene numerosas alternativas para poder seguir teniendo una vida muy similar a la que tenían antes de la epidemia de coronavirus. Que se limita y complica el acceso a piscinas públicas, ellos, si es que no viven ya en una casa con piscina, la alquilan. Que se limitan las horas de clase del sistema público de educación, ellos pueden ponerle un  profesor privado a sus hijos, etc, etc, etc. Sin duda, la nueva normalidad está diseñada para beneficiar de numerosas maneras los intereses de las elites dirigentes, mientras se perjudica a la masa, a la gran mayoría de los ciudadanos, a ciudadanos cuyo menor poder adquisitivo no les permite huir de las injustas normas de la nueva normalidad.

Lo que se ha denominado nueva normalidad suena a algo nuevo, pero no lo es. La actitud derrotista que se ha adoptado frente al virus de origen chino, covid-19, permitiendo que cambie de forma importante la vida de muchos ciudadanos, ya se adoptó también contra el terrorismo islamista, diciendo que no había seguridad cero, y que no se podía adoptar ninguna medida para combatir el terrorismo islamista. Eso sí, se impusieron numerosas medidas absurdas, en aeropuertos, en estaciones de ferrocarril, etc, mientras el terrorismo islamista golpeaba a humildes ciudadanos en las calles de Barcelona. Como ocurre con el covid-19, que golpea principalmente a los sectores más desfavorecidos y vulnerables, las estadísticas dan a conocer que el terrorismo islamista también ataca únicamente a los más vulnerables, y no a las elites que viven rodeadas de mayores medidas de seguridad. Pero la nueva normalidad impuesta por el Gobierno de Sánchez se va a enfrentar con la dura realidad. La economía capitalista es una economía de masas, y las normas de la nueva normalidad desmotivan, cuando no impiden, el consumo. Y sin un consumo de masas no habrá reactivación de la economía española. Si el Gobierno no retira las medidas represivas, y permite una vida normal a todos los ciudadanos, la deuda pública seguirá creciendo, convirtiendo la actual situación de España, de quiebra técnica, con un 120% de deuda publica ya pronosticada por numerosos entes,  en quiebra real.